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Fecha08/03/2017

Bilbao

Juntas Generales de Bizkaia rechaza instar al Gobierno vasco a que aplique una subida del 8% en la RGI

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El Parlamento de Bizkaia ha debatido hoy una enmienda transaccional de EH Bildu y Podemos Bizkaia que instaba al Gobierno vasco a aplicar una subida del “8%” para este año en la cuantía que reciben los perceptores de la RGI. En la iniciativa, rechazada por el resto de formaciones de la Cámara vizcaína (PNV, PSE-EE, PP y Mixto), se demandaba a su vez la recuperación de “un recorte del 7%” que se ha producido durante “los últimos cuatro años”.

El debate producido hoy en la comisión de Empleo, Inserción Social e Igualdad de las Juntas Generales es un adelanto del que se producirá la semana próxima en el Parlamento vasco y llega dos meses después de que la Cámara autonómica acordara la apertura de un proceso de reflexión de cinco meses sobre esta cuestión.

El grupo Juntero Podemos Bizkaia ha traído a la Cámara vizcaína una proposición no de norma que venía a instar al Gobierno vasco a aplicar la subida del 8% correspondiente al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), adaptando las cuantías establecidas por la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. EH Bildu ha aportado un nuevo matiz al texto desestimado para que se incluyera también dejar “sin efecto el recorte del 7%” producido durante los últimos cuatro años, antes de aplicar la mencionada subida.

Ambas formaciones han defendido “que se cumpla la ley” para que la cuantía mensual básica –“619 euros”- se incremente finalmente en “49,52 euros”. La apoderada Asun Merinero ha defendido esta subida, alejada del “1,5%” que se marcó inicialmente el Ejecutivo vasco al referenciarla al IPC, “por justicia social e igualdad” y porque es "viable" económicamente.

Desde las formaciones que apoyan al Gobierno foral, el socialista Josu Montalbán ha defendido, de conformidad a lo aprobado por el propio Parlamento Vasco en diciembre con el apoyo de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Podemos Bizkaia, que la Cámara vizcaína se sumase al proceso de “reflexión” de “5 meses” abierto sobre la RGI. Del análisis, se extraerán conclusiones sobre "el índice de referencia a tener en cuenta", y sobre el “impulso a nuevos programas y recursos para la activación laboral”. En una enmienda presentada conjuntamente por Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos se cita también este aspecto para permitir la inserción laboral de las personas que perciben la Renta de Garantía de Ingresos , en un intento por evitar “situaciones de cronificación”.

Podemos Bizkaia ha sostenido que la enmienda de PNV y PSE-EE supone “utilizar los mismos trucos de siempre” para poner “una sombra de duda” sobre las personas que cobran la RGI, al ligar su contenido con políticas de empleo. En esta línea el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, ha tachado la oferta de “declaraciones frías y calculadas”.

La jeltzale Ana Esther Furundarena ha invitado a estos grupos a apoyar desde Bizkaia el “gran acuerdo” alcanzado en Vitoria, del que sólo se desmarcó el PP. Para ella, Euskadi fue “pionera” en 1989 con la implantación de esta ayuda que “a muchos les cuesta reconocer” y ha defendido que la RGI siga siendo una herramienta “adecuada” para reducir los índices de pobreza y exclusión. En parte gracias a ela, la tasa de pobreza en Euskadi que en 1986 se encontraba en el "16,1%", bajó en 2014 hasta el "5,9%". Eso sí, para su grupo esta ayuda, “basada en la solidaridad”, debe preservar su “sostenibilidad”.

Furundarena ha querido demostrar con datos los esfuerzos de Euskadi en este terreno, algo que “cuesta que reconozcan aquí algunas formaciones” pero que "sí reconoce por ejemplo el líder de Podemos" -en referencia a Pablo Iglesias- quien “muchas veces pone como ejemplo” en el Estado el sistema de protección vasco, ha recordado. La jeltzale se ha referido a los “177 euros” que dedica Euskadi por persona a esta renta, frente a los “183 euros” de Alemania (con 20.000 euros más de renta per cápita), los “143 euros” de Gran Bretaña o los “apenas 11 euros” de España. “Vean en qué franja nos movemos”, ha dicho.

Por su parte, el PP, en boca de su apoderado Eduardo Andrés, ha recordado que su grupo defiende la modificación de la RGI para que cumpla con su función “temporal” -excepto para los pensionistas- ya que advierten de que en el País Vasco esta renta “se está cronificando”. Ven necesario un cambio en la regulación “para terminar con el fraude y las irregularidades, sin que esto sirva para sembrar la duda sobre sus perceptores”, los cuales “la mayoría son honrados y quieren integrarse en el mercado laboral”. A juicio del apoderado popular, debe servir para amparar a “personas que realmente lo necesiten”.

Por su parte, el representante del grupo Mixto, Arturo Aldecoa, ha animado a que esta cuestión se debata en el Parlamento Vasco por una cuestión competencial, ya que el asunto afecta al Presupuesto del Gobierno vasco, aunque ha defendido que se haga un análisis sobre la viabilidad de la subida que se plantea.


CONVENIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Por otro lado, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en una comparecencia solicitada por EH Bildu, se ha referido a los motivos que provocan que existan convenios de diferente limite temporal (6 o 12 meses) en 2017 con las asociaciones del tercer sector.

La diputada ha señalado que el límite temporal en los convenios firmados “no es una novedad” con respecto a otros años, aunque ha advertido que los acotados a seis meses, que tienen la posibilidad de prorrogarse otros seis, enlazan con un “replanteamiento” de los programas con entidades sin ánimo de lucro y un criterio “de prudencia” debido a que este año se está produciendo una “adecuación” de las políricas forales de inclusión a las exigencias del nuevo Decreto de Cartera de Servicios Sociales.

Para el portavoz de EH Bildu, Josu Unanue, esta adecuación, que se producirá tras un “recorte” presupuestario del “2,8%”, está abriendo cierta “inestabilidad” laboral en el tercer sector, ya que la misma provoca que “se echen a trabajadores a la calle”.

Laespada ha mantenido que la Diputación garantiza la continuidad de los programas. La referida “bajada” corresponde a las Ayudas de Inserción Social (AIS) que se adecuaron a una nueva situación ya que el año pasado “no se agotaron”. La Diputada cree, por contra, que el replanteamiento de las políticas de inclusión social por el nuevo Decreto de Cartera, producirá un incremento “neto” del número de trabajadores. En el futuro, y una vez que el Decreto esté “afincado” la Diputación volverá a los convenios “dos más dos” (dos años con posibilidad de prórroga para otros dos ejercicios).

En estos momentos, la Diputación ha firmado, según Laespada, “15 convenios” de 6 meses de duración, “10 convenios” de 12 meses y “28 convenios” de un año con posibilidad de prórroga para otro. Los acuerdos de medio año dirigidos en mayor medida a programas para personas drogodependientes y con enfermedades mentales, suman una inversión total de “2.684.790 euros”; y, el resto, que se refieren a otros programas de inclusión social no incluidos en la Cartera de Servicios Sociales, alcanzan un montante de “1.671.709 euros”.

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