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Fecha22/11/2017

Juntas Generales Bizkaia

Las Juntas Generales piden que las ayudas de apoyo a la vida independiente alcancen a 426 personas discapacitadas en 2019

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Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy en un pleno ordinario celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, que la Diputación aumente considerablemente en dos años las prestaciones económicas de asistencia personal para el colectivo de personas con discapacidad. Con los votos a favor de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y grupo Mixto, y la abstención de Podemos Bizkaia, la Cámara vizcaína ha instado a la institución foral a alcanzar la cifra de 426 personas beneficiarias en el año 2019. En 2017, la prestación económica ha llegado a "99 personas".

La propuesta ha nacido de una moción presentada por el grupo Popular Vizcaíno a la que se ha unido PNV y PSE-EE a través de dos enmiendas que corregían el texto inicial. En palabras del popular Eduardo Andrés, la iniciativa pretende impulsar que se alcance en 2019 la proyección planteada en el Mapa de Servicios Sociales para Bizkaia. Para ello, la Diputación tendrá que presupuestar ese año, según sus cálculos, “dos millones de euros”, muy por encima de los “490.000 euros” incluidos para este fin en las cuentas de 2017.

Desde PNV y PSE-EE han dejado claro que estas ayudas no están diseñadas para garantizar una renta sino para cubrir unos derechos adquiridos que tiene el colectivo de personas con discapacidad. Han criticado la postura del PP porque este partido en Madrid “redujo” en 2012 mediante Real Decreto las ayudas a este colectivo en el Estado impidiendo que avanzaran hacia una vida más autónoma. Ambas formaciones creen, por el contrario, que Bizkaia “está avanzando” en este terreno. De momento, el proyecto de cuentas del año próximo incluye “150.000 euros más”, según los datos ofrecidos por Andrés.

La moción, salida de una Interpelación del último pleno de Control, ha recibido el apoyo de todos los grupos a excepción de Podemos Bizkaia, que se ha abstenido. Este grupo ha considerado “importante” que se desarrollen “propuestas concretas” para potenciar el acceso de las personas a las prestaciones y servicios de atención a la dependencia y no solo la relativa a la prestación económica de asistencia personal. Para ello, ha presentado una enmienda a la totalidad, que no ha sido aceptada por el PP, en la que reclamaban una evaluación del sistema de atención a la dependencia “con objeto de detectar duplicidades, insuficiencias y fallos”.


COMISIÓN DE PETICIONES Y RELACIONES CON LA CIUDADANÍA

En el pleno, la presidenta de la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, María Presa, ha presentado su segundo informe-memoria sobre la actividad de dicha comisión creada en la presente Legislatura. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de julio de 2017, la comisión se reunió “en 12 ocasiones”. En poco más de un año, se han tratado “28 peticiones, 5 escritos y 23 solicitudes de comparecencia”.

Presa, después de citar a todas las personas, colectivos o asociaciones que han pasado por la comisión en el último año para trasladar a los grupos junteros sus quejas o reclamaciones, considera que su existencia es una “herramienta útil y una ventana de oportunidad” para el acercamiento de la Cámara vizcaína.

Todos los grupos junteros han reconocido el trabajo de la comisión ya que “da voz a la ciudadanía”, si bien EH Bildu ha criticado que la mayoría de las comparecencias hayan sido impulsadas desde los propios grupos junteros. Entre las asignaturas pendientes, el juntero David Lopategi ha apuntado también la de ahondar en la eliminación de la “confusión” que se genera entre la ciudadanía al no saber discernir entre el Ejecutivo y Legislativo vizcaínos, o el acceso que la propia institución ofrece en su web para fomentar la participación ciudadana en la Cámara vizcaína.

Por otro lado, el Parlamento de Bizkaia ha retirado mediante votación el dictamen de la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia en el que se incluía el acuerdo de la Diputación por el que se aprobaba la supresión del enclave de San Antonio, perteneciente a Sukarrieta, dentro del término municipal de Busturia, en cumplimiento del Auto de 23 de noviembre de 2016. PNV, PSE-EE y PP han votado a favor de aparcar dicho texto “por prudencia y seguridad jurídica” hasta que no se resuelva el recurso de casación presentado por Sukarrieta.

En este punto, EH Bildu se ha abstenido al no ser partidario de incluir este debate en el orden del día de hoy, "ni de retirarlo" una vez que se ha presentado. Mientras, Podemos Bizkaia y grupo Mixto han votado en contra de que se postergue tal decisión. La juntera del grupo morado Elsa Pamparacuatro cree que el aval del pleno al texto “no se puede demorar más” pese a que se esté todavía dirimiendo en los juzgados, ya que la decisión que se tome en la Cámara podría ser “reversible” si la justicia sentencia en contra de la normativa. Además, la demora podría ser "de años” y los perjudicados podrían denunciar a la institución foral y pedir “daños y perjuicios”, ha advertido.


MOCIONES Y PROPOSICIONES RECHAZADAS

Por otro lado, el pleno ha tumbado el resto de iniciativas parlamentarias que había presentado la oposición, entre ellas destacaba la Moción de censura registrada por EH Bildu contra la diputada Isabel Sánchez Robles. La Cámara ha desestimado la intención de pedir responsabilidades políticas por su gestión al frente del departamento de Acción Social, entre otras cosas -achacaban 5 motivos- por la “irresponsabilidad” mostrada ante la huelga de residencias. Finalmente, 33 apoderados o apoderadas (PNV, PSE-EE, PP y grupo Mixto) han votado en contra de la moción y 15 a favor (EH Bildu y Podemos Bizkaia).

Asimismo, la Cámara vizcaína ha rechazado también una moción de Podemos Bizkaia para que la Diputación estableciera herramientas en las empresas ubicadas en los viveros para que pudieran realizar evaluaciones periódicas de los servicios en materia de emprendimiento y crecimiento. Por su parte, EH Bildu demandaba del área de Acción Social la realización de una evaluación sobre el nivel de cumplimiento de servicios y prestaciones, que no ha contado tampoco con los apoyos suficientes.

Asimismo, el pleno ha desestimado una proposición no de norma del grupo Popular Vizcaíno para que se instara a la Diputación de Bizkaia y a su sector público, a que flexibilizara sus exigencias y requisitos lingüísticos en el acceso al empleo público. Y, por último, se ha desestimado la demanda de Podemos Bizkaia para limitar los beneficios anuales de los gestores privados de residencias públicas a un 5% de la facturación total.

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