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Fecha01/06/2016

Bilbao

Las residencias de Bizkaia superan en un "48%" el ratio de atención que exige la ley

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La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha declarado hoy en una comisión en las Juntas Generales que las residencias de personas mayores de Bizkaia superan el ratio de atención que les exige la ley, concretamente “un 48% por encima de lo exigible legalmente”. Este indicador, que no ha sufrido variaciones desde 1998, se estableció en casi media jornada laboral diaria -0,45- por cada persona dependiente.

La diputada ha ofrecido este dato, extraído del documento de avance del Servicio de Inspección del año 2015, en una comparecencia solicitada por EH Bildu que ha sido sustanciada esta mañana en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína. En ella, el portavoz de esta formación, Josu Unanue, se ha referido, en el marco de las jornadas de movilización que mantienen los sindicatos en las residencias concertadas de la Diputación, donde se ofrece asistencia a 5.200 personas mayores en el Territorio, a que se habían "incumplido" los ratios establecidos, además de ciertas condiciones laborales que tienen que ver con “sueldos, jornadas partidas, contrataciones a tiempo parcial, sobrecarga de trabajo, disponibilidad total, eventualidad o aumento de las jornadas”, ha citado.

Preguntada por si conoce esta situación, la diputada ha dicho que sí, que ella y su equipo “estamos informados por las vías pertinentes” de la condiciones de las residencias, tanto periódicamente a través de las inspecciones que realiza su departamento en los centros concertados, como “diariamente”, de forma “directa y continuada” en los centros propios. Pese a reconocer que entre las "145 residencias autorizadas", se puede escapar “alguna”, su departamento tiene conocimiento de la situación en base a la información transmitida desde la Dirección de Trabajo del Gobierno Vasco, el Consejo de Relaciones Laborales o los propios grupos junteros que sustentan al Gobierno, presentes en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía en la que agentes sindicales explicaron el 15 de abril las condiciones laborales de este colectivo.

Sánchez Robles ha recordado que la Diputación está centrada en “velar por los usuarios” de las residencias dentro de sus competencias y que, en ningún caso entre sus funciones está la de inmiscuirse en las negociaciones entre trabajadores y empresas. La diputada ha “deseado” que el conflicto se resuelva “cuanto antes”, después de poner de manifiesto el esfuerzo presupuestario “importantísimo” que hace la Diputación para construir un sistema social de calidad, “referente en el Estado”, y que no quiere que sobre él se extienda un “velo negativo” coincidiendo con la negociación del convenio en las residencias dependientes de la Institución foral.

En su intervención, Sánchez Robles ha significado que durante la huelga “no ha habido denuncias de trabajadores”, “ni han aparecido irregularidades” como las que mencionaba el portavoz de EH Bildu, por lo que le ha invitado a que no extienda ese “velo negativo”. En el mencionado borrador de inspecciones realizadas durante el año pasado, que la diputada se ha comprometido a explicar en comisión cuando el informe esté concluido, se hace constar que el número de quejas de usuarios o familiares descendió el año pasado en los centros residenciales. De las “37” reclamaciones de 2014, se pasó a “34” en 2015. De estas últimas, en “once” la Diputación abrió un expediente de inspección.


GRUPOS JUNTEROS

En el turno de los grupos, EH Bildu y Podemos Bizkaia han pedido la “implicación” de la Diputación en el conflicto laboral por estar en juego los recursos públicos de vizcaínos y vizcaínas. Para ambos grupos, existe "relación" entre la calidad del servicio y los derechos de los trabajadores. Mientras que el portavoz de la coalición abertzale pedía “cláusulas” en los convenios que garanticen los derechos de los trabajadores, el apoderado de la formación morada Josean Elgezabal, ha apuntado al establecimiento de un nuevo modelo de gestión “pública, integral y real” de los centros residenciales.

Por su parte, el PP ha insistido en que la Diputación tiene una responsabilidad en la atención a los usuarios. Su representante en la comisión, Eduardo Andrés, ha planteado la aprobación de una norma foral que regule las condiciones laborales en servicios que la Administración foral externalice. La diputada ha afeado este planteamiento al echarle en cara que fuera precisamente este partido, en la figura del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, quien recurriera una normativa planteada por la Diputación en este mismo sentido.

Juan Otermin, del PSE-EE, ha recordado que la Diputación tiene concertadas el 50% de las plazas residenciales de Bizkaia y que es el Gobierno vasco el que “debe actualizar” el ratio de atención dentro del próximo proceso de implantación del Decreto de Cartera, algo que había sido solicitado por la oposición. Ha destacado que el ratio es “superior” al del resto del Estado y que mejorarlo “es cuestión de dinero”, pero “ojo con dar una mala imagen del servicio”, ha advertido.

Jon Sánchez, del grupo juntero Nacionalistas Vascos, ha pedido a los sindicatos que no metan “en el mismo tambor de la lavadora” sus reivindicaciones, ya que “flaco favor” le harían a trabajadores, ciudadanía, y usuarios. Ha defendido el papel actual de la Diputación en la negociación, puesto que “no tiene responsabilidad en el marco de las relaciones laborales” y ha criticado que “algunos sindicatos” se dediquen “a hacer política” en este tema, por lo que les ha invitado a que “se presenten a las elecciones”.


RESIDENCIA EN TRAPAGARAN

Por otro lado, la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína ha rechazado una proposición no de norma del grupo juntero Popular Vizcaíno para instar a la Diputación Foral a construir un centro residencial para mayores en Trapagaran durante esta legislatura, “cumpliendo así el compromiso adquirido ante estas Juntas Generales” en mayo de 2014, cuando el Parlamento vizcaíno aprobó una proposición no de norma “por unanimidad” en este mismo sentido, reforzando la acordada en un pleno municipal.

La iniciativa, apoyada por EH Bildu y Podemos Bizkaia, ha sido desestimada por el rechazo de PNV y PSE-EE que han pedido “tiempo” para ver cómo culmina el proceso de zonificación del mapa de servicios sociales de Bizkaia , un elemento nuevo que condiciona la ejecución de esta infraestructura y que apareció después de que ambos grupos apoyaran la proposición no de norma de 2014. “No es un no, es esperar unos meses a que se concrete la zonificación”, ha apuntado el socialista Juan Otermin.

El jeltzale Jon Sánchez ha dejado también un “horizonte abierto” ya que se establecerán “en pocas semanas” los equipamientos sociales que debe tener cada comarca. En caso de que se decida que Trapagaran debe contar con una residencia para personas mayores, sus vecinos “tienen que saber que no sólo será para residentes” de este municipio, ha advertido.