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Fecha17/03/2017

Bilbao

La Diputación foral de Bizkaia presenta alegaciones a la línea de alta tensión Güeñes-Itsaso de REE

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El diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha avanzado hoy en las Juntas Generales, en una comparecencia solicitada por EH Bildu, que la institución foral ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de la línea de alta tensión que Red Eléctrica (REE) pretende desarrollar entre Güeñes e Itsaso. El responsable foral ha señalado que ha sido, en concreto, el departamento de Sostenibilidad y Medio Natural quien ha propuesto modificaciones en un proyecto que atraviesa en parte montes de titularidad foral.

El proyecto, publicado en el BOE el pasado 7 de febrero, ha consumido ya el plazo de alegaciones, según ha informado el diputado, y tanto la Diputación como “algunos ayuntamientos” han decidido presentar modificaciones a una línea que atraviesa el territorio de este a oeste y que vendría a producir “expropiaciones forzosas y servidumbres de paso” al ser una infraestructura estratégica para el Gobierno central. Iruarrizaga no ha desvelado el contenido de estas alegaciones, desviando esta cuestión al departamento que dirige Elena Unzueta.

El responsable foral ha explicado que el Gobierno estaría negociando cambios en el proyecto original con el Ejecutivo central antes de que se produzca la “Declaración de Utilidad Pública”, último paso antes de que arranque el proceso expropiatorio que sería de “obligada aceptación”. Iruarrizaga ha informado también de que su departamento no ha presentado ninguna alegación en lo que toca al patrimonio que gestiona.

El juntero de EH Bildu, David Lopategi, quien había pedido su comparecencia por esta cuestión, ha lamentado que el responsable de Hacienda se limite a comparecer para dar una respuesta “técnica” en lugar de "política", cuando hay muchos municipios y "miles" de ciudadanos afectados por una línea de alta tensión que su grupo considera “innecesaria” y que responde a “intereses de una empresa”. Lopategi ha señalado que la infraestructura no obedece a una “necesidad interna” sino a la pretensión de las empresas eléctricas de exportar energía debido a una “sobreproducción eléctrica”. En 2016, el pico máximo de consumo eléctrico se situó en “40.489” megavatios, cuando el Estado tiene una capacidad para generar “105.000”, ha apuntado.

El portavoz del PP, Javier Ruiz, ha salido en defensa de la línea argumentando que pretende “optimizar los recursos y el sistema, garantizar el suministro y la eficiencia”, y “mejorar la interconexión con Francia”, puesto que la Comisión Europea obliga a mejorar el flujo de energía entre los Estados miembros hasta alcanzar “un 10% de interconexión”. Ha sostenido, además, que el proyecto tiene Declaración de Impacto Ambiental y ha sorteado zonas protegidas.


DOS PROYECTOS DE NORMA PASAN EL TRÁMITE PARLAMENTARIO

La comisión de Economía y Hacienda ha abordado también la presentación, debate y votación de dos proyectos de Norma Foral presentados por la Diputación. Los grupos junteros han acordado dar vía libre al proyecto de Norma Foral de adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que no ha recibido enmiendas de los grupos junteros. EH Bildu y Podemos se han abstenido y el resto de grupos han votado a favor del texto.

Por otra parte, PNV, PSE-EE y PP han apoyado la reforma planteada por la Diputación de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. El dictamen final recogerá seis modificaciones a través de la aprobación de tres enmiendas transaccionales presentadas al inicio de la sesión por estos tres grupos, y otras tres enmiendas parciales (una de PNV y PSE-EE, otra del PP, y una última de EH Bildu).


PRÓXIMO CAMBIO NORMATIVO SOBRE MECENAZGO

Asimismo, en una comparecencia solicitada por Podemos Bizkaia para que la Diputación informase del Decreto 5/2017, de 24 de enero, “referido a incentivos fiscales a entidades sin fines lucrativos en la financiación de eventos culturales”, el diputado de Hacienda y Finanzas ha anunciado la “necesaria actualización” de la norma foral que regula el mecenazgo. Iruarrizaga ha señalado que tras realizar un “análisis” su departamento elaborará un anteproyecto “integral” que será “coordinado” con los otros dos territorios históricos.

En su intervención, Iruarrizaga ha ofrecido algunas cifras de las ventajas económicas que para empresas y contribuyentes supone incluirse en el listado de declaraciones “prioritarias” según la normativa actual. El contribuyente tiene derecho a una deducción del “20%” de las cantidades donadas a las entidades incluidas en las Normas Forales reguladoras del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Según datos de 2015, Hacienda aceptó “18.438” propuestas por valor de “18,3 millones de euros” que tuvieron “un coste fiscal de 3,6 millones de euros”, de los cuales “2,8 millones” afectaron al Impuesto de Sociedades y “800.000 euros” al IRPF.


NO A UN OBSERVATORIO INDEPENDIENTE CONTRA EL FRAUDE

La sesión incluía el debate de una proposición no de norma del grupo Mixto para instar a la Diputación “a impulsar contactos y acuerdos” para la futura creación de un Observatorio del Fraude "independiente" de las administraciones vascas, tal y como recomendaron los tres catedráticos universitarios que elaboraron el informe sobre el fraude fiscal en el País Vasco y que presentaron en otra comisión de Juntas Generales.

PNV, PSE-EE y PP han tumbado la iniciativa aduciendo que ya existe un ente, la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, en la que participan técnicos de las tres haciendas vascas y del Gobierno vasco, que prácticamente tiene las “mismas” funciones que las que se quería otorgar al nuevo ente. “La coincidencia es casi absoluta”, ha dicho el socialista Ekain Rico. Los tres grupos se han negado a crear una nueva entidad con más recursos y presupuestos “para no caer en duplicidades”. A juicio del portavoz del PP Javier Ruiz, el Observatorio presenta “dudas de legalidad” debido a la cesión de datos protegidos de contribuyentes a un organismo independiente.

Por su parte, EH Bildu ha considerado que su creación es “imprescindible” debido a que todavía queda una importante bolsa de fraude en el País Vasco que los expertos catedráticos cifraron en 2.000 millones de euros. Como alternativa, Arantza Urkaregi ha pedido que se abra la comisión existente a la participación de sindicatos, patronal y universidad. El dinero invertido en la lucha contra el fraude “son beneficios para todos”, ha añadido Asun Merinero de Podemos Bizkaia, quien ha pedido que se pongan “todos los medios y algunos nuevos”.

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