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Fecha27/05/2013

Comisión

Las Juntas Generales piden a la Diputación que ponga su centro de información y atención ciudadana al servicio de las personas afectadas por desahucios

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En Bilbao, a 27 de mayo de 2013.

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado esta mañana, en la Comisión de Acción Social, una Proposición No de Norma para que la Diputación Foral de Bizkaia “garantice, a través de su servicio de información y atención a la ciudadanía “Laguntza”, la información, asesoramiento y orientación que precisen en cada caso las personas afectadas por un proceso de desahucio o que hayan sido ya desahuciadas”. La iniciativa, presentada por los grupos Nacionalistas Vascos (PNV) y Popular Vizcaíno (PP), ha salido adelante gracias al apoyo de los representantes de estas formaciones, la abstención de Socialistas Vascos (PSE-EE) y el rechazo del grupo Bildu. En ella, se insta al Ejecutivo foral a realizar, después de un periodo de evaluación de tres meses, un informe sobre la atención prestada a dichas personas, con el fin de que se identifiquen sus necesidades "prevalentes" y servicios de atención "correlativos”, para posteriormente adecuar estos servicios a sus necesidades.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria busca que se ofrezca a estas personas en peligro de desahucio una “atención personalizada e inmediata” para paliar la situación de necesidad, mediante las diferentes prestaciones económicas y asistenciales existentes en los tres niveles institucionales de la Administración (local, foral y autonómica). Las dos formaciones políticas son partidarias de crear un proceso de acompañamiento “integral”. Los servicios “ya existen, están establecidos. Hay que articularlos de la mejor manera posible, porque a estas personas les debemos la mejor de las atenciones”, ha manifestado la portavoz del PP, Esther Martínez.

El PNV considera que la Diputación debe convertirse en un agente “proactivo” para orientar a las personas que han perdido su vivienda o están a punto de hacerlo, a encontrar el servicio más adecuado a sus necesidades, ya que las situaciones son “muy variadas”. Es una propuesta “global” con la que se busca “un sistema organizado que articule la coordinación de todas las Administraciones”, ha explicado el apoderado jeltzale Jon Larrea.

Por su parte, Bildu ha presentado su propia Proposición No de Norma que, finalmente, ha sido rechazada en la Comisión por los votos contrarios de PNV y PP. La formación abertzale quería ir “más allá” al pretender que, además de este servicio informativo, la Diputación Foral proporcionase los medios materiales y humanos para prestar ayuda jurídica y psicológica a los desahuciados. “No se trata sólo de dar asesoramiento e información, y abrir un teléfono, sino de poner medios. Los afectados necesitan ayuda psicológica y jurídica”, ha reclamado Irune Soto, portavoz de Bildu. Para el PNV la propuesta abertzale es “voluntarista”. “Son intenciones”, según Larrea, quien ha coincidido con Esther Martínez (PP) en que estos servicios “ya existen”. Para la formación jeltzale y el grupo juntero popular, lo que debe ofrecerse en estos momentos es un servicio de “acompañamiento”.

Por su parte, el PSE-EE ha votado a favor de la propuesta de Bildu y se ha abstenido, finalmente en la acordada por PNV y PP. Los socialistas coinciden con la coalición abertzale en que los afectados necesitan respuestas “inmediatas” a sus problemas, entre las que pretendían sumar, por medio de una enmienda, recursos económicos, además de ayuda psicológica y jurídica. A su vez, están de acuerdo con populares y jeltzales en que la Diputación realice labores de “acompañamiento” y establezca “un itinerario”. Su apoderado, Juan Otermin, ha lamentado que no salga de la comisión una “respuesta única” que hubiera podido ser la base de una Declaración Institucional sobre la problemática de los desahucios.


RESPUESTAS SOBRE EL IFAS

Por su parte, la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, ha afirmado que la Diputación ha cumplido “siempre” con una sentencia judicial del año 2001 que obliga al IFAS a cubrir los puestos de libre designación a través de un procedimiento de concurso público. A este respecto, Irune Soto (Bildu) se ha extrañado de que 4 personas, que previamente fueron designadas “a dedo”, sean las mismas que finalmente consiguieron la plaza. Ardanza ha negado “rotundamente” cualquier irregularidad en el proceso de contratación. Ha destacado que las bases de estos concursos fueron aprobadas por el Comité de Empresa.

La responsable foral ha recordado, como ya hizo -según ella- en una comisión anterior, que las 9 plazas asignadas para cubrir puestos directivos en el IFAS, de un total de 22 que la Diputación ofertó en el año 2012, se han producido por “concurso de méritos” recogiendo las indicaciones de la Mesa de Negociación de este organismo público y el cumplimiento de las sentencias judiciales.

A otra pregunta de Bildu, la responsable foral ha confirmado que una ex trabajadora de la residencia Zumelegi recibió una indemnización de 62.000 euros a causa de un despido improcedente. Ha justificado la salida de esta empleada por el cierre del centro Dolaretxe y porque la misma sentencia judicial ofrecía la posibilidad de despido con indemnización al eliminarse el puesto de trabajo.

Pilar Ardanza ha contestado a otra cuestión de la coalición abertzale sobre lo gastado por el IFAS en abogados, tasas judiciales, indemnizaciones o en resoluciones judiciales. Según ella, el organismo autónomo dependiente de la Diputación ha desembolsado 460.000 euros en los últimos 5 años para hacer frente a 99 pleitos (63 iniciados por trabajadores temporales), de los cuales 74 de ellos han sido ganados por la Administración y 25 han concluido con sentencia desfavorable para los intereses forales. Para la diputada, este número de procesos judiciales abierto por trabajadores o sindicatos “no es una incidencia importante”, teniendo en cuenta que en el último quinquenio se han formalizado más de 45.000 contratos en el IFAS, ente donde trabajan 822 personas.

Por otra parte, Ardanza ha informado de que la Diputación sigue ofreciendo servicios asistenciales en el Centro Uribarri y que ha trasladado algunos de sus servicios a los centros de Txurdinaga y Derio.