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Fecha14/06/2012

Comisión de Economía

Las Juntas Generales aprueban el dictamen para la modificación de las limitaciones de endeudamiento de los ayuntamientos

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La Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia, reunida el jueves, 14 de junio, ha aprobado el dictamen del Proyecto de Norma Foral que establece cambios puntuales en las limitaciones de endeudamiento de los ayuntamientos vizcaínos para el ejercicio 2012. El objetivo del Gobierno foral, como ha explicado en la cámara el Diputado Foral de Presidencia, Juan María Aburto, es “poder financiar el abono de determinadas deudas contraídas” por las entidades locales y que debido a la crisis económica y a la falta de recursos de algunos municipios está motivando “demoras injustificadas en el abono de las obligaciones contraídas a terceros”. La Comisión ha aprobado el dictamen de esta norma con el apoyo de los Grupos Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Popular Vizcaíno, y la abstención de Bildu. El texto, que se elevará ahora a pleno para su aprobación definitiva, incorporará dos enmiendas del Grupo Nacionalistas Vascos que corrigen algún aspecto de esta Norma en sus artículos 1 y 3.

A continuación, el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, Jose María Iruarrizaga, ha respondido a una pregunta formulada por el Grupo Popular que quería conocer el motivo por el que la Diputación no aporta en plazo “ningún tipo de información” sobre las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles forales, como obliga la normativa. A través también de una proposición no de norma, que ha retirado después de oír las explicaciones del diputado, este grupo solicitaba que las Juntas Generales de Bizkaia se pronunciaran sobre un procedimiento que obliga a la Diputación Foral a enviar trimestralmente a las Juntas Generales información de carácter económico sobre estas entidades.

En parecidos términos, se ha manifestado el Grupo Socialistas Vascos que ha presentado su propia proposición no de norma, aprobada por unanimidad, para que se cumpla el artículo 92 de la Norma Foral 5/2006, que establece que la Diputación Foral tiene que remitir a las Juntas Generales las cuentas y documentación del sector público foral “con la periodicidad, grado de detalle y condiciones” que se determinan en esta norma. Iruarrizaga ha respondido que el incumplimiento se ha producido por la adaptación obligada a los cambios producidos en años anteriores en los procedimientos generales contables. El diputado ha respondido a los grupos de la cámara vizcaína que espera que esta situación “no se vuelva repetir” en el futuro.

Por otra parte, la Comisión de Economía y Hacienda ha rechazado una proposición no de norma del Grupo Bildu que solicitaba a la Diputación que volviese a ofrecer el servicio gratuito de confección de declaraciones de renta que ha ofrecido durante años anteriores y que dejó de prestar en el año 2010. Este grupo cree que gracias a esta labor personalizada que realizaban los trabajadores de Hacienda, se podían revisar documentos y declaraciones que “ayudaban a reducir el fraude”.

A través de otra proposición no de norma, el Grupo Socialistas Vascos ha solicitado el apoyo de la Cámara para que la Diputación Foral de Bizkaia aplace la Ponencia de Valores de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de todos los municipios de Bizkaia, con el fin de corregir deficiencias importantes que ha detectado este grupo en la documentación inicial relativa a la heterogeneidad de las zonas de valor y a que el plazo de 15 días dado para la emisión del informe, resulta “a todas luces insuficiente”, según Alexia Castelo del Grupo Socialistas Vascos. La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de los Grupos Nacionalistas Vascos, Bildu y Socialistas Vascos, y la abstención del Grupo Popular Vizcaíno.


Unanimidad sobre los procesos de ejecuciones hipotecarias

Por último, la Comisión ha finalizado con el debate de una proposición formulada conjuntamente por los grupos Nacionalistas Vascos, Bildu y Socialistas Vascos relativa a las consecuencias de las ejecuciones de las hipotecas. Entre las siete peticiones que quieren trasladar al Gobierno español, se encuentra la de solicitar el establecimiento, en los procesos de ejecución hipotecaria, la figura jurídica de “dación en pago”. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad después de que los tres grupos proponentes hayan aceptado la enmienda del Grupo Popular que considera que la dación en pago debe ser “la última de las medidas” que deben adoptar las entidades financieras.