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Fecha23/11/2015

Comisión

La Diputación apartará del cargo a un asesor jeltzale si la justicia determina su "acusación"

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La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta ha comparecido hoy en Juntas Generales a petición de toda la oposición (EH Bildu, Podemos Bizkaia y PP) en relación al nombramiento como asesor del exalcalde de Zierbena, Marcelino Elorza, “imputado” por un presunto delito societario, prevarización y malversación de caudales públicos. La responsable foral ha señalado, en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural del Parlamento vizcaíno, que el investigado por la justicia será apartado en caso de que los tribunales establezcan su “acusación” . Mientras tanto, la Diputación le seguirá manteniendo en el cargo en defensa del principio de presunción de inocencia.

Antes de pasar a realizar una cronología de los hechos, Unzueta ha coincidido con los grupos junteros en que las Juntas Generales no deben convertirse en un juzgado, para seguidamente criticar "la condena política y mediática” que se ha hecho sobre el que fue regidor de Zierbena. “Vamos a dejar” que la justicia haga su labor y a no convertir esta comparecencia en un “juicio paralelo”, ha pedido.

Unzueta ha informado de que el Consejo de Gobierno de la Diputación del 28 de julio de este año nombró a Marcelino Elorza como asesor para el departamento que ella dirige y que fue unos meses después, “a finales de septiembre”, cuando él mismo “puso en conocimiento” de la institución foral que su gestión al frente del ayuntamiento de Zierbena estaba siendo investigada. Según los grupos junteros, el juez imputa a Elorza por mantener en la sociedad municipal Zierbena Portua al teniente de alcalde Eugenio Barquín como consejero delegado entre 2011 y 2012 sin mediar un contrato de alta dirección.

Unzueta ha constatado que Elorza es “imputado, que no acusado” y que hasta que no se rebase esta línea, la Diputación no tomará ninguna medida contra él, siguiendo así el mandato de las propias Juntas Generales que en una proposición no de norma aprobada en pleno, el 13 de enero de este año (con los votos a favor de PNV, PSE-EE y PP, y la abstención de EH Bildu), la Cámara vizcaína acordó que se apartaría a responsables forales de sus funciones, en casos de corrupción, en el momento en que se “incoase apertura de juicio oral”.

En cuanto a los méritos de Elorza para forma parte del equipo de asesores del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, puesto en entredicho por algunos grupos de la oposición, Unzueta ha defendido el nombramiento del investigado por ser licenciado en Ciencias Económicas, diplomado en Empresariales y Dirección de Empresas, además de hablar cinco idiomas y tener varios masters, pese a que la normativa actual no exige ninguna titulación para acceder a un puesto de asesoramiento.

Por su parte, la oposición en bloque –EH Bildu, Podemos Bizkaia y PP- ha pedido a la diputada que relegue ya a Elorza. Su imputación “pone sobre la mesa cómo la Diputación tendría que reaccionar” ante estos casos que laminan la confianza de los ciudadanos en la clase política y van en contra del buen nombre de la Diputación.

Asun Merinero, de Podemos Bizkaia, ha denunciado el hecho de que los asesores se elijan “por el carné político y no por el mérito”, y ha pedido el cese del asesor jeltzale por su mera imputación “como gesto de transparencia y buen gobierno”.

Para el representante de EH Bildu David Lopategi, la respuesta de la Diputación con una persona imputada ha sido “laxa”, “va en detrimento” de la institución y describe que “las cosas -en la Diputación- no han cambiado”, ya que se hereda “el estilo de la vieja política”.

Arturo Aldecoa (PP) cree que “el problema” es que Elorza ha sido imputado “por temas ligados a la política”, ironizando que no lo ha sido por irregularidades en su comunidad de vecinos. Para el representante popular es el propio interesado el que debería tomar la iniciativa de abandonar el puesto y si no es así, que sea la Diputación la que le aparte “de forma temporal” hasta que los tribunales decidan.

Tanto PNV como PSE-EE se han alineado con el argumento de Unzueta, al apostar por dejar trabajar a los tribunales de justicia, ya que de momento no se ha rebasado la línea que las Juntas Generales acordaron sin ningún voto en contra: apartar a un cargo foral cuando el juez o la fiscalía determine “apertura de juicio oral”, momento en el que la persona denunciada pasa de ser “imputada o investigada”, a “acusada”.

En este caso, para el grupo juntero socialista, que apoyó aquella proposición no de norma de enero y que cuenta con cargos que han firmado el Código Ético de la Diputación, sólo en ese caso “exigirá” el abandono del cargo. “Aquí estará el partido socialista, no antes”, ha manifestado Alexia Castelo, quien cree que de no hacerse así, “cualquier denuncia podría apartar a alguien de su cargo”.

María Presa, del PNV, ha dicho que comparte con el resto de los grupos junteros que en el tema de la corrupción “no vale mirar para otro lado”. “Quien cometa un delito debe pagarlo y asumir responsabilidades políticas”, ha dicho. Pero critica la “motivación” que subyace tras estas denuncias que “ponen en tela de juicio la honradez y buen gobierno” de la Diputación y de su partido. Se ha convertido en “un deporte denunciar a cargos jeltzales”.

La apoderada nacionalista se ha quejado de que “nadie diga nada cuando se producen sentencias exculpatorias”. En este caso, “el daño está hecho y la sombra de la sospecha extendida”. Por ello, ha pedido que se respete primero el principio de presunción de inocencia.


ESTUDIO PARA ABRIR UNA LÍNEA DE AYUDAS A GANADEROS QUE SUFRAN ROBOS

Por otro lado, la comisión ha aprobado, por unanimidad, el que la Diputación realice un “estudio de una línea de ayudas a los ganaderos vizcaínos afectados por robos”. El defensor de la iniciativa, el popular Arturo Aldecoa, ha señalado que en el sector se vienen produciendo robos de reses, maquinaria, forraje y enseres, entre otras cosas, que hacen más difícil la superviviencia de las explotaciones ganaderas del territorio, que sufren una deriva continua. El hurto podría ser “la puntilla” para algunos ganaderos por lo que ha abogado por abrir vías de colaboración siempre que el robo “esté acreditado mediante denuncia y se pueda acreditar los daños producidos de forma fehaciente”.

El resto de grupos, pese a apoyar la elaboración del estudio, han puesto en duda la existencia de ayudas, ya que quedan muchos cabos por atar como decidir el montante de las mismas o quién se beneficia. Creen, además, que podrían crearse precedentes con respecto a otros sectores. “Lo difícil es conjugar el marco de ayuda con el marco legal”, ha señalado Jon Sánchez, quien ha reconocido -después de que su grupo haya consultado a “expertos” del sector primario y aseguradoras-, que es “bastante complicado articular ayudas a colectivos que sufren robos”. “Intuimos que va a ser imposible ponerlo en práctica por el marco legal”, de ahí que Sanchez abogue por “no crear expectativas en el sector”.