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Fecha07/04/2014

Comisión

La Diputación se plantea el "acogimiento profesional retribuido" para completar el servicio de protección a menores

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En Bilbao, a 7 de abril de 2014.

La Diputación foral de Bizkaia está contemplando la opción de incorporar nuevas políticas de atención a los menores. La diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha avanzado hoy en las Juntas Generales, que su departamento “se plantea” la alternativa de implantar el “acogimiento profesional retribuido” como fórmula para atender “mucho mejor” las necesidades de los pequeños. La “práctica” del día a día ha llevado a la institución foral a pensar en la puesta en marcha de “experiencias piloto” para que los menores vivan en un entorno familiar, completando así los servicios a la infancia que ofrece ya la institución foral a través de otros mecanismos como son los pisos de acogida o los centros especializados.

La responsable foral ha hecho este anuncio esta mañana en una comparecencia en la comisión de Acción Social del parlamento vizcaíno, solicitada por el grupo juntero Socialistas Vascos (PSE-EE), a raíz de la clausura del centro de menores de Murrieta de Barakaldo y de dos pisos de acogida en Basauri y San Adrián adscritos al IFAS. Según Ardanza, el triple cierre se decidió de manera definitiva en una Junta de esta entidad celebrada el pasado 2 abril, en la que se corroboró, además, la devolución del hogar de Murrieta a su propietario, el ayuntamiento fabril.

En respuesta al PSE-EE, la diputada foral ha vuelto a recordar los motivos del cierre del centro situado en pleno barrio de Lasesarre. Según Ardanza, el inmueble no reunía las condiciones necesarias para ser un centro de menores. Un Decreto foral aprobado en julio de 2012 obliga a que estos lugares deban cumplir una serie condiciones de accesibilidad, sin la existencia de barreras arquitectónicas. Ha reconocido que el cierre obedece, también, a la menor demanda de los servicios forales de infancia, especialmente entre los puestos en marcha para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENAs).

Ardanza se ha apoyado en datos. Según ella, la entrada de “MENAs” en Bizkaia obligó “en algunos momentos” a la Diputación a ofrecer hasta “350” plazas a menores extranjeros. La tendencia actual es a la baja. Se ha pasado de “181”, según datos de 31 de diciembre de 2013, a “165” al cierre del pasado mes de marzo. “16 extranjeros menos en apenas tres meses”, ha subrayado.

PSE-EE, PP y EH Bildu han mostrado su “preocupación” por que detrás de estos cierres no haya un proceso de “privatización”. Según datos ofrecidos por el socialista Juan Otermin, la Diputación estaría atendiendo a “458” menores en la red “privada” y a “145” en la “pública”, la atendida por el IFAS. “¿Por qué no se cierran plazas privadas cuando disminuye la demanda?”, ha preguntado la apoderada de EH Bildu, Amaia Agirresarobe, quien ha recogido en su intervención las denuncias hechas por “todos” los sindicatos del ente autónomo de asistencia que esgrimen que la Diputación esta llevando a cabo un proceso de privatización “encubierto ”.

Ante estas acusaciones, Ardanza ha asegurado que, en realidad, la Diputación ha aumentado en “una plaza” el personal de los educadores que atienden a los menores, aclarando como ya lo hizo hace unas semanas en otra comisión, que los servicios de menores que no lleva directamente la Diputación están “todos gestionados por entidades sin ánimo de lucro” que cumplen “a rajatabla” los ratios marcados desde la institución foral.


INICIATIVAS APROBADAS POR UNANIMIDAD

En la sesión parlamentaria, se han aprobado por unanimidad tres proposiciones no de norma presentadas por el grupo juntero Popular Vizcaíno (PP). A través de dos de ellas, la cámara vizcaína iba a instar inicialmente a la Diputación a que habilitase en la red de residencias y centros de día forales, “una o varias áreas -según las necesidades- destinadas única y exclusivamente a las personas mayores dependientes con sordera severa o sordociegas”, que estén atendidas por personal “adecuado”. El grupo proponente ha aceptado las enmiendas al texto realizadas por el grupo Nacionalistas Vascos (PNV) para que este servicio especializado se dé finalmente en “uno o varios centros” a través de “personal formado en técnicas de comunicación alternativa” con el objeto de evitar el aislamiento en áreas específicas y de apostar por la inclusión de estos usuarios en los centros residenciales.

Otra iniciativa del PP, aprobada sin fisuras por los grupos de la cámara, reclama al Gobierno foral “elaborar un formulario específico” para tramitar las alegaciones correspondientes a las valoraciones de dependencia que son rechazadas, puesto que –según Eduardo Andrés (PP)- los impresos que ofrece la Diputación para reclamar la disconformidad con estas valoraciones, imprescindibles para demandar ciertas ayudas sociales, “se limitan a un folio en blanco”. Al final, los populares han aceptado también varias enmiendas presentadas por los jeltzales para que se diseñe un documento tipo sin perjuicio de que se puedan utilizar “otros soportes o fórmulas aceptadas para su tramitación”.


RECHAZADAS LAS PROPOSICIONES DE EH BILDU

El grupo juntero EH Bildu no ha conseguido, sin embargo, ningún apoyo parlamentario a sus dos propuestas que llevaba hoy a la comisión. En una, la coalición abertzale defendía la gratuidad de las residencias a cambio de la cesión de la vivienda habitual durante un periodo de 7 años para engordar el parque de alquiler social. Pese al rechazo, la portavoz de EH Bildu, ha tendido la mano al resto de grupos para trabajar conjuntamente en la “filosofía del trueque” para aprovechar esos pisos que quedan vacíos como consecuencia del ingreso de sus propietarios en residencias.

PNV, PSE-EE y PP han tachado la iniciativa de “discriminatoria” frente a los mayores con menos recursos. “Favorece a los que tienen mayor capacidad económica”, ha dicho Jon Larrea, del PNV. A juicio del juntero jeltzale, EH Bildu “rescata” una iniciativa de Aralar del año 2008 por la que esta formación planteaba algo similar. En aquella ocasión, tras aprobarse, la Diputación realizó un estudio, que fue presentado en enero de 2009, y que “desaconsejaba” este proyecto por, entre otras cosas, beneficiar a “pocos usuarios” y por su “complejidad” para ponerla en marcha. A juicio del apoderado jeltzale, tanto el plazo -7 años- como el momento actual, no casan con la realidad ya que la demanda de plazas residenciales y el tiempo de estancia en ellas es cada vez menor. Actualmente, se sitúa en los “dos años y medio”.

Juan Otermin (PSE-EE) ha puesto un ejemplo práctico para explicar la postura contraria de su grupo. Ha cifrado el coste de la plaza residencial en Bizkaia en los 2.000 euros, frente a los 450 o 500 euros que paga actualmente el Gobierno vasco a un particular por la opción de alquiler de una vivienda cedida. A su juicio, lo que plantea la coalición abertzale es que se pague “a escote” la diferencia –unos 1.500 euros- pese a que se pueda dar el caso de que un solicitante de una plaza residencial pueda tener recursos para abonarse la plaza, entre ellos más inmuebles o ahorros suficientes.

Por otro lado, la coalición abertzale presentaba otra proposición no de norma, para que la Diputación foral cambiase el reglamento de cálculo del patrimonio de las personas solicitantes de una residencia pública. Pedían que éstas presentasen los tres últimos años de su patrimonio, en lugar de “un año” que es lo que se pedía tras el cambio normativo realizado en el año 2009. Esta modificación abre la vía - según Irune Soto- a “la especulación y las malas prácticas”, siendo las personas mayores en situación de dependencia las “más perjudicadas”.

El resto de grupos ha defendido el cambio de la Diputación -cuya pretensión final es dejarlo en los “dos años” como han recordado varios junteros en el debate- por entender que sirve para “agilizar los trámites” y para que el recurso llegue “cuanto antes” a las personas necesitadas. Creen que la “picaresca” se puede dar independientemente del plazo que se establezca y han defendido el proceder de la mayoría de los solicitantes que actúan de “buena fe”. “No creemos que tengan que pagar justos por pecadores”. Sería “triplicar” el trabajo administrativo, ha dicho Zuriñe Argatxa (PNV).