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Fecha06/02/2013

Hoy comparece la diputada foral de Acción Social en las Juntas Generales

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Bilbao, a 6 de febrero de 2013.

El grupo Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia ha solicitado para hoy la comparecencia de la Diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, a fin de que explique si la BBK ha mantenido las “condiciones y compromisos” firmados en el contrato con los mayores de la residencia Reina de la Paz (Sarriko). En la misma sesión, la responsable foral deberá responder a una pregunta de este mismo grupo en relación con la existencia de “camas concertadas libres en diversas residencias de Bizkaia”, un asunto que preocupa a este grupo pues -según afirman- existe un “importante número de personas en lista de espera”.

Previamente a las explicaciones que tendrá que ofrecer la diputada, la Comisión de Acción Social del parlamento vizcaíno resolverá dos Proposiciones No de Norma. En la primera, Bildu pretende que las Juntas Generales realicen un “llamamiento público” para dejar sin efecto las nuevas condiciones impuestas a los inmigrantes para recibir asistencia sanitaria, medidas que entraron en vigor con el Decreto 114/2012 del Gobierno Vasco.

Entre las normas denunciadas por la coalición abertzale que “cercenan los derechos de los más desfavorecidos”, se encuentra la obligatoriedad de presentar un certificado de arraigo para poder obtener una tarjeta sanitaria a la persona que lleve empadronada menos de un año en la Comunidad Autónoma Vasca. El Grupo Nacionalistas Vascos ha presentado 6 enmiendas al documento de Bildu para que, entre otras correcciones, se incluya la de dirigir esta petición al Gobierno Vasco, al carecer las Juntas Generales de competencias en materia sanitaria.

Por otra parte, el Grupo Popular Vizcaíno persigue también el apoyo de la cámara vizcaína para instar a la Diputación a elaborar un mapa de “puntos negros” con riesgo para las mujeres, en colaboración con los municipios del Territorio. Este documento iría unido a la elaboración, por parte del Gobierno Vasco, de un plan de actuación coordinado con las policías locales destinado a aumentar la seguridad en estos lugares con riesgo de agresión sexual.

A través de una enmienda, los socialistas pretenden que la Proposición No de Norma de los populares recoja la necesidad de incluir en el texto el que haya “aportaciones económicas” para poner en marcha las soluciones que se planteen. Por su parte, para apoyar la iniciativa, los Nacionalistas Vascos quieren que sea Eudel la entidad encargada de homogeneizar el convenio con todos los Ayuntamientos.