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Fecha15/07/2020

Gernika

EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBA LA NORMA FORAL QUE PERMITIRÁ IMPLANTAR BATUZ DE FORMA OBLIGATORIA EN 2022

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  • La Cámara vizcaína da luz verde a las modificaciones para mejorar también el sistema de gestión del Impuesto de la Renta durante el año 2021.

  • Batuz tendrá un nuevo calendario de implantación. Será voluntario a partir de octubre de este año y obligatorio desde el 1 de enero de 2022.

  • Los grupos que sustentan al Gobierno foral rechazan las 66 enmiendas de los grupos de la oposición.

  • El pleno da el visto bueno también a otras modificaciones tributarias para controlar a los intermediarios fiscales y evitar la elusión fiscal.

(Gernika, a 15 de julio de 2020). El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia celebrado hoy en Gernika ha aprobado hoy la Norma Foral que permitirá la implantación de Batuz en el próximo mes de octubre de forma voluntaria, y a partir de 2022 con carácter obligatorio. El dictamen emitido por la comisión del pasado 9 de julio ha sido aprobado sin cambios con el apoyo de los dos grupos que sustentan al Gobierno foral (PNV y PSE-EE) que no han aceptado ninguna de las 66 enmiendas defendidas por los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y Mixto-PP).

Según ha explicado el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, el sistema Batuz recoge medidas de control de los rendimientos de las actividades económicas y medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es un sistema que permitirá “luchar contra el fraude fiscal, mejorar la asistencia al contribuyente y modernizar la Administración tributaria”.

Batuz acarrea modificaciones en las normas forales del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Patrimonio y la General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, e integra el sistema TicketBAI, elaborado conjuntamente con el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, que impedirá que unas facturas “vayan a la caja A y otras a la caja B”, según ha explicado de manera gráfica Iruarrizaga. Se pretende garantizar que el IVA “se va a declarar”.

La Diputación retrasará un año la implantación de Batuz en función de sus cálculos iniciales, debido al Covid-19. Este sistema de control tributario será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2022 y voluntario dentro de dos meses y medio, desde el 1 de octubre de 2020. Debido al coste del equipamiento informático, que tendrán que adquirir autónomos y empresas, Hacienda incluirá deducciones del 30% en Renta o el Impuesto de Sociedades durante este año y el próximo para amortiguar el gasto.

La norma foral introduce también cambios en el IRPF para que la hacienda vizcaína pueda hacer la declaración de la Renta a “todos” los contribuyentes a partir del año 2021, en un intento por “reducir y simplificar los trámites” con el fisco. Iruarrizaga ha advertido de que habrá un “amplio despliegue de medios en 2021” para garantizar que los cambios tecnológicos “no dejen a nadie atrás”. A través de una clave BAK, el contribuyente podrá consultar sus datos fiscales al igual que Osakidetza permite con los historiales médicos.

Los grupos de la oposición se han mostrado a favor del “fondo” de la norma como es la mejora de la lucha contra el fraude fiscal, pero han mostrado su desacuerdo con parte del contenido de la misma, defendiendo sin éxito cambios a través de 66 enmiendas (10, de EH Bildu; 21, de Elkarrekin Bizkaia; y 35, del PP).

En líneas generales, el PP quería retrasar la entrada en vigor de la norma a 2023 y 2025, ya que la nueva regulación y las obligaciones tecnológicas “exigen un mayor periodo de adaptación”. Elkarrekin Bizkaia ha criticado el informe de impacto de género y la no gratuidad de la aplicación que deberán utilizar autónomos y empresas. Por su parte, EH Bildu apostaba por cambiar las infracciones y sanciones para que fueran “proporcionales” a la cifra de negocio. La sanción mínima es de 40.000 euros.

PERSEGUIR LA ELUSIÓN FISCAL

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a la Norma Foral de adaptación a la Directiva Europea DAC 6, estableciendo nuevas obligaciones a los intermediarios fiscales, que deberán comunicar a la Hacienda foral mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Esta información, que será objeto de intercambio entre las autoridades tributarias europeas, permite obtener información completa y reaccionar ante mecanismos fiscales “potencialmente agresivos”. El pleno ha rechazado las enmiendas presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia

La norma foral incluye sanciones de “hasta 400.000 euros” si el infractor es el propio obligado tributario y una sanción equivalente a los honorarios cuando este sea el intermediario fiscal, es decir, abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión o bancos.

Por otro lado, la Cámara vizcaína ha ratificado el Decreto foral de urgencia, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste de varios impuestos del territorio. Dicho decreto consta de 5 artículos y de 3 disposiciones finales, que incluyen medidas tributarias adicionales a las distintas modificaciones tributarias aprobadas en los últimos meses para reducir el impacto negativo del Covid-19. Destaca en el ámbito empresarial, una medida de protección para las empresas obligadas a efectuar el pago fraccionado por el Impuesto sobre Sociedades, eximiendo del mismo a las entidades que hayan visto reducido significativamente su volumen de operaciones.

Así, mediante el presente Decreto Foral Normativo, aprobado por 33 votos a favor (PNV y PSE-EE) y 18 abstenciones (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y PP) se dejan exentas las prestaciones derivadas de las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa directa de la COVID-19 en el seguro colectivo a favor del personal sanitario.

Por el contrario, el pleno ha rechazado por 33 votos en contra (PNV y PSE-EE) y 18 a favor (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y PP) la toma en consideración planteada por el grupo Mixto (PP) para que se incluya en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) una bonificación de “hasta el 95%” de la cuota íntegra de este impuesto para los inmuebles situados en zonas afectadas por la declaración de estado de alarma. Los grupos que sustentan al Gobierno foral se han negado a apoyarla porque creen que la iniciativa no ha sido consensuada con los ayuntamientos, en el marco de Eudel, como entidades responsables de aplicar y gestionar dicho impuesto.

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA

A través de una proposición no de norma conjunta de PNV y PSE-EE, las Juntas Generales de Bizkaia se han ratificado en su voluntad de ser “un agente activo en la constante mejora de la eficacia de los instrumentos de transparencia y buen gobierno”. En este sentido, la iniciativa aprobada sin ningún voto en contra (EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y PP se han abstenido) se insta al Parlamento Vasco “a continuar desarrollando la Ley de Transparencia y Participación, así como la Creación de la Oficina a Favor de las Buenas Prácticas y Anticorrupción”.

Las Juntas Generales han instado al conjunto de las instituciones “a continuar mejorando e implementando los instrumentos de lucha y prevención contra la corrupción y/o el abuso de poder, colaborando activamente con la Justicia con el fin de promover la denuncia, investigación y enjuiciamiento, a la mayor celeridad posible de aquellos posibles casos de uso incorrecto de los recursos públicos”.

Asimismo la Cámara vizcaína ha instado al Gobierno vasco a que “siga dotando a la Fiscalía del País Vasco, al Fiscal delegado en Euskadi en materia de delitos económicos, y al grupo de la Ertzaintza dedicado a la persecución de los delitos de corrupción, de los medios materiales y personales que se consideren oportunos para mejorar en el ejercicio de sus funciones y luchar contra el uso indebido e ilícito de dinero público para fines privados”.

EH Bildu ha denunciado, a través de su propia proposición no de norma, que el PNV y el PSE-EE están “bloqueando” la ley para la creación de una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción. En su iniciativa, rechazada por el pleno con los votos de PNV, PSE-EE y PP, se instaba a la creación de una Fiscalía contra la corrupción y una unidad especial de la Ertzaintza. Su portavoz, Bea Ilardia, ha lamentado que ambos grupos se dediquen a “obstaculizar” la lucha contra prácticas políticas corruptas que son “habituales”.

SIMBOLOGÍA FRANQUISTA, JABALÍES Y CASAS DE APUESTAS

Ya por la tarde, la Cámara vizcaína ha debatido tres proposiciones no de norma sobre la retirada de la simbología franquista en Bizkaia, las medidas para el control poblacional de jabalíes, y la retirada de subvenciones forales a clubs deportivos que publiciten “Casas de Apuestas”. Las tres han sido planteadas por Elkarrekin Bizkaia, la última conjuntamente con EH Bildu.

La iniciativa en relación a la retirada de la simbología franquista pedía instar a la Diputación a “impulsar” la aplicación de las recomendaciones recopiladas en el Dictamen Recomendatorio de la Comisión Técnica del Gobierno vasco para la retirada de símbolos franquistas, “en los espacios y ámbitos de su competencia”. En el texto, enmendado por EH Bildu, se instaba a la Diputación a colaborar “económicamente” con los municipios en la eliminación de la simbología franquista aún presente, pese a que la partida del Ejecutivo autonómico destinada a este fin “no se ha gastado en su totalidad”, según el socialista Juan Otermin.

En base a los datos que maneja el Instituto de Memoria Gogora, en Bizkaia existen todavía “9 localidades” con distinta simbología franquista que “aún no ha sido retirada” y que exige su eliminación por “legitimidad, legalidad y ética”, ya que es “hiriente” para Bizkaia y, “especialmente”, para las víctimas del régimen franquista, ha apuntado Israel Escalante, de la formación morada. La iniciativa ha sido rechazada por PNV, PSE-EE y PP.

Los grupos que sustentan al Gobierno foral han explicado que “ya se está trabajando” en la retirada de esta simbología. Desde 2016, se han eliminado “1.021” elementos, de los cuales “716” estaban en Bizkaia, según Otermin, destacando en los últimos años la retirada de los escudos de la Hacienda estatal en Bilbao y de la delegación de Correos en Barakaldo. De los 150.000 euros consignados por el Gobierno vasco “solo” se han gastado “15.200”, ha añadido Jon Andoni Atutxa, en lo que ha sido su última intervención como portavoz del grupo juntero Nacionalistas Vascos en la Cámara vizcaína, ya que, como él ha confirmado, se convertirá en representante del nuevo Parlamento vasco.

Por otro lado, el pleno ha desestimado, con los votos en contra de PNV y PSE-EE, una proposición no de norma de Elkarrekin Bizkaia, apoyada por EH Bildu, para poner en marcha nuevas formas de control de poblaciones de jabalíes y equilibrio de ecosistemas complementarios a las batidas de caza. Todos los grupos junteros han reconocido que existe un “problema” pero no se han puesto de acuerdo en un texto conjunto. Ni siquiera una enmienda transaccional presentada por los grupos que apoyan al Gobierno foral “no muy diferente” a la original, ha servido para desatascar el tema y apostar por nuevas medidas , "diferentes" a las batidas, para controlar esta especie que se cuela ya en tramas urbanas como la de Basauri.

La misma suerte ha obtenido una iniciativa conjunta de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia para modificar la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral estableciendo en los requisitos que “no podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora quienes exhiban publicidad de casas de apuestas o juego”. La iniciativa pretende servir para recudir “el innegable aumento de la ludopatía” intentando que los clubs deportivos eliminen esta publicidad de sus camisetas, o elijan entre recibir subvenciones forales o patrocinios de las “Casas de Apuestas”.

La iniciativa se ha topado nuevamente con el rechazo de PNV y PSE-EE, que pese a coincidir con el diagnóstico creen que es “contradictorio” tratar este asunto precisamente ahora cuando el pasado 9 de julio el Ministerio de Consumo presentó un borrador de Decreto que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para restringir la publicidad de estas empresas del juego.

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