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Fecha25/11/2015

Gernika

Las Juntas Generales declaran a Bizkaia "territorio libre de desahucios"

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Como cada último miércoles de mes, la Casa de Juntas de Gernika ha vuelto a abrir sus puertas para celebrar un nuevo pleno de control. En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces el pasado miércoles en Gernika, la sesión ha incluido finalmente el debate de las proposiciones no de norma pendientes como consecuencia de la suspensión de aquel pleno, en señal de duelo, por el fallecimiento de un trabajador en el interior de la sede parlamentaria, circunstancia ésta que ha sido recordada por la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, quien ha tenido un recuerdo “muy especial” al inicio de la sesión.

Entre las proposiciones no de norma debatidas, destacaba una iniciativa de Ia plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios, traída conjuntamente por los grupos EH Bildu y Podemos para declarar a Bizkaia “territorio libre de desahucios”. La iniciativa, aprobada por 22 votos a favor (EH Bildu, Podemos Bizkaia y PSE-EE) y 27 abstenciones (PNV y PP), insta a la Diputación a poner en marcha una serie de “medidas urgentes”.

Entre estas acciones, se encuentra la de “poner todos los medios y recursos necesarios para que se paralicen los desahucios y desalojos de primera vivienda, y para garantizar, en su caso, una alternativa habitacional”. En el acuerdo, se pide también que “se designe a una persona u organismo a que coordine todas las actuaciones dirigidas a evitar desahucios, que trabajará en colaboración con Kaleratzeak Stop Desahucios y demás organizaciones sociales que trabajan por el derecho a una vivienda digna”.

A través de esta proposición, las Juntas Generales solicitan a las principales entidades financieras que operan en este territorio a la “paralización de los desahucios de deudores de buena fe, reclamarles el censo de viviendas vacías de las cuales sean titulares, así como exigirles que pongan tales viviendas vacías a disposición de programas públicos de alquiler social”. Y para el caso en los que no haya respuesta, entre las medidas a adoptar, está la que “se deje de trabajar con dichas entidades”.

Además, la proposición exige al Gobierno Vasco, en relación al Parque Público de Viviendas gestionado por Alokabide, a adoptar las decisiones y a realizar las modificaciones legales necesarias para hacer efectivo el acuerdo adoptado por el Parlamento Vasco el siete de abril de 2014, en relación a los inquilinos de viviendas públicas. Se insta a las entidades financieras, al cumplimiento de la normativa comunitaria vigente sobre cláusulas abusivas.

Los partidos proponentes –EH Bildu y Podemos Bizkaia- han señalado que “no se puede mirar para otro lado”. Los ciudadanos tienen depositada su confianza en las instituciones para que ante situaciones de emergencia y necesidad “no se les de la espalda”. Han subrayado que su objetivo es garantizar el derecho a tener una vivienda digna por parte de todos los ciudadanos , empezando por la paralización de los desahucios en el territorio. Según Podemos, en Bizkaia se producen “más de 60 desahucios cada mes, siendo Kutxabank la entidad bancaria que más desahucia”.

“En nuestras manos está evitar estas situaciones”, ha sostenido el portavoz de EH Bildu Josu Unanue, quien ha negado que sea una declaración simbólica. Servirá, según él, para impulsar una situación que nos puede afectar “a todos”. Por eso, ha pedido empatía para que “nos pongamos en el lugar de estas personas”.

Jesús Isasi, del PP, ha advertido que todas las ciudades que se han declarado “libres de desahucios” reconocen que no se pueden paralizar. Ha tachado la declaración de “simbólica, sin aplicación práctica” y ha abogado por activar un servicio de asistencia jurídica para asesorar a los afectados “sin recursos” en la defensa de sus derechos. En Bizkaia, existe, según él, una experiencia municipal en Ermua, con acciones similares que ha alcanzado un “elevado éxito”, ha dicho.

Alexia Castelo (PSE-EE) ha invitado a seguir avanzando en este terreno “de manera coordinada” con otras administraciones y asociaciones, y ha subrayado que la declaración es importante para que los ciudadanos visualicen que las instituciones se preocupan por sus problemas. Bajando a lo concreto, su grupo cree importante que se “exija” a las entidades bancarias a poner sus viviendas vacías a disposición de las personas desahuciadas y a que el Gobierno vasco rebaje los alquileres sociales para que no superen el 30% de los ingresos de una familia.

Unai Lerma, del PNV, ha destacado que comparten como objetivo final el que estas personas puedan ejercitar sus derechos de disponer de una vivienda digna. La Administración “no puede estar impasible ante este drama social en pleno siglo XXI”, aunque ha advertido que por más que se realice una declaración, ésta no va a solucionar el problema. Reconoce el carácter “efectista” de la misma y, también, el trabajo que se ha hecho desde las instituciones públicas.


EL EXALCALDE DE ZIERBENA SERÁ CESADO SI “SE ABRE JUICIO ORAL”

En una interpelación del grupo Popular Vizcaíno, la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta ha insistido al inicio del pleno de control, 48 horas después de explicarse en comisión, que la Diputación "apartará" del cargo de asesor foral al exalcalde de Zierbena, Marcelino Elorza, si "se abre juicio oral".

La responsable foral se ha referido a lo que dijo en sede parlamentaria el pasado lunes en relación a la situación del exregidor de la localidad marinera, denunciado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y un delito societario. Según ha precisado, las diligencias judiciales abiertas contra Elorza "son ajenas a esta Diputación y no guardan relación con el trabajo que esta persona desempeña como asesora".

Asimismo, ha remarcado que "la situación judicial actual de Marce Elorza es en calidad de imputado, no de acusado, y a día de hoy nadie le ha comunicado oficialmente la apertura de juicio oral". Por ello, ha insistido en que "hasta que un juez no dicte lo contrario, hay que respetar su presunción de inocencia". En caso contrario, ha asegurado, la Diputación aplicará “de inmediato” el mandato de estas Juntas Generales, de 13 de enero, que a propuesta del PSE-EE, este partido junto con PNV y PP, acordaron la línea divisoria para cesar a un cargo público, como es hacerlo cuando “se le incoe apertura de juicio oral".


BIZKAIA PENALIZA A LA UTE AUTZAGANE CON 4,2 MILLONES DE EUROS

La próxima reanudación de las obras de los túneles de Autzagane, ha sido objeto de diversas preguntas de los grupos junteros en el pleno celebrado hoy en la Casa de Juntas de Gernika. Por un lado, el PP cuestionaba las penalizaciones exigibles en esta obra después de que la Diputación rescindiera el contrato con la UTE Autzagane. El diputado de Desarrollo Económico y Teritorial, Imanol Pradales, ha señalado que la UTE integrada por Sacyr, Mariezcurrena, Bycam y Viconsa, incumplió varias cláusulas del pliego de condiciones contractuales, referidas a los plazos totales y parciales, y a las órdenes dadas por la dirección de obra, por lo que la Diputación le ha aplicado una penalización de “4.230.668 euros” en la última certificación de obra realizada en el mes de septiembre.

A su vez, el grupo juntero EH Bildu quería saber si los pliegos de licitación de esta obra serían los mismos que los empleados en el concurso anterior. Pradales ha anunciado que los pliegos son “prácticamente los mismos” y que las empresas tienen de plazo hasta el próximo 11 de diciembre para presentar ofertas. El diputado ha respondido a la coalición abertzale que no será necesario elaborar un nuevo informe de impacto ambiental, como así se lo ha comunicado el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Las “variaciones” planteadas en el proyecto para concluir los túneles de Autzagane no requieren de ningún informe nuevo de impacto ambiental, ya que “no ha habido ninguna modificación del proyecto”, ha informado. El “único” cambio tiene que ver con el destino de la tierra extraída, la cual se llevará a vertederos de inertes autorizados, cuando hasta la fecha se depositaban en el ámbito de actuación de la obra.


GESTIÓN DEL AGUA “PÚBLICA”

A su vez, EH Bildu recuperaba una interpelación no contestada en el último pleno de control por una afonía de la diputada Elena Unzueta, sobre la gestión del ciclo del agua. Según Mikel Kormenzana, el Diputado General, Unai Rementeria, en su discurso de investidura, abogó por que la gestión del agua de Bizkaia corriera a cargo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en su integridad. En estos momentos, el apoderado abertzale ha señalado que se está consensuando en el Gobierno Vasco el nuevo decreto de tarificación del agua, que tendrá “efectos directos” en las facturas de los vizcaínos por el uso del agua. Kormenzana ha preguntado a la Diputación si existen garantías para que la gestión del agua en Bizkaia sea pública.

La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha confirmado que el deseo de la Diputación es que esta gestión sea pública en todo el Territorio pero dentro del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, siguiendo de este modo la Directiva Marco del Agua y la Ley Vasca del Agua que apuesta por que se coordinen los servicios municipales, y se garantice que los servicios se presten adecuadamente. El objetivo de la Diputación es la “homogeneización de los servicios y la unificación de tarifas” que, según la diputada, sólo se puede conseguir con un único Consorcio, cuestión esta que ha sido rebatida por Kormenzana que cree que existen otros modelos con excelentes resultados, poniendo como ejemplo el Consorcio de Aguas de Busturialdea.

Unzueta ha señalado que lo importante es que la gestión del ciclo del agua sea “pública” y en el territorio esta gestión es “compleja y excede a los recursos municipales”. Ha puesto como ejemplo que la prestación de estos servicios es más cara en Karrantza que en Bilbao, y que la ventaja de trabajar con un único Consorcio es la “disminución de costos y un precio uniforme y solidario” para todas las comarcas, aunque la responsable foral ha indicado que son los municipios los que voluntariamente tienen que entrar a participar en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.


VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Violencia contra las Mujeres ha inundado el pleno de hoy en coincidencia con el Día Internacional en contra de la violencia machista. El pleno ha aprobado una enmienda transaccional presentada por Podemos Bizkaia, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, que sirve, según sus autores, para impulsar un Pacto Ciudadano contra la violencia machista. El acuerdo invita a la Diputación foral al "refuerzo y la ampliación de las acciones, recursos y programas forales en la lucha contra la violencia machista y en la atención integral de las víctimas". La propuesta ha salido adelante por los votos a favor de estos grupos, al que se ha sumado el apoyo del PP, mientras EH Bildu se ha abstenido.

En otro momento del pleno, y a una pregunta de EH Bildu referida a las políticas que la Diputación lleva a cabo para erradicar esta violencia machista, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada ha tenido, primeramente, un recuerdo para las dos mujeres asesinadas este año en Bizkaia, “Leire y Almudena” y, a continuación, ha explicado que la Diputación contempla dos líneas de intervención para mujeres maltratadas, que incluyen programas de intervención y acciones preventivas.

Tras detallar los recursos que la Diputación dispone para apoyar a las mujeres que sufren violencia machista, Laespada, que antes de comenzar el pleno ha puesto una insignia lila a la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, ha anunciado la implantación en 2016 de un “equipo de intervención residencial con educadores”.

En este sentido, Laespada ha realizado un alegato para impulsar un cambio social y un profundo cambio de valores, con el objeto de construir “entre todos” un modelo de sociedad igualitario, en donde los derechos y obligaciones sean iguales para hombres y mujeres.

La apoderada de EH Bildu, Arantza Urkaregi, ha criticado que “con las mismas políticas de siempre" no se va a acabar con esta lacra social”, destacando que los presupuestos de 2015 y 2016 son “prácticamente los mismos” . “No llegamos al 0,25% para políticas de igualdad y para la lucha contra la violencia a las mujeres”, ha señalado.

Laespada se ha defendido diciendo que “los programas forales cumplen con lo que se nos exige”, para enfatizar que la intervención que realiza la Diputación por sí sola no erradica la violencia. “Corresponde a toda la sociedad empujar en la misma dirección” y en este empeño, la diputada ha destacado la aprobación de una norma foral de Igualdad en la que comenzarán a trabajar “en el primer trimestre de 2016”, y que esperan aprobar a finales del próximo año en las Juntas Generales de Bizkaia.

Preguntada por esta norma, Laespada ha destacado que esta norma , que pretende ser “estable y sólida”, se elaborará con la participación de los grupos junteros, asociaciones y sociedad civil, con “el máximo consenso”. Es un reto para esta legislatura con el que pretenden iniciar una igualdad “efectiva”.

En cuanto sus objetivos, la norma dotará a las políticas forales de mayor rango, fijará principios y objetivos en materia de igualdad, regulará las medidas dirigidas a la igualdad en Bizkaia y convertirá a la Diputación en referente para otras administraciones, entre otras cosas.

A través de otra pregunta, Podemos Bizkaia ha cuestionado a la Diputación su compromiso en torno a la igualdad en la contratación de mujeres en las diferentes direcciones. Suman “12 hombres frente a 6 mujeres”, ha sostenido Asun Merinero, quien se ha referido a que esta cifra esconde una versión de la igualdad “tuerta”. La Diputación “no contribuye todo lo que puede a la igualdad”, ha dicho.

En parte, Laespada ha dado la razón a la representante de Podemos al apostar por “listas cremalleras” para los altos cargos, aunque seguidamente ha defendido a su Gobierno al negar que “deje al margen a las mujeres” en los puestos directivos, ya que el mismo Consejo de Gobierno “es más femenino que masculino”.


CIFRAS SOBRE LOS JÓVENES EMIGRANTES

Siguiendo el orden del día, el PP ha examinado a la Diputación por la emigración de los jóvenes vizcaínos. Tras detallar los programas para captar y retener el talento, Imanol Pradales ha señalado que el “9,59%” de los universitarios vascos –según datos de 2014- trabaja fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. El portavoz del PP, Javier Ruiz, ha apuntado que según el Eustat son “65.000 jóvenes” los que entre los años 2000 y 2012, “se han ido de Bizkaia”. “Estamos perdiendo capital humano preparado”. En este baile de cifras, Pradales ha lanzado otro dato, el que refleja que “el 80% de los universitarios vascos trabajan aquí”.


AYUDAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Preguntada por el control de las ayudas para la inclusión social, Teresa Laespada ha dicho que estas ayudas se verifican “de manera continua”, tanto desde los servicios municipales como forales. Su control alcanza a otras instituciones como la Hacienda Foral, la Tesorería General de la Seguridad Social y Lanbide.

Laespada se ha quejado de que el PP traslade este tema a la Cámara vizcaína por “cuarta vez”, lo que demuestra una estrategia por “sembrar la duda” sobre el control de estas ayudas. Lo que hacen es “demagogia”, le ha lanzado a Eduardo Andrés, del PP. A su juicio, estas ayudas tienen un “nivel alto de cumplimiento. No hay fraude y existen suficientes mecanismos de control”, por lo que no ve necesario incluir “ninguna medida adicional”.

El PP ha denunciado la existencia de algunos servicios de base que están “saturados” hasta el punto que han pedido ayudas para reforzar el personal de atención.


DESANEXIÓN DE USANSOLO

En relación a la cuestión planteada por EH Bildu sobre si la Diputación cree que los ciudadanos de Usansolo -algunos presentes en la sala- tienen derecho a poner en práctica la posibilidad de decidir su futuro, el diputado general, en su única intervención en el pleno ha contestado con un escueto “sí”, para después recordar a la coalición abertzale que los usansolotarras “serán lo que ellos decidan”, aunque ha advertido que el procedimiento de desanexión exige seguir un reglamento que fija unos pasos: crear una comisión mixta que realice unos estudios técnicos, jurídicos y económicos; realizar la consulta a los vecinos; y culminar el proceso con la ratificación de las Juntas Generales.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL SIDA

Las Juntas Generales de Gernika han reclamado, a través de una Declaración Institucional, leída al inicio del pleno por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, que todas las personas puedan acceder al tratamiento contra el SiDA y ha mostrado su esperanza en que se "ponga fin a esta pandemia". (Ver declaración adjunta).