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Fecha03/02/2017

Bilbao

Catedráticos de la UPV sostienen que existe "un amplio margen de mejora" en la lucha contra el fraude fiscal

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Los catedráticos de la UPV/EHU Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho, y Mari Carmen Gallastegi, responsables del informe "Economía Sumergida y Fraude Fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca" han acudido esta mañana a las Juntas Generales de Bizkaia para exponer la metodología, conclusiones y recomendaciones de su estudio, invitados por la comisión de Economía y Hacienda. Según ellos, las Diputaciones “han hecho mucho” por reducir el índice de fraude fiscal que en Euskadi lo han situado en una media “del 17,4%” entre 2011 y 2014, pero consideran que existe todavía “un amplio margen de mejora”.

En la comparecencia, Ignacio Zubiri ha detallado que este tipo de mejoras se pueden dar tanto en el terreno legislativo como en la dedicación de recursos específicos a luchar contra el fraude fiscal por parte de las Haciendas forales, si bien, en este aspecto, Euskadi está curiosamente por delante de países como EE UU en donde, en términos porcentuales, existen menos funcionarios dedicados a las tareas de inspección y mejores resultados.

El informe, encargado por el Gobierno vasco, realiza una estimación de la economía sumergida en Euskadi mediante varios métodos de estimación del fraude, métodos utilizados habitualmente en los análisis comparados tanto por distintos investigadores académicos como organizaciones internacionales. Incluye "infradeclaraciones de producciones y ventas al consumo" pero no el fraude por "rentas exteriores, ingeniería financiera de empresas, impuestos sobre la riqueza o deslocalizaciones”, han advertido.

El estudio señala que en el periodo 2011-2014 la economía sumergida de la Comunidad Autónoma de Euskadi se estima que es del “17,4% del PIB” porcentaje que se mantiene entre “4 y 5 puntos” por debajo de la estimada en la mayoría de estudios para el resto del Estado.

El informe apunta que, durante el segundo cuatrienio de crisis económica 2011-2014, la pérdida de recaudación debida a la existencia de la economía sumergida ha supuesto "una minoración de recaudación de más de 3.700 millones de euros anuales", de los que “un poco más de 2.000 millones” corresponden a impuestos gestionados por las Haciendas vascas.

El equipo de Catedráticos de la UPV indica algunos motivos de la posición más favorable de Euskadi frente al Estado: disponer de un sector industrial con mayor peso en la estructura económica de Euskadi; territorios más pequeños que hacen más fáciles las labores de supervisión; o actuación "más eficaz" de las autoridades fiscales vascas. Zubiri ha comparado que en relación con Europa, el dato de Euskadi está “en torno a la media”, aunque lejos de países como Suiza u Holanda.

En el informe se indica también que el empleo oculto en Euskadi está significativamente por debajo del existente en el Reino de España. Según datos de Inspección de Trabajo se detectaron en ese periodo “casi 2.400 empleos irregulares” en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que viene a ser “6,5 empleos por cada 100”, cuando en el Estado español esta cifra se sitúa en “15,1”.

El estudio incluye “recomendaciones” para las Haciendas forales, entre las que Zubiri ha destacado: “ampliar” los modelos de análisis por impuestos, “perfeccionar” las bases y los métodos contables, elaborar “indicadores de eficiencia”, establecer medidas para “detallar” esa economía sumergida, y crear un “Observatorio independiente” de lucha contra el fraude fiscal, cuestión esta última a la que se han sumado después algunos grupos de la oposición como EH Bildu, Podemos Bizkaia y grupo Mixto.

Según Zubiri, este observatorio debería realizar una “valoración” del fraude en el País Vasco y estudios en los que se incorporen también los recursos que dedica cada Hacienda. Además, esta entidad tendría que tener capacidad para “elevar propuestas de mejora” a las instituciones públicas en la lucha contra el fraude fiscal. Ha puesto como ejemplo países como Reino Unido u Holanda en donde ya existe algo parecido, al igual que en Navarra en donde una comisión especial ha incorporado a miembros ajenos a la Administración.

La catedrática Gallastegui ha añadido que Euskadi “no está en una mala posición” en este asunto, ya que se está “en la media europea”. Ha incidido en la importancia de que se dé a conocer ese fraude como “incentivo” para que la ciudadanía sea “honesta” en sus declaraciones. Por su parte, Fernández-Macho se ha parado en la idoneidad de unir “voluntades y colaboración” entre la universidad y las instituciones públicas.

Los grupos junteros han destacado por igual la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como elemento para conseguir “equidad y justicia social”. EH Bildu, Podemos Bizkaia y grupo Mixto han abogado por la creación del “observatorio independiente”, mientras que el PP se ha centrado en que se trabaje “por cambiar la cultura fiscal” de la ciudadanía que es “la raíz del problema”. Llama la atención que el “50% de los encuestados lleguen a afirmar que pagar impuestos no sirve para nada”. Para el portavoz popular, Javier Ruiz, , hay que actuar de forma preventiva “a todos los niveles” en contra de lo que ha llamado “la cultura del escaqueo fiscal”.

Por su parte, PNV y PSE-EE han puesto en valor el trabajo de las Administraciones vascas, “de diferente color político” en la lucha contra el fraude. El socialista Ekain Rico ha sacado a relucir la reforma fiscal realizada en Bizkaia en 2013, con apoyo de nacionalistas, socialistas y populares, o el más cercano acuerdo de Gobierno en donde se incluye un “compromiso de continuación” en medidas contra el fraude. El jeltzale Unai Lerma ha destacado, por su parte, que el fraude fiscal en Euskadi se sitúe en la “media europea” y “cinco puntos por debajo” del existente en el Estado.

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