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Fecha04/10/2013

Gerediaga

Bizkaia ve difícil que los nuevos valores catastrales estén actualizados antes de que concluya la legislatura

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Gerediaga, a 4 de octubre de 2013

Los nuevos valores catastrales tendrán que esperar. Los grupos junteros vizcaínos se han mostrado hoy, en el pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gerediaga, partidarios de la actualización de estos valores con los que se fija el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los municipios, si bien creen que el ritmo de las ponencias que se desarrollan en la actualidad en los ayuntamientos invitan a pensar que su reajuste no se producirá antes de que concluya el presente mandato. Esta constancia se ha producido en el debate de una moción del grupo juntero EH Bildu que solicitaba a la Diputación que la reformulación del catastro estuviera vigente para enero del año 2015. La propuesta de la coalición abertzale ha sido rechazada por el voto contrario de los representantes de los grupos Nacionalistas Vascos (PNV) y Socialistas Vascos (PSE-EE), y la abstención del grupo Popular Vizcaíno (PP). Solo Bildu ha defendido que las Juntas Generales insten al Ejecutivo foral a cerrar un plazo, puesto que Bizkaia “es el único territorio que no ha actualizado su catastro”.

PNV y PSE-EE han coincidido en señalar que la pretensión de EH Bildu es del todo "difícil", puesto que las administraciones se encuentran ante un proceso complejo. “No es sencillo y no se puede hacer de cualquier manera”, ha reconocido Mikel Torres apoderado del PSE-EE y alcalde de Portugalete, quien ha terminado su intervención afirmando que el plazo propuesto por la coalición abertzale “es imposible” de cumplir. Tanto nacionalistas como socialistas han pedido que se “deje trabajar” a los ayuntamientos y se flexibilicen los plazos, ya que existen “muchos” municipios que han solicitado a la Diputación más tiempo para concluir las ponencias de valores. Además, creen que muchos de ellos no tienen “capacidad técnica” para hacer frente a un trabajo tan “arduo”.

En la misma línea, Aizbea Atela (PNV) ha reconocido que para que se cumpla ese plazo tendrían que ser las Juntas Generales las que fijaran estos valores, circunstancia que cree no es la mejor opción, ya que son partidarios de “dejar hablar a los ayuntamientos” primero, en un proceso que no es una "actualización ordinaria" sino que representa un “salto cualitativo”. Inicialmente, se estimaba que la actualización debería estar lista para este año, pero no ha sido así.

Sin embargo, el PP cree que este retraso obedece a que son algunos ayuntamientos los que quieren paralizar el proceso, por entender que va a significar una subida “brutal” de los impuestos municipales. “Va a suponer un auténtico catastrazo”, ha asegurado Eduardo Andrade, apoderado de este grupo. Esta situación ha provocado un “pánico escénico” entre los ayuntamientos. Este grupo considera además que no es necesario hacer la actualización “todos a una”, ya que la normativa foral permite cierta flexibilidad en su entrada en vigor.

Por su parte, EH Bildu pretendía con su moción acelerar, a instancias de la Diputación, las ponencias del catastro y los nuevos valores para que estuvieran vigentes “a más tardar” en enero de 2015, “en cualquier caso impulsando la colaboración con todos los municipios”, ha aclarado Andoni Gezuraga. El representante de Bildu ha pedido mayor “eficacia” a la Diputación para no alargar más el proceso, puesto que los valores catastrales actuales “son de 1968”.


SITUACIóN LABORAL EN SAN MAMES BARRIA

El debate en la Casa de Juntas de Gerediaga, antiguo parlamento del Duranguesado al que se han acercado alcaldes de la comarca como Rolando Isoind (Berriz), Ana Otadui (Elorrio), Gonzalo Sarrigoitia (Garai), Iñaki Totorikaguena (Iurreta) y el Presidente de la Mancomunidad del Duranguesado, Oskar Zarrabeitia, se ha iniciado con el rechazo de una moción de EH Bildu que pedía a la Diputación que hiciera cumplir a las empresas que participan en las obras de San Mames Barria, el convenio colectivo de la construcción de Bizkaia. Según este grupo, los trabajadores de esta obra están sufriendo jornadas de “10, 11 y 12 horas, en jornadas de 6 y 7 días semanales, con un 50% de salario por debajo de este convenio". Al final, PNV ha votado en contra (22 votos); Bildu y PSE-EE a favor (16); y el PP se ha abstenido (11).

EH Bildu ha definido las condiciones laborales que se dan en la construcción del nuevo San Mames como “inadmisibles”, “precarias” y de “semiesclavitud”. Ha pedido, por ello, que la Diputación vigile el cumplimiento del convenio de los trabajadores y las medidas de seguridad. Su representante, Asier Sanz, ha solicitado a la Institución foral que demuestre "día a día " que cumple con su “primera preocupación: el empleo".

En la misma línea, el PSE-EE ha pedido que la Diputación controle cómo se gasta el dinero público. Su apoderada, Alexia Castelo, ha señalado que el esfuerzo titánico de las administraciones públicas por construir el nuevo campo del Athletic no ha servido para “crear empleo de calidad”. Ha denunciado los “graves incumplimientos laborales, con jornadas abusivas, pagos en dinero negro y falta de medidas de seguridad”. Por ello, ha apostado por que la Hacienda foral investigue los pagos en B “con todos los medios a su alcance” y que Inspección de Trabajo actúe en este caso abriendo una investigación.

De ser ciertos los hechos, el PNV cree que efectivamente corresponde a Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco "entrar de oficio” en el caso. En su intervención, el apoderado jeltzale Josu Arteta ha avanzado que la Diputación está preparando una “serie de instrucciones de contratación” para las empresas que realizan obra pública, subrayando que las mismas van a ir “más alla” que las que actualmente están vigentes en Gipuzkoa, donde gobierna EH Bildu. En cualquier caso, ha definido como "inadmisible" lo descrito por el representante de Bildu.

Por su parte, el PP se ha mostrado partidario de que se aplique también el convenio de la construcción de Bizkaia en las empresas que participan en las obras del estadio del Athletic, y ha defendido la abstención de su grupo porque no creen que la situación sea "como se pinta”. Su apoderado Eduardo Andrade cree “preocupante” que se acuse de delitos a empresas de Bizkaia, y “exagerado” que los trabajadores desarrollen su actividad en un régimen de semiesclavitud. Ha recordado que deben ser los sindicatos y la Inspección de Trabajo los que denuncien las malas prácticas contractuales.


PARQUE DE ESCULTURAS DE LA ARBOLEDA

Por otra parte, el pleno ha rechazado también otra moción, en este caso del PP, en la que se solicitaba a la Diputación que finalizara el permiso concedido a Meatzalde Goikoa Kultur Elkartea por el uso de terrenos forales en La Arboleda (Trapagaran) para instalar un parque de esculturas. Este partido se ha mostrado partidario de que el Ejecutivo vizcaino lidere el proyecto cultural con la colaboración y participación de los vecinos y las entidades sociales, ambientales y culturales de la zona, en lo que han coincidido con PSE-EE.

Arturo Aldecoa (PP) cree que la sociedad encargada de gestionar las esculturas es un “chiringuito personal” que ha usado terrenos públicos para desarrollar un proyecto privado. “Recibieron 75.000 euros de la Diputación por un informe que son todo fotos”, ha denunciado Arturo Aldecoa (PP) desde el atril con el documento en la mano. El resultado es “cero”, ha dicho.

Por su parte, el PNV cree que el parque de esculturas instalado en La Arboleda, iniciativa de artistas vascos “de prestigio”, es una oferta cultural “pionera” en Euskadi que está contribuyendo a la revitalización de la Zona Minera. La apoderada jeltzale María Presa ha asegurado que esta sociedad ha subsanado los errores iniciales detectados por la Diputación en la puesta en marcha de la iniciativa y no ha incumplido “ninguna” orden foral en la instalación del complejo artístico.

EH Bildu ha pedido que se pida la opinión de los ciudadanos “de forma efectiva” y ha tachado la iniciativa del PP de “populismo”. “Que el PP haga una apuesta pública y que pida la participación de los ciudadanos nos parece una tomadura de pelo”, ha respondido Asier Sanz.


INTERPELACIONES SOBRE BARRIKOBASO Y ACCESOS A BILBAO

En el turno de interpelaciones, el Diputado de Presidencia, Unai Rementeria, ha negado, a preguntas del PP, que la Diputación Foral de Bizkaia haya “sugerido, recomendado o propuesto” al Ayuntamiento de Barrika el permitir construir en la zona de Barrikabaso (Barrika), en el suelo protegido según sentencia de los tribunales. El responsable foral ha dicho que tampoco se ha dirigido al ayuntamiento para que éste no apoyase el Convenio que la Asociación Txipio-Bai y este municicio tienen previsto firmar para evitar el derribo de los 14 chalets habitados.

Asimismo, la Diputada de Obras Públicas y Transporte, Itziar Garamendi, ha ofrecido un repaso de las obras que faltan por acometer para culminar los accesos a Bilbao, como el desdoblamiento de Santo Domingo o la Variante Este, de las que ha dicho que se están acometiendo las labores previas antes de su licitación, aunque sin concretar plazos sobre su ejecución. Pese a ello, la responsable foral ha mantenido que los datos que manejan los técnicos de su departamento confirman que las entradas a la capital vizcaína son capaces de absorber los flujos de tráfico actuales, los cuales “se han diversificado” con la apertura de Juan de Garay y el nuevo acceso de San Mames. En los últimos cuatro meses, esta última vía de entrada a la villa ha sido utilizada por 5,7 millones de usuarios, frente a los 6,1 millones contabilizados en el mismo cuatrimestre del año pasado, según datos aportados por Garamendi.

En otra respuesta parlamentaria, la diputada ha afirmado que, en Euskadi, no ve necesario la creación de una mesa de coordinación interterritorial para coordinar políticas comunes en cuanto a peajes, tal y como le proponía EH Bildu.


RECURSOS FORALES PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS DUALES

A pregunta del PSE-EE, la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, ha revelado que Bizkaia cuenta con 49 plazas para la atención de las personas sin recursos afectadas por patología dual. El protocolo de actuación de la Diputación para estos casos establece un plazo máximo de 7 días desde la comunicación de un caso hasta el ingreso del paciente, y una comunicación de las incidencias en menos de 72 horas. La responsable foral ha anunciado que la Diputación y el Gobierno Vasco han abierto una oficina virtual socio-sanitaria para fortalecer los lazos de información para estos casos que requieren de asistencia sanitaria por parte de Osakidetza y de protección social específica por parte de la Diputación. En los últimos 10 años, el departamento que dirige Ardanza ha confirmado la existencia de 85 incidentes “menores” con estas personas y “sólo” un incidente “grave”, que fue la agresión sufrida recientemente por una educadora social de Cáritas en Bilbao.


EXPEDIENTES DE DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS

En relación al número de expedientes abiertos por la Diputación Foral desde que se aprobó la Norma Foral 7/2007 de recuperación de ayudas en el supuesto de deslocalizaciones empresariales, el Diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, ha informado al pleno de que se han abierto 4 expedientes, uno a la empresa Rotarex y otros tres a filiales de Incoesa. Respecto a estas últimas, el responsable foral ha confirmado que el expediente abierto sigue en proceso de instrucción y ha dejado claro, como ya hizo en comisión esta semana, que en caso de que se demostrara que ha habido un proceso de deslocalización, la Diputación aplicaría las sanciones previstas en la normativa, como son la obligación de devolución de las ayudas otorgadas (200.000 euros), con sus correspondientes intereses de demora, y la imposibilidad de que esta empresa y sus socios puedan obtener otras subvenciones forales durante un periodo de 8 años.