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Fecha22/03/2017

Gernika

Las Juntas Generales de Bizkaia aprueban cambios en el IRPF para regular el tratamiento fiscal de las devoluciones por las "cláusulas suelo"

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En el tercer pleno ordinario del año celebrado esta mañana en Gernika, las Juntas Generales de Bizkaia han abordado un total de siete asuntos. La sesión ha arrancado con la aprobación de un Decreto Foral Normativo presentado por la Diputación, con carácter de urgencia, para regular el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las denominadas “cláusulas suelo” con el propósito de “dar respuesta” a las consecuencias que tendrá la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, según ha explicado el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga. A estos efectos, la Diputación ha planteado la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos junteros.

El Decreto añade una nueva disposición adicional trigésimo quinta a la Norma Foral 13/2013. En su primer punto, el texto determina que “no se integrará en la base imponible de este Impuesto –IRPF- la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquéllas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos”.

El cambio normativo, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2017 y tendrá validez para los periodos impositivos anteriores “no prescritos”, supone, en definitiva, que las cantidades que reciban los contribuyentes afectados por estas cláusulas, queden exentas de tributar en el IRPF al no considerarse ganancias patrimoniales, si bien “sí estarán obligados a realizar una nueva liquidación” si hubo desgravación fiscal, ha recordado el socialista Ekain Rico.

El cambio normativo supone una “adaptación literal” del Real Decreto Ley aprobado en enero por el Gobierno central que establece “cauces” para que las y los consumidores tengan la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito, ha apuntado el portavoz del grupo popular, Javier Ruiz.

“Se calcula” que en el País Vasco “80.000 personas” están afectadas por estas cláusulas “abusivas” según ha apuntado la apoderada del grupo Podemos Asun Merinero, quien ha definido las mismas como una “estafa” de las entidades bancarias a la ciudadanía.


CAPACIDAD NORMATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS

A continuación, la Cámara vizcaína ha aprobado por unanimidad la toma en consideración planteada por el grupo Mixto, para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 113 (letra c) del Reglamento de las Juntas Generales, o sea, permitir a los ayuntamientos tener la capacidad de iniciativa normativa ante el parlamento vizcaíno.

El texto reglamentario aprobado con el apoyo de todos los grupos junteros en el año 2015 indica que la Cámara vizcaína tenía que abordar “en el plazo de 9 meses” una Norma Foral para permitir la participación de los municipios vizcaínos en la presentación de proposiciones normativas. Según el planteamiento del grupo Mixto, que venía a “copiar” el contenido de otra norma territorial, los asuntos a incluir en cada propuesta normativa deberán tener “carácter supramunicipal, no pudiendo circunscribirse a los intereses o problemática de un único municipio”, ha recordado el proponente Arturo Aldecoa.

Los dos grupos que sustentan al Gobierno foral –PNV y PSE-EE-, se han mostrado favorables a trabajar porque “así lo establece el Reglamento” y porque las Juntas Generales quieren “impulsar la participación” de los municipios en la construcción del marco normativo del territorio, como “así lo hacían las villas y anteiglesias en el pasado” ha recordado el portavoz jeltzale Jon Andoni Atutxa.

Por su parte, el PP ha pedido que la futura norma incluya una “relación de asuntos” en los que los ayuntamientos no puedan inmiscuirse. Desde Podemos han pedido también un esfuerzo en el “desarrollo” del apartado de la participación ciudadana en los procedimientos normativos. A su vez, el vicepresidente segundo de la Mesa, Joseba Gezuraga, de EH Bildu, ha anunciado que la Cámara decidió "ayer mismo" trasladar el asunto a la Comisión de Reglamento y Gobierno para que lo "encamine" a una ponencia que "está en marcha" para otros asuntos, "con el fin de agilizar" todo el proceso.


MOCIONES RECHAZADAS

El pleno ha tratado después hasta tres mociones derivadas de interpelaciones anteriores de la oposición en una sesión de control. El PP ha defendido, por un lado, que la Diputación tomase “las medidas necesarias” para poner fin al conflicto laboral en los centros residenciales y para garantizar “la dignidad y calidad de vida” en la atención de las personas dependientes. Este grupo no ha conseguido ningún apoyo a su iniciativa. PNV y PSE-EE han votado en contra y EH Bildu, Podemos Bizkaia y Mixto se han abstenido.

En otra moción, EH Bildu y Podemos Bizkaia han solicitado a través de una enmienda transaccional que la Diputación “atendiera” las recomendaciones del Ararteko sobre la prestación de servicios sociales municipales, “14 de ellas” dirigidas a la Diputación foral. La iniciativa, apoyada por el grupo Mixto, ha sido desestimada por el voto contrario de PNV, PSE-EE, mientras el PP se ha abstenido. Jeltzales y socialistas se han referido a que las recomendaciones están hechas "con datos de 2013" y que en estos últimos años se han producido “avances importantes”. El Ararteko ha sido llamado por la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína para dar cuenta de su informe, algo que ya hizo en el Parlamento Vasco el pasado 8 de marzo.


COMPRA DE ENERGÍA 100% SOSTENIBLE

Por su parte, Podemos Bizkaia ha traído a Gernika una petición dirigida a la Institución foral y a sus sociedades forales, para que estas se comprometieran “con los principios de una compra sostenible y responsable” en la contratación pública. Entre otras cosas, han reclamado que el “100% de la energía eléctrica” que se contrate proceda de fuentes renovables. La iniciativa ha sido rechazada por 33 votos en contra (PNV, PSE-EE y PP), 17 favorables (EH Bildu y Podemos) y 1 abstención (Mixto).

Las formaciones que apoyan al Gobierno foral han señalado que el Ejecutivo vizcaíno se ha “comprometido” ya a trabajar en este asunto tal y como se recoge en el plan estratégico Bizkaia Goazen 2030. La Diputación ya ha puesto en marcha iniciativas con los ayuntamientos. En 2016, se subvencionaron proyectos de “34 municipios” de eficiencia energética por valor de “un millón de euros”. Además, se trabaja en dos “vías” para apostar por la energía “verde”: una central de contratación única con “más de 100 entidades adheridas”, basada en “criterios de sostenibilidad, eficiencia y ahorro”; y una guía práctica para la contratación administrativa. PNV y PSE-EE, después de definir la propuesta de Podemos de “temeraria” por la situación actual del mercado energético, han abogado por que se produzca una “transición temporal amplia” hacia esa meta.

En cambio, para la formación morada su propuesta es “realista” y está planteada para “hacer una transición hacia un nuevo tipo de modelo energético”. La Comisión Nacional de Mercados “garantiza” , según el juntero Josean Elgezabal, si el origen de la energía procede de fuentes renovables o no.


CLÁUSULAS SOCIALES

La coalición abertzale ha cerrado la sesión plenaria planteando al pleno la creación de una comisión de estudio en torno a las cláusulas sociales. Su apoderado David Lopategi ha reivindicado la creación de este grupo de trabajo para que intervengan agentes sociales en el desarrollo del Reglamento nacido del Decreto Foral 2/2017 aprobado por la Diputación, criticando que “no ha tenido ningún proceso participativo”.

La iniciativa ha suscitado el rechazo de PNV y PSE-EE. Ambos grupos han defendido el Decreto foral por ser “sólido y operativo” , estar elaborado con “seguridad jurídica”, y por contar con las aportaciones de los agentes sociales en su proceso de elaboración. Las dos formaciones han pedido tiempo para “evaluar” la aplicación de un reglamento de contratación que incluye cláusulas de “igualdad, empleo, comercio justo, medio ambiente o conciliación familiar”.

La creación de esta comisión especial no ha salido adelante por la negativa de estos grupos a apoyarla. La iniciativa de EH Bildu ha contado sin embargo con el visto bueno del resto de grupos de la oposición (Podemos, PP y Mixto).


EN CONTRA DE LA CAMPAÑA DE HAZTE OÍR

Las Juntas Generales de Bizkaia han manifestado, en una Declaración Institucional leída por su presidenta Ana Otadui al inicio de la sesión, su rechazo a la campaña "tránsfoba" de la asociación Hazte Oír, cuyos "mensajes y autobuses no son bienvenidos en nuestras calles" porque son "contrarios a los principios y valores en los que debe sustentarse una sociedad plenamente democrática, como la tolerancia y el respeto a la libertad de elección y la diversidad en materia de género de las personas". (VER DOCUMENTO ADUNTO).