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Fecha05/05/2016

Bilbao

La Diputación está a la espera de recibir respuesta de Eudel sobre su propuesta "inicial" de zonificación de los servicios sociales de Bizkaia

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La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha acudido hoy nuevamente a Juntas Generales para informar de los pasos que se están dando para desarrollar el despliegue de los servicios sociales en el territorio, en base al proceso de modificación iniciado tras la aprobación de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Según ha trasladado a la comisión de Acción Social, la Diputación y los entes locales, representados por Eudel, se reunieron el pasado 26 de febrero. En aquella cita, la Institución foral trasladó por escrito una “zonificación inicial” de estos servicios sociales. “A día de hoy”, según Sánchez Robles, la institución que representa a los ayuntamientos no ha enviado aún el documento “definitivo”.

Este “impasse” se debe a lo “complejo” del proceso, según la diputada, lo que ha obligado a algunos entes locales a perdir un “tercer aplazamiento” para disponer de más tiempo para “consensuar” una zonificación “definitiva”. Este último aplazamiento, que expiró “el 21 de abril” fue solicitado por “las mancomunidades de Lea Artibai y Duranguesado, y por los ayuntamientos de Ea, Dima, Lemoa, Mañaria, Areatza y Markina”, entre otros entes locales.

La diputada ha sostenido que este paréntesis no significará una demora en el proceso de despliegue de la nueva cartera de servicios sociales que debe comenzar a extenderse definitivamente a partir del 25 de diciembre de 2016 –ocho años después de entrar en vigor la ley-, con un horizonte final que alcanza el año 2019, según el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV 2016-2019. “Vamos en plazo en el despliegue de la Ley”, ha mantenido.

Preguntada por la creación de la “mesa interinstitucional”, Sánchez Robles ha asegurado que su puesta en marcha será uno de los próximos pasos en llevarse a efecto, aunque, para ello, ve conveniente contar con el documento definitivo de zonificación y con la nueva composición de los órganos de gobierno de Eudel, en proceso de cambio.

Algunos grupos junteros, sin embargo, han mostrado su “preocupación”, porque “no se están cumpliendo los plazos”. “Habría que garantizarlos, si no blindarlos”, ha dicho el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, mientras que Podemos Bizkaia preguntaba la conveniencia o no de establecer fechas “tope”. El PP, en palabras de Eduardo Andres, ha reconocido que “se están haciendo cosas, pero tarde”.

PSE-EE y PNV han coincidido con la diputada en que estamos “en plazo” y que hay que dar tiempo a los ayuntamientos. Para el socialista Juan Otermin el “nudo gordiano” será la financiación del nuevo modelo que es lo que, en el futuro, “podrá generar dudas en Eudel”. Por su parte, el jeltzale Jon Sánchez ha señalado que es un “reto” definir adecuadamente un modelo que debe tener el “máximo consenso posible”, ya que se pretende crear un modelo “sostenible en clave de continuidad” sin imposiciones. El apoderado del PNV ha “echado en falta” propuestas “por escrito” de los “partidos políticos”, como la trasladada por la Diputación vizcaína a Eudel que está en fase de estudio.


SEGUIMIENTO DE LAS HUELGAS EN LAS RESIDENCIAS

El grupo juntero de EH Bildu había pedido la presencia de Isabel Sánchez Robles en la comisión de Acción Social para que ofreciera datos de segumiento de la huelga convocada por ELA en las residencias de Bizkaia, cuya primera jornada –de las seis convocadas, según este grupo- se desarrolló el 17 de marzo.

En base a los datos facilitados por los propios centros, Sánchez Robles ha informado de que “230 personas”, de un total de “7.100” personas convocadas en "135 centros de día y residencias, hicieron huelga ese día . La jornada transcurrió “con normalidad” en los servicios médicos y enfermería, y la huelga se dejó notar más en el personal auxiliar.

La diputada ha señalado que la jornada de paros produjo “ditorsiones menores” en las horas “punta” que coinciden con los horarios de desayuno, comidas y cenas, y en los que se llegó a establecer unos servicios mínimos del “60%”. Para el resto de horas “valle”, estos servicios debían alcanzar el “50%”. La Diputación no recibió “ninguna queja” de familiares de los ususarios, por lo que la sección de Inspección no tuvo que abrir “ningún expediente sancionador”.

Sánchez Robles ha señalado que la situación del personal de atención directa de las residencias es un “problema de negociación colectiva” y que la Diputación “no debe interferir” en este proceso, puesto que además “sólo el 50%” de las plazas residenciales vizcaínas son concertadas.

El juntero de EH Bildu David Lopategi no ha compartido esta “visión”. Considera que la Diputación juega “un papel” puesto que en sus pliegos contractuales establecen “condiciones que afectan a dicha negociación”. “No nos parece de recibo las condiciones laborales de un sector feminizado y precarizado”, ha dicho. El juntero de la coalición abertzale ha pedido “respeto a unas condiciones laborales mínimas”, por lo que cree que la Diputación “no puede ponerse de perfil” ante estas situaciones.

Sánchez Robles ha declarado ser “consciente de que el clima laboral es muy importante para la calidad del servicio”, pero ha insistido en que las relaciones laborales entre empresas y trabajadores se deben de realizar “sin interferencias” de la administración.

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