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Fecha03/04/2014

Comisión

La Diputación asegura que el proceso concursal de liquidación de Proiek impide mediar en los impagos de las obras de San Mames

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En Bilbao, a 3 de abril de 2014.

Como miembro de San Mames Barria, sociedad propietaria del nuevo campo del Athletic, la Diputación ha mostrado hoy su “total voluntad” de mediar en la situación que viven trece empresas subcontratadas por la compañía Proiek, integrada en el grupo Fagor, la cual les adeuda 2,4 millones de euros por unos trabajos ejecutados en la “nueva Catedral”. Sin embargo, en una comparecencia en las Juntas Generales, solicitada de urgencia por el PSE-EE, el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha admitido que el proceso concursal de liquidación de Proiek, sin resolver aún, impide en estos momentos cualquier movimiento de solución o ayuda a estas empresas desde San Mames Barria.

En este asunto, Iruarrizaga ha confirmado que la sociedad pública, formada por el Athletic, el Gobierno Vasco, la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao y la BBK, “ha cumplido” el contrato con la UTE Cerramientos , la cual decidió subcontratar a su vez distintos trabajos de la cubierta y el cerramiento del estadio a Proiek, compañía que transcurrido el tiempo “incumplió” tanto en lo que se refiere a la “calidad” de los trabajos como en los “plazos” -según el diputado- lo que "obligó a la UTE a rescindir" el contrato.

En estos momentos, San Mames Barria no puede mover ficha hasta que se resuelva el concurso abierto en un juzgado de Donostia por el que se ha conocido que esta empresa tiene una deuda de 11 millones de euros con distintos acreedores, entre los que podría estar lo adeudado a las “pymes” vizcaínas que han participado en la construcción del campo del Athletic. “No podemos legalmente hacer nada” hasta que se resuelva este concurso en donde entran en escena otros acreedores, ha asegurado Iruarrizaga, tras recordar que el incumplimiento contractual es de Proiek y no de la sociedad pública.

Iruarrizaga ha recordado también que las empresas afectadas por los impagos de Proiek ya han recurrido al juzgado para reclamar estos pagos, si bien el juez ha paralizado el proceso hasta la finalización del concurso. Ha lamentado que los responsables de estas compañías no se hayan dirigido a San Mames Barria para tratar de resolver el problema y ha dicho que, si lo hubieran hecho, habrían tratado de buscar una salida conforme a la ley. "Estamos haciendo muchos esfuerzos de mediación con empresas, pero en este caso estamos en un procedimiento concursal de liquidación", ha insistido el diputado.

Los grupos junteros de la oposición han pedido a la Diputación que intermedie en el conflicto para resolver un problema que afecta a pequeñas empresas de Bizkaia y que ya ha provocado, según Joseba Gezuraga, de EH Bildu, que 14 trabajadores “estén en la calle”.

El PSE-EE ha comprendido la “complejidad legal” del asunto, pero cree que, en una obra “tan emblemática” como el nuevo San Mames, construida con recursos públicos, la Diputación tendría que “mediar en una solución política para que estas empresas no se vean abocadas al cierre”, ha pedido su portavoz Iñaki Egaña.

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha dicho "no creer que no se pueda hacer nada" y ha recriminado al Ejecutivo foral que "no ha explorado qué se puede hacer".

Desde el PNV, su portavoz Lorea Bilbao ha reconocido que la situación de estas empresas es "terriblemente injusta", pero ha respondido al resto de grupos que la Diputación foral ha intentado "buscar la solución", "pero hay un juez que dice que no se puede".


A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA DEVOLUCIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES

Por otro lado, al hilo del juicio sobre los incentivos fiscales, en el que las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa corren el riesgo de que se les imponga una sanción de 50 millones de euros, el grupo juntero EH Bildu había pedido a la Diputación que aclarase las “graves aseveraciones” que se incluyen en el informe de la abogada de la UE, Eleanor Sharpston, que ponen de manifiesto que “se ha ocultado información o se ha retrasado el proceso de recabar información sobre las vacaciones fiscales". Han preguntado al diputado de Hacienda si cree que la gestión de la Diputación ha sido la “adecuada” para los intereses de Bizkaia.

Tras un repaso de los hechos acontecidos desde que en 1996 las diputaciones forales establecieran incentivos fiscales a las empresas, declaradas diez años después “incompatibles” con la normativa por la Comisión Europea, Iruarrizaga ha mantenido que la Diputación “ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo” en este asunto, “los intereses generales de los vizcainos y la seguridad jurídica de todos los contribuyentes, en defensa de la legalidad de las decisiones adoptadas por estas Juntas Generales de Bizkaia”.

Tanto el diputado como los grupos junteros PNV, PSE-EE y PP se han mostrado partidarios de esperar a que “en los próximos meses” el Tribunal de Justicia europeo se pronuncie sobre la sanción propuesta inicialmente a las diputaciones y al Reino de España, “la más alta de la historia para un asunto de ayudas de Estado”, ha recordado Iruarrizaga. Básicamente, las instancias europeas entendían que la devolución de estas ayudas no se había ejecutado antes del 26 agosto del año 2008, fecha fijada por la Comisión Europea.

Iruarrizaga ha negado la mayor y ha recordado que Bizkaia recuperó “completamente” la cuantía de estos incentivos en 2007, “un total de 96,3 millones de euros en concepto de principal y otros 38,5 millones en concepto de intereses, cantidades que abonaron 21 empresas de las 43 que se acogieron a los incentivos”. Las restantes 22 “habían aplicado los incentivos fiscales dentro de los límites admitidos por la Unión Europea”. El ente foral dio por “ejecutadas” e informó a la Comisión Europea de este hecho, adjuntando “unos 200.000 folios de documentación”, ha recordado.

En referencia a la posibilidad de que el tribunal europeo establezca una sanción económica, Iruarrizaga no comparte “ni la necesidad de que se imponga una multa ni el importe de la misma”. La multa sólo es necesaria –según él- “cuando alguien está actuando deliberadamente y está incumpliendo sus obligaciones conscientemente, no cuando aplica unos criterios razonables con buena fe”.