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Fecha10/04/2014

Comisión

El derribo de Sabino Arana supuso una inversión final de 3 millones de euros

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Bilbao, a 10 de abril de 2014

La Diputación invirtió finalmente 3.020.000 euros en derribar los viaductos de Sabino Arana. A los 2.785.000 euros contemplados en el precio de adjudicación de la demolición, el departamento de Obras Públicas y Transportes ha tenido que añadir otros 235.000 euros por distintas obras que "no estaban expresamente previstas en el proyecto inicial", según ha informado esta mañana la diputada foral de este área, Itziar Garamendi, en las Juntas Generales, en una comparecencia solicitada por el grupo EH Bildu. Así y todo, el coste final queda lejos aún del precio de licitación de salida que se situó en "4 millones de euros".

En unos trabajos de “esta envergadura”, y una vez en faena, la Diputación detectó que era necesario acometer una serie de actuaciones para su “correcta finalización”. Entre las actuaciones no previstas inicialmente, ha estado la de dar continuidad al vial General Eguía, calle interrumpida por uno de los estribos de los viaductos, con un coste de 46.376 euros. Asimismo, se ha procedido a instalar señalización vertical y horizontal debido a la nueva disposición de direcciones por importe de 18.089 euros.

En esta aportación extra para finiquitar la obra, se incluye también el cerramiento de los espacios ocupados por la obra con hormigón armado que ha derivado en un gasto de 78.173 euros. La Diputación ha mejorado estéticamente algunas zonas afectadas por las obras con un desembolso de 31.207 euros en vegetación y otros 61.451 euros para acondicionar otros espacios mediante la colocación de baldosas, bordillos y revestimiento de algunos muros.

Garamendi ha señalado que la Diputación “ha cumplido” el plazo de 8 meses previsto en un inicio y ha recordado que, una vez acabadas estas labores de derribo – en marzo pasado-, las actuaciones “posteriores” serán las que realice el Ayuntamiento de Bilbao a través de un anunciado “proceso participativo” con los vecinos del entorno.

En cuanto a la campaña publicitaria, realizada al término de las obras, calificada por la oposición de “partidista” e “innecesaria”, la misma ha supuesto un coste de 34.903 euros. Dicha campaña - “institucional” para Garamendi-, en la que se utilizaba el lema “dicho y hecho”, tuvo como objetivo “informar” a personas y empresas afectadas que las obras estaban finalizadas y que, en adelante, podían “disfrutar de la nueva situación que mejoraba su calidad de vida”, ha señalado la diputada foral.

La oposición ha criticado el gasto en publicidad. Para Aitor Torre (EH Bildu) no es tanto una campaña institucional como “partidista”, que ha servido para que la Diputación “saque pecho” con el derribo. Ironizando con el lema, Jesús Isasi (PP) ha criticado que del “dicho al hecho” hayan pasado “20 años”. Y Joaquín Colmenero (PSE-EE) ha restado méritos a la Institución foral para dárselos al “movimiento vecinal y a los grupos de esta cámara” que apostaron por hacer “efectivo” la promesa de derribo de la Diputación. Se ha conseguido “entre todos”, ha matizado.


PUNTOS NEGROS EN LAS CARRETERAS DE BIZKAIA

Por su parte, el PP había solicitado la presencia de la diputada en la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara vizcaína para que explicase los “objetivos” marcados por la Diputación para mejorar las condiciones del tráfico en los denominados “puntos negros”.

Antes de contestar sobre el estado actual de los “25 puntos negros” de Bizkaia, Garamendi ha querido contextualizar que estas zonas viarias fueron definidas en una respuesta parlamentaria de la Consejera de Seguridad con datos de siniestralidad de los tres territorios en base a dos listados: los referentes a los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) en el periodo 2007-2011 y los datos de accidentes totales en esos puntos en 2013.

La diputada ha querido aclarar también que la siniestralidad depende de cuatro factores: la carretera, el vehículo, el conductor y la climatología. Según “estudios estadísticos”, la carretera interviene como "único" factor en “menos del 4%” de los accidentes y en “un 12%” de forma combinada con otros factores, ha afirmado.

En cuanto a los 25 puntos negros citados en la petición de comparecencia, Garamendi ha asegurado que en 20 de ellos "se ha actuado o se está actuando", 2 no pertenecen a la red foral, y en los 3 restantes se está trabajando para conocer de manera concreta las causas de la accidentalidad. En donde se ha actuado, la carretera presenta un “índice de peligrosidad inferior”, ha dicho.

En su respuesta en el Parlamento de Bizkaia, Garamendi ha recordado, asimismo, que el Pleno de Seguridad Vial de Euskadi valoró “positivamente” la evolución de la siniestralidad durante la última década, y el Eurostat situó a Euskadi, con datos de 2012, en ratios de accidentalidad "similares" a los países más avanzados en esta materia como son el Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Países Bajos.

Tras pedir Jesús Isasi (PP) mayor concreción, la responsable foral ha indicado que 9 tramos de esos 25 se encuentran en la A-8, en donde se han hecho mejoras en cuanto a “seguridad vial, pavimentación y regeneración del firme”. Otras intervenciones -mayormente mejoras en el asfalto- se han realizado en la BI 625 dentro del enlace de Basauri, y en distintos puntos del Corredor del Txorierri, en la BI 628, en la BI 631, en la BI 637 y en la Nacional 240.


DEPÓSITO DE SOBRANTES DE ALONSOTEGI

La comisión ha comenzado con la respuesta de la diputada a la situación del “depósito de sobrantes de Alonsotegi” instalado temporalmente para acumular las tierras sobrantes durante las obras del Corredor del Cadagua, que el apoderado de EH Bildu, Aitor Torre, ha presentado como un “vertedero incontrolado”. Según el portavoz suplente de la coalición abertzale, una sentencia judicial pedía a la Diputación la “restitución” de los terrenos a su estado original, a sus antiguos propietarios. Ha denunciado que en el depósito se acumulan ahora “electrodomésticos, neumáticos y metales”.

Ante la petición de EH Bildu de la retirada de estos materiales, Garamendi ha señalado que una sentencia de septiembre de 2010 dictada por un juzgado de Barakaldo, reconoce que “no existe ninguna actuación ni obligación pendiente por parte de la Diputación foral de Bizkaia sobre los citados terrenos, cuya propiedad es de sus titulares”. En cuanto a la sentencia citada por EH Bildu de restituir los terrenos, Garamendi ha señalado que lo que decía realmente es que debía devolver la propiedad de los mismos.

Y en cuanto a los materiales depositados durante el tiempo que duraron las obras de la autopista, Garamendi ha señalado que en ese terreno, “vigilado” mientras se ejecutaron los trabajos, se depositaron “tierras y rocas” procedentes de las excavaciones, desmontes y movimientos de tierra. A partir de la finalización de las obras, “el 30 de mayo de 2008”, Interbiak “no tiene responsabilidad alguna” sobre los vertidos que se hayan producido en la zona, ya que el terreno fue devuelto por aquel tiempo a sus propietarios al forma parte de una expropiación temporal.