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Fecha08/05/2017

Bilbao

La Diputación reclama 721.750 euros a las residencias por la disminución de servicios en las jornadas de huelga de 2016

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La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, en una comparecencia celebrada hoy en las Juntas Generales de Bizkaia, ha informado a los grupos junteros de las “reclamaciones” remitidas a las residencias por los servicios no prestados durante las jornadas de huelga del año pasado, así como de las razones para pedir al Gobierno vasco un aumento de los servicios mínimos durante los próximos paros. La diputada ha informado que su departamento ha reclamado ya la cantidad total de “721.750, 58 euros” a las empresas gestoras en función de los cálculos realizados por los servicios forales de inspección.

Esta cantidad es la suma de la prestación del servicio “inferior” a la prevista en las residencias en donde sus trabajadores se han sumado a las distintas jornadas de huelga . Trae consigo la necesidad de "detraer" del precio que se ha venido entregando por la Administración foral la cantidad que corresponde “a los costes de personal que no han sido satisfechos al pago de los salarios”, ha concretado Sánchez Robles.

Una vez fijadas las cantidades a devolver por cada residencia, la Diputación “reequilibrará” la relación con las personas usuarias y sus familias, “procediendo a la devolución de cantidades a las personas usuarias del servicio foral residencial ingresadas en residencias en las que su personal haya hecho huelga”, ha dicho.

Según ha precisado Sánchez Robles, la cantidad a devolver a cada persona “se calculará aplicando al precio público satisfecho por ésta durante el día o días en que hubiera existido huelga en la residencia, el mismo porcentaje que se ha considerado para exigir al citado centro residencial la correspondiente devolución”.

La diputada ha señalado que el “trámite de audiencia” en donde las empresas tienen derecho a realizar las alegaciones que consideren oportunas, “está a punto de concluir” y, “a día de hoy, que yo sepa”, la Diputación no ha recibido “ninguna” alegación.

Con respecto a la solicitud de ampliación de servicios mínimos que la Diputación ha realizado al Gobierno Vasco, la diputada ha informado que la cosa “está juzgada” por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que con fecha 26 de abril acordó estimar la solicitud realizada por la Diputación vizcaína de ampliar en un 10% los servicios mínimos en determinados centros.

Esta ampliación de servicios mínimos, medida que ha sido criticada por EH Bildu y Podemos Bizkaia, recaerá sobre centros con un perfil de persona usuaria con gran dependencia reconocida (Grados III y II en un porcentaje superior al 70%), en donde se producían situaciones tipificables como "maltrato" según el protocolo del Estado para centros del IMSERSO.


PROPOSICIONES RECHAZADAS

En la misma comisión de Acción Social de las Juntas Generales de Bizkaia, se han abordado dos proposiciones no de norma. EH Bildu recogía una queja de FEKOOR (la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia), que ha convertido en iniciativa parlamentaria: pedir a la Diputación que reconozca como beneficiarias de ayudas y recursos forales a todas aquellas personas que tengan “reconocida una incapacidad laboral y valorada la discapacidad con un porcentaje inferior al 33%”.

La iniciativa de la coalición abertzale ha sido rechazada por el voto contrario de los representantes de PNV y PSE-EE. Podemos Bizkaia y EH Bildu han votado a favor, mientras PP y grupo Mixto se han abstenido. Nacionalistas y socialistas han considerado “injusto” establecer paralelismos en cuanto a derechos entre, por ejemplo, “una persona alérgica o sin falange, con una persona que tiene una discapacidad del 33%”.

Por su parte, el PP pedía a través de otra iniciativa no de norma que las Juntas Generales de Bizkaia “instasen” a la Diputación Foral a ofrecer en “todos” los centros de día de titularidad foral, servicios “de respiro” los fines de semana a las personas cuidadoras, “antes de finalizar el segundo trimestre del 2017”.

De nuevo, las dos formaciones que sustentan al Gobierno foral han tumbado la iniciativa que, en esta ocasión, ha sido apoyada por toda la oposición. La jeltzale Celia Gómez ha señalado que “no tiene sentido” abrir todos los centros de forma sistemática “sin conocer antes la necesidad real”. La apoderada del PNV ha anunciado que el “próximo 29 de mayo”, se producirá una reunión con “todos” los centros de día del territorio para explicarles la situación, después de conocerse que la Diputación ha probado “con éxito” un programa de respiro los fines de semana en tres centros de día del territorio.


EXPEDIENTE AL BOMBERO “OBJETOR”

En la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia celebrada con posterioridad la diputada Ibone Bengoetxea ha comparecido para explicar, a petición de EH Bildu y Podemos Bizkaia, la apertura de un expediente disciplinario a un bombero del Parque de Urioste por “declararse objetor de conciencia” ante un envío de explosivos a Arabia Saudí desde el puerto de Bilbao.

Bengoetxea ha negado que el expediente se haya abierto por su condición de objetor de conciencia, sino por “supuestamente incumplir las funciones” de su puesto al negarse ”a cubrir un servicio preventivo de seguridad sobre instalaciones y personas”. Bengoetxea ha señalado que el trabajador tiene una relación "estatutaria" con la Diputación por la que tiene "derechos y obligaciones”.

La apertura del expediente disciplinario es un "acto de trámite" que “no se puede finalizar de cualquier manera” y que su gestión corresponde a un instructor funcionario que está “libre de injerencias ajenas”, por lo que no corresponde a “este foro” – las Juntas Generales- o a la Diputación dirimir si el bombero ha incurrido en incumplimiento de deberes o si corresponde establecer alguna sanción, ha explicado.

Las dos formaciones que han pedido la comparecencia de la diputada han lamentado la apertura del expediente a alguien “que ha cumplido con la ley”, ya que “avisó a su superior” de que dejaba su puesto por negarse “a ser cómplice de una matanza en Yemen”, según la portavoz de Podemos Bizkaia, Neskutz Rodríguez. El empleado foral fue sustituido "en apenas 15 minutos".

Por su parte, el representante de EH Bildu Joseba Gezuraga ha considerado que sería “un escándalo” aplicar al funcionario una sanción “dura” como suspenderle de empleo y sueldo durante cuatro años. “Esperamos una sanción mínima” ya que la forma de actuar del funcionario público “no ha tenido consecuencias”.

PP y grupo Mixto han entendido la postura de la Diputación sobre abrir un expediente disciplinario debido al incumplimiento del trabajador y por no incurrir en situaciones de desagravio respecto a otros casos, si bien han pedido “mesura y ponderación” en la sanción, de haberla. “No creo que deba ser ejemplarizante”, ha dicho el portavoz popular Javier Ruiz.

Desde las filas de PNV y PSE-EE, sus portavoces, Jon Andoni Atutxa y Carlos Totorika, han destacado que el expediente está abierto porque lo contempla la reglamentación interna. La resolución de la misma “no se finiquitará por impulsos políticos”, han coincidido. Confían en que el instructor del expediente resuelva el mismo “con ecuanimidad y con arreglo a Derecho”.


RELACIONES CON ISRAEL

Además de esta comparecencia, la sesión de la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de la Cámara vizcaína ha concluido con el debate de una proposición no de norma presentada por EH Bildu y Podemos Bizkaia en relación a las relaciones con el Estado de Israel. Ambas formaciones habían pedido, entre otras cosas, que el Gobierno vasco “rompiera cualquier colaboración con Aviation Links” turoperador que ha anunciado una ruta área a partir del 5 de julio entre Bilbao y Tel Aviv, “mientras dure la ocupación israelí en Palestina”. La propuesta ha sido rechazada en bloque por PNV, PSE-EE, PP y grupo Mixto.

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