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Fecha23/10/2014

Comisión de Agricultura y Medio Ambiente

La Diputación "reforzará" los controles antidopaje en las pruebas de arrastre de piedra con bueyes

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En Bilbao, a 23 de octubre de 2014.

La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo, ha informado a la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales que su departamento "reforzará" en el futuro los controles antidopaje en las “idi proba” de arrastre de piedra con bueyes.

La responsable foral ha comparecido esta mañana en la Cámara vizcaína, a petición del grupo Popular Vizcaíno (PP), para relatar los hechos que rodearon la muerte de dos bueyes en plena prueba de arrastre celebrada en agosto en la localidad de Erandio, y para informar de las consecuencias que tendrá para el titular de los animales tras demostrarse, a través de la correspondiente necropsia, que los bueyes habían sido "dopados con anfetaminas".

Pardo ha comunicado a los grupos junteros que la Diputación ha iniciado el correspondiente expediente sancionador por unos hechos que son contrarios a la legislación vigente. Al titular de los animales se le imponen "3 infracciones, dos de ellas muy graves”. La primera, por suministrar anfetaminas a los bueyes, se le impone una multa de “hasta 15.000 euros por animal”. “Por no prestar asistencia”, se le sanciona con otros “1.500 euros”. Igualmente, se ha tomado la medida “cautelar” de clausurar temporalmente la explotación ganadera, así como poner en conocimiento de las circunstancias a las federaciones vizcaína y vasca de deporte rural para que actúen “en consecuencia” a la reglamentación deportiva.

Considerando que el bienestar animal es un ámbito de "especial interés" para la Diputación, el departamento de Agricultura “tiene la intención de continuar y reforzar en la medida de lo posible dicho programa de control", ha dicho Pardo. Entre las medidas “más importantes” para evitar estos hechos “lamentables” e intentar que desaparezca el dopaje de esta práctica deportiva, la responsable foral ha destacado: la colaboración con la federación vizcaína de deporte rural para mejorar aspectos de control y formación en materia de bienestar animal; o el refuerzo del programa de control "a pesar de que desde el año 1997 se han realizado casi 900 controles con un gasto cercano al medio millón de euros” y se han abierto “unos 60 expedientes sancionadores en Bizkaia”.

Además, la Diputación reforzará también la colaboración con los laboratorios reconocidos para avanzar en la lucha contra el uso de sustancias prohibidas, pese a que los controles antidopaje “no son baratos, pero es una prioridad y lo va a seguir siendo en el futuro”, ha asegurado Pardo

Tras lamentar la muerte de los animales, todos los grupos de la Cámara han denunciado la práctica del dopaje en las pruebas de arrastre cuyo origen lo han situado en las apuestas deportivas y en la cantidad de dinero que mueve esta disciplina deportiva. “La tentación está presente” ha dicho Arturo Aldecoa (PP) que ha apuntado que las multas pueden "compensarse" con las ganancias derivadas de estas apuestas. “Hay una sensación de impunidad”, ha añadido Asier Vega de EH Bildu, que ha pedido “más transparencia” y “más controles” y que las sanciones sean de cuantía superior a las actuales.

Desde el PNV creen que estos casos de dopaje “menoscaban la imagen de uno de nuestros deportes”. “Es lamentable que algunos sean capaces de hacer esto por dinero”, ha lamentado Zuriñe Argatxa. Pese a esto, considera que “la realidad mayoritaria no es esa”, lo contrario a lo defendido por el representante del PP que considera que "puede que haya más dopaje del que se detecta" . La apoderada jeltzale cree que el caso de Erandio demuestra que los controles existen y que se actúa de manera coordinada entre administraciones .


MUERTE DE UN CORZO EN EL CEMENTERIO DE ARRIGORRIAGA

Asimismo, Pardo, a petición del PSE-EE, ha explicado la muerte por batida controlada de un corzo en el cementerio de Arrigorriaga, a finales del mes mayo, hecho que había sido denunciado por varias asociaciones en defensa de los animales por la utilización de “armas de fuego en un lugar público”.

La diputada foral ha informado que el animal fue abatido por técnicos de Base Gorria tras valorar la situación y dentro de la legalidad, ya que la normativa foral autoriza medidas de control para esta especie cinegética de caza mayor “cuando se produzcan daños para la agricultura, la ganadería o los bosques”, en cualquier época del año.

Pardo ha explicado que el animal se encontraba encerrado en el cementerio de Arrigorriaga, cuya entrada se encuentra “a menos de 100 metros” de la AP 68 y con síntomas de estrés tras pasar toda una noche en la necrópolis sin poder salir. La opción “más viable” era el abatimiento tras comprobar los técnicos forales el estado del animal y el hecho de que pudiera poner en peligro a los conductores de la autopista.


RECHAZO A LA CREACIÓN DE UN ATLAS CARTOGRÁFICO DE BOSQUES AUTÓCTONOS

La comisión ha rechazado una proposición no de norma presentada por el PP para que las Juntas Generales instasen a la Diputación Foral “a realizar y hacer pública cada dos años, un inventario y atlas cartográfico del estado de las masas forestales autóctonas” para evitar “situaciones de abandono, tala y desaparición” en los municipios vizcaínos.

Los socialistas habían presentado una enmienda para que se incluyera un segundo punto en la iniciativa popular y reclamar el establecimiento de “una zona de servidumbre” en estas masas forestales autóctonas, “a fin de no perjudicar o dañar la posible proliferación de arbolado autóctono”. La iniciativa del PP, con la enmienda incorporada, ha sido desestimada por 9 votos en contra (PNV y EH Bildu) y 4 votos a favor (PP y PSE-EE).

Los representantes de PNV y EH Bildu han tachado de “inviable” la iniciativa por el coste que supondría actualizar un inventario del arbolado autóctono cada dos años. Supondría que los gurdas forestales “se limitarían a hacer este trabajo”, ha reprochado Asier Vega, de EH Bildu. Ambos grupos junteros se han referido a la existencia de un inventario forestal que realiza ya el Gobierno Vasco en colaboración con la Administración central, que se renueva de manera quinquenal.

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