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Fecha07/02/2017

Bilbao

Las Juntas Generales analizarán la clasificación de "personas con discapacidad" a los efectos de su "exención" en el transporte público

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La comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado hoy una enmienda transaccional de los grupos junteros PNV, PSE y Mixto para “analizar en el seno de la Comisión de Integración Tarifaria, tras la propuesta realizada por Fekoor, la virtualidad de modificar la clasificación de personas con discapacidad, o de personas de apoyo a las mismas, a los efectos de la exención en el pago de billete en Metro o en Bizkaibus”.

El grupo juntero Mixto traía inicialmente a la comisión una proposición no de norma para que se ampliase el colectivo de personas con discapacidad que se benefician de descuentos en el transporte público. La demanda venía a recoger una recomendación que había hecho la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia (Fekoor), según ha explicado el apoderado Arturo Aldecoa.

Su iniciativa pretendía instar a la Diputación a cambiar la regulación de la tarjeta Barik con el fin de incluir rebajas de tarifas en Bizkaibus y Metro Bilbao “a las personas afectadas por una discapacidad física superior al 33%”, cuando, en la actualidad, para viajar con al billete Gizatrans se pide una discapacidad “igual o superior al 65%”. Asimismo, en la iniciativa original se solicitaba la “exención” de pago de billete a los acompañantes de personas con movilidad reducida.

El texto final, apoyado por todos los grupos junteros de la Cámara, a excepción de Podemos Bizkaia que se ha abstenido, apuesta por "analizar" la iniciativa de Fekoor dentro de la Comisión de Integración Tarifaria de las Juntas Generales.


INVESTIGADO UN FUNCIONARIO DE HACIENDA POR “12 DELITOS”

Los grupos junteros EH Bildu y Mixto firmaban sendas peticiones de comparecencia para que la Diputación ofreciera información sobre la imputación de un funcionario de Hacienda por la venta de datos privados. En informaciones aparecidas en los medios de comunicación a mediados de enero se decía que la Fiscalía Anticorrupción acusaba al trabajador del fisco vizcaíno de un “delito contra la intimidad” al revelar datos de dos particulares en los años 2006 y 2011, según han recordado ambos grupos, por lo que se le pedía “16 años de cárcel” por su supuesta implicación en una trama.

En relación a este asunto, la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea ha comparecido por la tarde en la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia informando de que la Diputación ha cursado “hoy mismo” una orden foral incoando un expediente “disciplinario” que implica la “suspensión provisional” de las funciones del trabajador hasta que haya una resolución judicial “firme”.

La Diputación foral de Bizkaia ha dado este paso tras recibir esta mañana confirmación oficial del caso por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, institución judicial que ha abierto juicio oral por “12 delitos” supuestamente cometidos por el funcionario de Hacienda. A preguntas de los grupos junteros, Bengoetxea ha confirmado que estos delitos corresponden a "tres tipos penales diferentes": seis serían delitos por revelación de secretos, cinco contra la intimidad y un delito continuado de cohecho.

Bengoetxea ha confirmado que sobre esta persona recayó una investigación interna en el año 2012 que concluyó sin resultados, algo que han criticado después los grupos de la oposición que se han mostrado “preocupados” por la “gravedad” del caso y por "posibles fallos" en los controles de la Hacienda foral. La diputada "desconoce" en estos momentos si los supuestos delitos por los que se acusa hoy al funcionario, coinciden con los que la Institución foral investigó hace cinco años, pero en aquella ocasión el caso se archivó “al entender que en ese momento no existían evidencias de infracción alguna”, ha dicho.

La diputada ha insistido en que la entidad foral "no es responsable" de las irregularidades presuntamente cometidas por un funcionario. “La Diputación puso todos los medios a su alcance para que este tipo de delitos no se cometieran. Pero una vez que alguien ha perpetrado un ilícito, el autor es el único responsable”. Además, Bengoetxea ha insistido en que el servicio de Hacienda dispone de mecanismos “para garantizar la protección de los datos de los contribuyentes” y cumple la legislación vigente en esta materia.

Respecto a si la Diputación se personará en la causa, Bengoetxea ha pedido tiempo para analizar una notificación oficial que ha sido recibida hoy, después de que la institución foral demandara esta comunicación en cuanto se conocieron los hechos. La diputada ha dicho desconocer quienes son las personas supuestamente perjudicadas por el funcionario de Hacienda.

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