Batzar Nagusiak - Juntas Generales - Bizkaia

Acceso miembros

HACIENDA Y FINANZAS

B4 NORMA FORAL 3/2006, DE 16 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

(BOB nº 231, de 4 de diciembre de 2006)
PREAMBULO
I
Con arreglo al Estatuto de Autonomía, en su artículo 37.3.d) y la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de los Territorios Históricos, en su artículo 7.a.7), éstos tienen competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo, para regular, entre otras materias, los bienes provinciales, tanto de dominio público como patrimoniales.
Tal competencia se actuó mediante la Norma Foral 1/1989 de 14 de febrero que ha constituido en los últimos años la normativa patrimonial fundamental del Territorio Histórico de Bizkaia.
El proceso general de renovación normativa que ha afectado a cuerpos legales básicos que regulan la actividad de las Administraciones Públicas y, en particular, la promulgación por el Estado de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ha activado un proceso de sustitución de las diversas leyes patrimoniales de las Comunidades Autónomas. La oportunidad de actualizar la normativa patrimonial del Territorio Histórico viene además aconsejada por la escueta regulación de la Norma Foral 1/1989, que requiere, como dice su Preámbulo, un complemento reglamentario adecuado que no se ha producido.
II
La presente Norma Foral, del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia tiene así por objeto, en el marco de esa normativa básica y general, establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos de dominio público así como de los patrimoniales que por cualquier título le pertenezcan.
Se parte de un concepto amplio que subjetivamente engloba, en primer término, a las Juntas Generales, que como Órgano máximo de representación y participación se le reconoce, siguiendo el modelo de tipo parlamentario, autonomía patrimonial. En segundo lugar, a la Diputación Foral, como Administración General del Territorio Histórico de Bizkaia; finalmente se sujetan a la norma las entidades de naturaleza pública que integran el Sector Público Foral, excluyéndose, en consecuencia, del ámbito de la Norma las sociedades y demás entidades de derecho privado aun cuando, conforme a la normativa reguladora de la Hacienda Foral, formen parte de aquél.
En cuanto al ámbito objetivo, además de la exclusión de los bienes y derechos hacendísticos, se considera necesario que las propiedades administrativas especiales –carreteras, montes... se rijan en primer término por su legislación específica y, supletoriamente, por lo dispuesto en la presente Norma Foral y demás normas complementarias o de desarrollo.
Por lo demás, la Norma Foral sigue modelos ya conocidos, a veces impuestos por la normativa básica y general, como es la clasificación de los bienes en las dos categorías de demaniales y patrimoniales, y otras por conveniencia, tomando como referencia normativa patrimonial sobre la que existe ya una consolidada práctica o que resulta más cercana. En cuanto a la distribución de competencias se mantiene la intervención de las Juntas Generales y de la Diputación Foral, como órgano colegiado, en los asuntos de mayor trascendencia, de conformidad con la actual regulación contenida en al Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, y sin perjuicio de la ordinaria gestión que corresponde a los distintos Departamentos y entidades sobre los bienes que tienen a su cargo, se han querido mantener y reconocer al Departamento con competencia en materia de patrimonio atribuciones como centro directivo del conjunto del Patrimonio del Territorio Histórico.
III
La Norma Foral se estructura en nueve Títulos, con un total de ciento veintidós artículos. Cuenta asimismo con tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Titulo I se ocupa de las disposiciones generales dividido en tres Capítulos. Tras un primer Capítulo dedicado a cuestiones generales que definen el ámbito, contenido, clasificación y régimen jurídico del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, en el Capítulo segundo destaca lo relativo a la titularidad de los bienes inmuebles y otros de especial significación que, a salvo la autonomía patrimonial de las Juntas Generales, se ha querido que sean de la titularidad de la Administración General del Territorio Histórico, excluyendo la posibilidad de que entes institucionales puedan adquirir y ser propietarios de los mismos y considerando más adecuado, por razones de gestión patrimonial, que la disponibilidad de aquellos se obtenga por las entidades dependientes o vinculadas a la Administración territorial a través de la técnica de la adscripción. La regla anterior tiene, sin embargo, como excepción la de las adquisiciones gratuitas en que resulta difícil desconocer la voluntad del disponente. Por el contrario, tratándose de bienes muebles la titularidad y las competencias para su adquisición y disposición corresponde a la entidad que los precisa.
Constituye una novedad de la Norma Foral la unificación de las inscripciones registrales de bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos y en su caso de arrendamiento de inmuebles, así como de los derechos de propiedad incorporal a favor del Territorio Histórico de Bizkaia cualquiera que sea la entidad adquirente.
En lo referente a las competencias, se ha prescindido en sede de disposiciones generales de un listado de las que corresponden a cada una de los órganos y entidades, dejando dicha concreción a la regulación que corresponde según el tipo de acto a realizar.
Por último, en un último tercer Capítulo se ubican dos preceptos, uno dedicado a la tasación de los bienes y derechos, para todos aquellos supuestos en que la Norma Foral lo precise y otro, novedoso, aunque no sin precedentes en otras leyes patrimoniales autonómicas, que contiene una previsión en cuanto a los seguros que convenga concertar.
IV
El Titulo II, dividido en cinco Capítulos, regula la protección y defensa del Patrimonio, con un contenido definido en gran medida por la normativa básica y general. Después de recoger las obligaciones de defensa, custodia, colaboración e información y las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos, de acuerdo con lo que también se establece en la normativa reguladora de la Hacienda Foral, así como con el criterio del Tribunal Constitucional en la Sentencia 166/1998 respecto de la inembargabilidad de los mismos, se establecen las obligaciones de inventario, formalización de títulos e inscripción registral, dando un cometido centralizador al Departamento competente en materia de patrimonio, para terminar con la regulación de las potestades o prerrogativas, conocidas, de investigación, recuperación posesoria, deslinde y desahucio administrativo.
El Título III se ocupa de la adquisición de bienes y derechos. Después de un Capítulo introductorio, en el que se contempla la adquisición de bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y una posterior enumeración ad exemplum, se regulan en el Capitulo II las adquisiciones a título gratuito, fundamentalmente en cuanto a la competencia para su aceptación y después, en el Capitulo III, las adquisiciones onerosas, para las que se establece la regla general de la concurrencia y publicidad, aunque con las necesarias excepciones en que se admite la adquisición directa, debiéndose incorporar al expediente, entre otras justificaciones, el informe jurídico sobre el procedimiento y condiciones proyectadas. Por último, se dedica un último Capítulo IV, con remisión a la normativa específica que resulte de aplicación, a las adquisiciones sometidas a la normativa de contratación administrativa, expropiación forzosa, o adjudicaciones en procedimientos de ejecución, judiciales o administrativos.
V
Los Títulos IV y V se dedican a la demanialidad, tanto a la entrada y salida de un bien o derecho al dominio público y a su uso por las entidades a las que se aplica la Norma Foral, como al régimen de uso y aprovechamiento por terceros.
El Título IV se rubrica de la “afectación, adscripción y mutación demanial”, dividido en cuatro Capítulos que, después de un primer Capítulo dedicado disposiciones generales sobre competencia y procedimiento, se ocupan sucesivamente de la afectación y desafectación, siendo la vinculación o destino del bien o derecho al uso o servicio público el elemento esencial del demanio. En la mutación demanial se incorpora como novedad, ya prevista en la normativa estatal y autonómica más reciente, la mutación externa; por último, se dedica un Capítulo a la adscripción y desascripción, siendo ésta concebida como la vinculación orgánica del bien o derecho a un determinado Departamento o entidad del sector público foral, incluso de naturaleza jurídica privada.
El Título V rubricado como “Otras formas de uso y aprovechamiento de los bienes demaniales” recoge el acervo conocido acerca del régimen de las autorizaciones y concesiones demaniales. Consta de cinco Capítulos. El primero establece las distintas clases de usos –común, general o especial, y privativo- y la clásica exigencia de título habilitante, sin grandes novedades respecto de la normativa precedente. Los tres siguientes Capítulos se ocupan de las concesiones y autorizaciones demaniales estableciendo, tras unas disposiciones generales a ambas, la regulación concreta de cada título. Rige en esta materia el principio de otorgamiento discrecional de las mismas. En cuanto al plazo de vigencia se acepta el plazo de cinco años para las autorizaciones, a salvo las prórrogas con el límite de treinta años, y para las concesiones se fija como límite temporal el de setenta y cinco años. Por último se dedica un Capítulo a la posibilidad de que la Diputación Foral de Bizkaia pueda reservarse el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al uso general, por razones de utilidad pública o interés general, en términos ya conocidos en la normativa precedente de referencia.
VI
El Titulo VI se ocupa de la gestión de los bienes y derechos patrimoniales regulando la enajenación, cesión de uso y demás formas de disposición y explotación de los mismos.
Se divide en tres Capítulos. El primer Capítulo establece las disposiciones generales aplicables a la materia estableciendo el principio de libertad de pactos, la exigencia de expediente en que se justifique el acto de que se trate o el silencio negativo por el transcurso del plazo de seis meses establecido para su resolución y notificación.
El Capítulo segundo es el más extenso regulando los actos onerosos. Se intenta dotar a la regulación de cierta flexibilidad en cuanto a las modalidades de negocios que se pueden concertar, típicos o atípicos, así como en el contenido concreto de las prestaciones, y como novedad, tomada de la normativa estatal de referencia, se contempla la posibilidad de que las entidades se incorporen, en tanto propietarias, al proceso de ejecución urbanística mediante aportaciones de bienes o derechos a juntas de compensación o la posibilidad de enajenar, con las cautelas debidas, bienes litigiosos. En cuanto a las competencias para acordar el acto de que se trate, se mantiene la competencia del órgano colegiado de la Diputación Foral de Bizkaia cuando tengan por objeto bienes inmuebles y asimilados, con la necesaria autorización de las Juntas Generales, ya establecida en la normativa institucional del Territorio Histórico cuando el valor del inmueble excede de determinado importe, aunque se requiera ahora cualquiera que sea la naturaleza del bien o derecho a enajenar. De otro lado, se establece como forma de adjudicación ordinaria la subasta, si bien se admite el concurso y la adjudicación directa con una regulación que guardan similitud, aunque con las precisas diferencias, con la normativa de contratos de las Administraciones Públicas que ha inspirado también la normativa estatal.
Por último el Capítulo III se ocupa de los actos de disposición gratuitos, sin grandes novedades respecto de la regulación precedente aunque actualizándola a las nuevas necesidades de cesión gratuita de bienes y derechos. Se establecen los principios ya conocidos de vinculación al fin, temporalidad hasta un máximo de treinta años y la reversión del bien o derecho a su extinción.
VII
El Título VII se dedica al Patrimonio empresarial del Territorio Histórico de Bizkaia, a modo de la reciente regulación estatal y autonómica. Se trata de una regulación básica de las principales cuestiones que suscita, sin perjuicio del desarrollo reglamentario que contemple las singularidades y diversidad de situaciones que la titularidad de valores representativos de aportaciones a sociedades y entidades de naturaleza jurídico privada genera. Se establecen así las reglas generales de competencia y procedimiento para su adquisición y enajenación, concediendo el protagonismo al órgano colegiado de la Diputación Foral de Bizkaia en cuanto a las decisiones correspondientes, así como para el ejercicio de los derechos políticos que conlleva aquellas titularidades actuando ordinariamente a través del Departamento competente en materia de patrimonio.
El Titulo VIII incorpora bajo la rúbrica “Convenios con entidades del Sector Público” la posibilidad de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Norma Foral de celebrar convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas, o entidades de naturaleza jurídico privada pertenecientes al Sector Público, recogiéndose de forma expresa en la norma patrimonial la posibilidad genérica establecida en la normativa administrativa general. Interesa destacar la distinción, con requisitos diferentes para su celebración, entre los Convenios marco o protocolos generales, frecuentes en la práctica y los Convenios inmediatamente ejecutivos.
Por último, el Título IX establece el régimen sancionador y de responsabilidad por daños y perjuicios, a consecuencia de la comisión de las infracciones administrativas, que protegen el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia. En cuanto al régimen jurídico es preciso tener en cuenta, además de los principios de la potestad y procedimiento sancionador establecidos en la normativa básica del Estado y en la de desarrollo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la llamada a la supletoriedad de la normativa estatal vigente en la materia en cuanto al desarrollo del procedimiento. Las infracciones administrativas tipificadas se clasifican en leves, graves y muy graves estableciéndose en materia de sanciones la multa adecuada a la entidad del daño causado y el deber general de reparación. Se establecen asimismo las reglas generales de procedimiento por remisión a la normativa antes citada y de competencia para terminar, en cuanto a la ejecución de las sanciones impuestas, con la posibilidad de imponer multas coercitivas independientes de aquellas y con el principio tradicional en nuestro ordenamiento jurídico de la preferencia penal.
VIII
Termina la Norma Foral con las necesarias disposiciones adicionales, transitoria y finales. Las disposiciones adicionales de un lado regulan la actualización de las cuantías establecidas en la misma, y de otro lado, realizan las oportunas adaptaciones que la entrada en vigor de la Norma Foral va a suponer en la normativa institucional del Territorio Histórico.
En cuanto a la disposición transitoria se ha querido que los expedientes en curso se rijan desde la entrada en vigor de la Norma Foral por la misma, manteniendo la validez de los actos de trámite ya realizados y que no resulten incompatibles con la nueva regulación.
Por último, las disposiciones finales contienen la oportuna habilitación reglamentaria de la Diputación Foral estableciéndose de otro lado la entrada en vigor el uno de enero de dos mil siete.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I:
ÁMBITO, CONTENIDO, CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Norma Foral tiene por objeto establecer el régimen jurídico del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
2. Constituye el ámbito subjetivo de aplicación de la presente Norma Foral:
a) Las Juntas Generales de Bizkaia.
b) La Diputación Foral de Bizkaia, como Administración General del Territorio Histórico de Bizkaia.
c) Los Organismos y entidades forales de naturaleza pública que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia.
3. Los bienes y derechos propiedad de las sociedades mercantiles forales así como en general de las entidades de naturaleza jurídica privada que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia no quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Norma Foral, sin perjuicio de lo que se establece en el Titulo VII sobre el Patrimonio empresarial y de lo dispuesto en la propia norma de creación de las mismas.
Artículo 2. Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia
1. El Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia está integrado por todos los bienes y derechos que por cualquier título pertenezcan o se atribuyan a las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral.
2. No se entenderán incluidos en el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su Hacienda ni, en el caso de los Organismos y entidades forales de naturaleza pública, los recursos que constituyen su Tesorería.
Artículo 3. Régimen jurídico
1. El Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia se regirá por la normativa básica y de aplicación general del Estado, por la presente Norma Foral, por las disposiciones que se dicten en su ejecución y desarrollo, por las demás normas de derecho público que resulten de aplicación y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
2. Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia y sometidos a legislación administrativa específica se regirán en primer término por la misma y, supletoriamente conforme a lo dispuesto en el apartado primero del presente artículo.
Artículo 4. Clasificación
Los bienes y derecho que integran el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia se clasifican en demaniales o de dominio público y patrimoniales o de dominio privado.
Artículo 5. Bienes y derechos demaniales o de dominio público
1. Son bienes y derechos demaniales o de dominio público los que siendo de titularidad de las entidades del artículo 1.2 de la presente Norma Foral se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como a aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.
2. En todo caso, tienen tal carácter los inmuebles de su titularidad en los que se alojen sus servicios, oficinas o dependencias.
Artículo 6. Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales
1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que siendo de titularidad de las entidades del artículo 1.2 de la presente Norma Foral no tengan el carácter de demaniales.
2. En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales:
a) Los derechos de arrendamiento
b) Los derechos de propiedad incorporal
c) Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en sociedades mercantiles o entidades de derecho privado, o de obligaciones emitidas y otros valores cualesquiera que sea su forma de representación.
d) Las parcelas sobrantes.
e) Los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.
Capítulo II
Titularidad, competencias y facultades
Artículo 7. Titularidad y principios de actuación.
1. La propiedad y titularidad de los bienes y derechos corresponde a la entidad del artículo 1.2 de la presente Norma Foral que conforme a la misma los haya adquirido.
2. La adquisición de bienes inmuebles, derechos reales y de arrendamiento sobre los mismos y de derechos de propiedad incorporal corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, cualquiera que sea el fin a que vayan a afectarse o la Institución, Organismo o entidad a que vayan a adscribirse. Se exceptúan de la regla anterior:
a) Las adquisiciones que realicen las Juntas Generales de Bizkaia en virtud de la autonomía patrimonial que les corresponde conforme a sus normas reguladoras y a la presente Norma Foral.
b) Las adquisiciones de herencias, legados y donaciones en que se designe como beneficiaria una entidad del artículo 1.2 de la presente Norma Foral distinta de la Diputación Foral de Bizkaia.
A la inscripción registral de las adquisiciones previstas en los anteriores apartados a) y b) será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 de la presente Norma Foral.
3. Las entidades del artículo 1.2 de la presente Norma Foral ajustarán sus actuaciones en materia patrimonial al principio de lealtad institucional, observando las obligaciones de información mutua, cooperación, asistencia y respeto a las respectivas competencias, y ponderando en su ejercicio la totalidad de los intereses públicos implicados.
Artículo 8. Autonomía Patrimonial de las Juntas Generales de Bizkaia
1. Las Juntas Generales de Bizkaia gozan de autonomía patrimonial, correspondiéndoles sobre los bienes y derechos que adquieran o tengan adscritos las mismas competencias y facultades que se atribuyen en la presente Norma Foral a la Diputación Foral sobre los bienes de su titularidad, que las ejercerán a través de los órganos establecidos en sus normas reguladoras.
2. Las Juntas Generales de Bizkaia comunicarán a la Diputación Foral de Bizkaia a través del Departamento competente en materia de patrimonio los actos que incidan sobre los bienes y derechos que tengan adscritos o adquieran.
3. La formalización notarial o administrativa e inscripción registral de los negocios jurídicos que celebren sobre los bienes inmuebles, los derechos reales y de arrendamiento de inmuebles y los derechos de propiedad incorporal se realizarán a nombre del Territorio Histórico de Bizkaia.
Artículo 9. Competencias y facultades
1. La Diputación Foral de Bizkaia ejercerá con respecto de los bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia de su titularidad las competencias y facultades que le reconoce la presente Norma Foral y demás que resulten de aplicación, actuando a través del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de patrimonio, salvo que dichas competencias y facultades se encuentren expresamente atribuidas por esta u otra Norma a órgano o entidad distinta, y sin perjuicio de las facultades inherentes al acto de adscripción.
2. Los Organismos y entidades forales de naturaleza pública previstos en el artículo 1.2. c) de la presente Norma Foral ejercerán con respecto de los bienes y derechos de su titularidad, así como respecto de los que tengan adscritos, las competencias y facultades que les reconoce la presente Norma Foral y demás que resulten de aplicación, actuando a través de los órganos que establezcan sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, a través del que ostente su representación legal.
3. El Departamento competente en materia de patrimonio se hallará representado en todas las entidades integradas en el Sector Público del Territorio Histórico de Bizkaia que utilicen bienes o derechos titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia. A estos efectos se entiende por Sector Público del Territorio Histórico de Bizkaia el que determine la normativa foral pertinente.
4. A salvo las competencias atribuidas a las Juntas Generales por esta u otra Norma, las competencias relativas a la adquisición, utilización, gestión, administración, explotación, enajenación y otros actos de disposición de los bienes y derechos de que integran el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia podrán ser objeto de desconcentración o atribución a órgano o entidad distinta mediante Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio. Igualmente la Diputación Foral, con la misma limitación respecto de las competencias atribuidas a las Juntas Generales podrá avocar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier acto de adquisición, gestión, administración, enajenación y disposición de bienes y derechos de dicho Patrimonio.
Capítulo III
Tasación y seguros
Artículo 10. Tasación y valoración contable
1. Las valoraciones de los bienes y derechos que deban realizarse para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Norma Foral u otras que resulten de aplicación deberán explicitar los parámetros en que se fundamentan y serán realizadas como regla general por personal técnico dependiente del Departamento competente en materia de patrimonio y tratándose de bienes muebles por personal técnico del Departamento o entidad competente para resolver el expediente, sin perjuicio del valor que contablemente corresponda. No obstante, el titular del Departamento competente en materia de patrimonio y, tratándose de bienes muebles, el titular del Departamento interesado u órgano competente de la entidad que haya de resolver del expediente, podrá requerir que la tasación sea aportada por quien inste el expediente, recabar la colaboración de otros órganos de la Diputación Foral de Bizkaia o, con carácter excepcional, encargarla a sociedades de tasación debidamente inscritas en el correspondiente registro y a empresas legalmente habilitadas, con sujeción en este último supuesto a las disposiciones que regulan la contratación administrativa.
2. De forma motivada, el órgano competente para resolver el expediente conforme al apartado precedente podrá modificar la tasación cuando ésta no justifique adecuadamente la valoración de algunos elementos determinantes, cuando razones de especial idoneidad del inmueble le otorguen un valor para la Administración distinto del valor de mercado, o cuando concurran hechos o circunstancias no apreciados en la tasación.
3. La valoración a efectos contables seguirá las normas contables aplicables a la entidad correspondiente y competerá al órgano determinado por la normativa reguladora del control económico y contabilidad.
4. Las tasaciones tendrán un plazo de validez de un año, contado desde su realización.
Artículo 11. Seguros
Para garantizar la integridad patrimonial del inmovilizado material, en función de los riesgos a los que puedan estar sometidos o se puedan provocar, el Departamento competente en materia de patrimonio:
a) Analizará los sectores y factores de riesgo proponiendo o formalizando aquellas medidas que tiendan a reducir o prevenir la siniestralidad en el citado inmovilizado.
b) Podrá realizar operaciones de transferencia de riesgos mediante la formalización de contratos de seguro con entidades autorizadas para realizar este tipo de operaciones.
c) Formalizará las pólizas correspondientes a los seguros legales a los que el uso de los mismos obligue.
TITULO II
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
Capitulo I
De la obligación de proteger y defender el Patrimonio
Artículo 12. Extensión de la obligación
Las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral conforme a la misma y demás normativa de aplicación están obligadas a proteger y defender el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, identificando adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurando su inscripción registral y ejerciendo o promoviendo las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello.
Artículo 13. Deber de custodia, colaboración e información
1. Los titulares de los órganos que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia están obligados a velar por su custodia, conservación e integridad. Iguales obligaciones competen a los titulares de autorizaciones, concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio público o de dominio privado.
2. El personal al servicio de las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral está obligado a colaborar en la protección, defensa y administración de los bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia. A tal fin, facilitarán a los órganos competentes en materia patrimonial cuantos datos, informes y documentos soliciten en relación con los mismos, prestarán el auxilio y cooperación que precisen para el adecuado ejercicio de sus competencias, y pondrán en su conocimiento los hechos que pudiesen ser lesivos para la integridad física de los bienes, o conculcar los derechos que pudiesen ostentar las referidas entidades sobre los mismos.
3. Igual deber de colaboración incumbe a las personas físicas y entidades jurídicas, públicas o privadas, que estarán obligadas a aportar a los órganos a que se refiere el apartado anterior, a requerimiento de éstos, cuantos datos, documentos e información obre en su poder que sean relevantes para la gestión y defensa de los bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, así como a facilitarles la realización de inspecciones y otros actos de investigación referidos a los mismos, sin perjuicio de las normas aplicables sobre protección de datos de carácter personal y demás que resulten de aplicación en la prestación del deber de colaboración definido en el presente artículo.
4. En particular, la Ertzaintza y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prestarán a los órganos competentes para el ejercicio de las potestades previstas en el Capítulo V del Título II de la presente Norma Foral la asistencia que precisen para la ejecución forzosa de los actos que dicten, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 4/1992 de 17 de julio, de Policía del País Vasco.
Capítulo II
De las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos
Artículo 14. Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos
1. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. Los bienes y derechos patrimoniales podrán ser enajenados siguiendo el procedimiento y previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la presente Norma Foral y demás normativa que resulte de aplicación.
De igual forma, estos bienes y derechos podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales.
3. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de entidades de naturaleza jurídica privada que integran el Sector Público Foral definido en la normativa foral pertinente que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las entidades definidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral se efectuará conforme a lo dispuesto en la normativa foral pertinente y la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 15. Transacción y sometimiento a arbitraje
No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante acuerdo de la Diputación Foral, a propuesta del Departamento competente en materia de patrimonio, previo informe de los Servicios Jurídicos.
Capítulo III
Del Inventario General de bienes y derechos
Artículo 16. Obligación de formar inventario y naturaleza del Inventario General de bienes y derechos
1. Las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su Patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y limitaciones de disposición y el destino o uso a que están siendo dedicados.
2. El Inventario General del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia comprenderá todos los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia conforme a lo dispuesto en esta Norma Foral, con excepción de los bienes muebles consumibles y de aquellos otros bienes muebles cuyo valor unitario sea inferior al límite fijado mediante Orden Foral del titular del Departamento competente en materia de patrimonio, que habrán de ser objeto de sistemas de control adecuados a su naturaleza o destino.
3. El Inventario de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia no tiene la consideración de registro público y los datos reflejados en el mismo constituyen información de apoyo para la gestión interna. Estos datos no surtirán efectos frente a terceros ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a las entidades previstas en el artículo 1 de la presente Norma Foral. La consulta por terceros de los datos del Inventario sólo será procedente cuando formen parte de un expediente y de conformidad con las reglas generales de acceso a éstos.
4. La inclusión de un bien o derecho en el Inventario será requisito indispensable para la realización de cualquier acto de gestión o disposición sobre los mismos, a salvo de lo previsto en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 17. Estructura y competencias
1. El Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Territorio Histórico de Bizkaia está integrado por:
a) El Inventario de la Diputación Foral de Bizkaia relativo a los bienes y derechos que, conforme al artículo anterior, forman parte del Inventario General. La elaboración y actualización de dicho Inventario corresponde al Departamento competente en materia de patrimonio, que establecerá los criterios y directrices para la formación y mantenimiento del mismo.
Los Departamentos forales mantendrán un catálogo permanentemente actualizado de todos los bienes y derechos, de cualquier naturaleza que tengan adscritos, debiendo comunicar al órgano que corresponda del Departamento competente en materia de patrimonio cualquier variación en el momento en que se produzca y aportando cuantos datos y documentación se le requiera con dicho fin.
b) Los Inventarios de las Juntas Generales de Bizkaia y del resto de las entidades incluidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral relativos a los bienes y derechos que, conforme al artículo anterior, forman parte del Inventario General del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia y cuya titularidad les corresponde. Dichos Inventarios serán confeccionados y actualizados por el órgano que tenga atribuida la gestión patrimonial de la entidad de que se trate, que seguirán los criterios de elaboración, actualización y soporte establecidos para el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. El Departamento competente en materia de patrimonio velará por la correcta elaboración y actualización de los Inventarlos integrantes del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia y podrá solicitar, en cualquier momento, a las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral la remisión de dichos Inventarios y de cuantos datos o documentos considere necesarios.
Capítulo IV
Régimen registral
Artículo 18. Otorgamiento o suscripción de títulos
1. Corresponde al titular del Departamento competente en materia de patrimonio el otorgamiento, en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia, de todas las escrituras públicas y demás documentos públicos o privados de contenido patrimonial, sin perjuicio de la competencia del Diputado General de recabar para sí dicho otorgamiento.
La facultad anterior se entiende sin perjuicio de que en el acto de que se trate expresamente se atribuya a órgano distinto.
2. Corresponde al titular del órgano que establezcan las normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, al representante legal de la entidad, el otorgamiento, en nombre y representación de las demás entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, de todas las escrituras públicas y demás documentos públicos o privados de contenido patrimonial.
La facultad anterior se entiende sin perjuicio de que en el acto de que se trate expresamente se atribuya a órgano distinto.
3. La custodia de los documentos, escrituras públicas y títulos que acrediten, representen o materialicen bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia corresponde a la entidad titular y, en el caso de que se trate de bienes de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia, al Departamento competente en materia de patrimonio.
Artículo 19. Inscripciones registrales.
1. La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento competente en materia de patrimonio, debe inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su titularidad, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria. En los procedimientos expropiatorios será el Departamento Foral encargado de la tramitación del expediente quien inste las inscripciones registrales que procedan de los bienes y derechos objeto de la expropiación, dando cuenta de las mismas al Departamento competente en materia de patrimonio, para su constancia en el Inventario.
2. Los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral distintas de la Diputación Foral de Bizkaia inscribibles en cualquier registro, serán inscritas por aquéllas entidades a su nombre y a instancia del órgano que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro o, en su caso, por aquél al que corresponda su administración y gestión. Una nota simple o certificación de la inscripción será remitida al Departamento competente en materia de patrimonio.
3. La inscripción en los registros públicos de los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos, arrendamientos de inmuebles en su caso y derechos de propiedad incorporal, se realizará a nombre del Territorio Histórico de Bizkaia y se ajustará a lo establecido en la normativa estatal que resulte de aplicación.
Capítulo V
De las potestades
SECCIÓN 1ª
NORMAS GENERALES
Artículo 20. Potestades y su ejercicio
1. Las entidades públicas comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral ejercerán las siguientes potestades en relación con el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia:
a) la potestad de investigación de bienes y derechos
b) la potestad de deslinde
c) la potestad de recuperación de oficio de la posesión
d) la potestad de desahucio administrativo
2. Las referidas potestades serán ejercidas con arreglo a las normas competenciales y procedimentales establecidas en este Capítulo.
3. La potestad sancionadora se ejercerá con arreglo a lo dispuesto en el Título IX de la presente Norma Foral.
4. Los entes públicos forales que ajusten su actuación a derecho privado comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Norme Foral, únicamente podrán ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1 de este artículo para la defensa de los bienes que tengan el carácter de demaniales.
5. En ningún caso las sociedades públicas forales, así como en general las entidades de naturaleza jurídica-privada previstas en el artículo 1.3 de la presente Norma Foral podrán ejercer las potestades establecidas en el presente Capítulo. En los casos en los que el bien o derecho se encuentre adscrito a una entidad de dicha naturaleza y la competencia para el ejercicio de las potestades previstas en este capítulo corresponda a quien tiene adscrito el bien o derecho, el Departamento o entidad pública de la que la entidad de naturaleza jurídica-privada dependa o a la que se encuentre vinculada, ejercerá las referidas potestades.
Artículo 21. Adopción de medidas cautelares
1. Iniciado el procedimiento para el ejercicio de las potestades expresadas en el artículo anterior, el órgano competente para resolverlo podrá, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adoptar las medidas provisionales que considere necesarias para asegurar la eficacia del acto que en su momento pueda dictarse.
2. Igualmente, en los casos en que exista un peligro inminente de pérdida o deterioro del bien o peligro para las personas, estas medidas provisionales podrán ser adoptadas, con los requisitos señalados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes de la iniciación del procedimiento.
Artículo 22. Régimen de control judicial y comunicación de hechos punibles
1. Frente a las actuaciones que en ejercicio de las potestades de defensa del patrimonio realicen las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral de conformidad con el procedimiento establecido, no se admitirá a trámite la acción para la tutela sumaria de la posesión prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las demandas en las que se ejercite esta pretensión no serán admitidas a trámite.
2. Los actos administrativos dictados en los procedimientos que se sigan para el ejercicio de estas potestades que afecten a titularidades y derechos de carácter civil sólo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa.
3. Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su derecho de propiedad u otros de naturaleza civil por dichos actos podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Si con ocasión de la instrucción de estos procedimientos se descubren indicios de delito o falta penal, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, previa conformidad del Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación Foral de Bizkaia o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico en las restantes entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, sin perjuicio de continuar con la tramitación de aquellos.
SECCIÓN 2ª
INVESTIGACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
Artículo 23. Potestad de investigación
Las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto.
Artículo 24. Competencia y procedimiento
1. Corresponde al Departamento competente en materia de patrimonio la facultad de investigación de los bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. Sobre los bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de entidad distinta, de las comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, la competencia corresponderá a la entidad a la que presumiblemente pertenecen los bienes o derechos y, dentro de ella al órgano que establezcan sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, al representante legal de la entidad.
3. El procedimiento se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a las siguientes normas:
a) El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Bizkaia, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una copia del acuerdo será remitida al Ayuntamiento en cuyo término radique el bien para su exposición al público durante 10 días, en el tablón de edictos.
b) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de alguna de las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando corresponda. Se adoptarán, asimismo, cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión.
c) Si el expediente de investigación no fuese resuelto en el plazo de dos años contados desde el día siguiente al de la publicación Boletín Oficial de Bizkaia, previsto en la letra a), se acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones.
SECCIÓN 3ª
DESLINDE
Artículo 25. Potestad de deslinde
1. La Diputación Foral de Bizkaia podrá deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceras personas cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.
2. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde y mientras dure su tramitación no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
Artículo 26. Competencia y procedimiento
1. El acuerdo de incoación del procedimiento para deslindar los bienes demaniales y patrimoniales compete al titular del Departamento competente en materia de patrimonio. La resolución del expediente corresponderá a la Diputación Foral.
2. El procedimiento se tramitará con sujeción a las siguientes normas:
a) El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de quienes sean colindantes. En este último caso, serán a su costa los gastos generados, debiendo constar en el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podrá seguirse la vía de apremio.
b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.
c) Sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, el inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Bizkaia, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una copia del acuerdo será remitida al Ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar, para exposición al público durante 10 días, en el tablón de anuncios. Igualmente, el acuerdo de iniciación se notificará a cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde.
d) La resolución por la que se apruebe el deslinde deberá notificarse a las personas afectadas por el procedimiento de deslinde y publicarse en la forma prevista en apartado anterior. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si resulta necesario, se procederá al amojonamiento con la intervención de las personas interesadas que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.
e) El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de dieciocho meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.
f) Si la finca deslindada se hallare inscrita en el Registro de la Propiedad, se inscribirá igualmente el deslinde administrativo referente a la misma, una vez que sea firme.
g) En todo caso la resolución aprobatoria del deslinde será título suficiente para que la Diputación Foral proceda a la inmatriculación de los bienes siempre que contenga los demás extremos exigidos por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y normas de desarrollo.
SECCIÓN 4ª
RECUPERACIÓN DE OFICIO DE LA POSESIÓN
Artículo 27. Potestad de recuperación posesoria
1. Las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.
2. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales la potestad podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
3. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Artículo 28. Competencia
1. Si el bien o derecho se encuentra adscrito, la iniciación y tramitación del expediente corresponde al órgano del Departamento o entidad que tenga adscrito el bien o derecho que determinen sus normas, y la resolución al titular de dicho Departamento o al titular del órgano que establezcan las normas de creación, funcionamiento y organización de la entidad y, en su defecto, el que ostente su representación legal, con las salvedades a que se refieren el apartado 5 del artículo 20 de la presente Norma Foral.
2. Si el bien o derecho no se encuentre adscrito, la competencia corresponderá al órgano de la entidad propietaria del bien o titular del derecho según sus normas; y, en el caso de que ésta sea la Diputación Foral de Bizkaia, la iniciación y tramitación al Departamento competente en materia de patrimonio, correspondiendo al titular del mismo su resolución.
Artículo 29. Procedimiento
1. Iniciado el procedimiento y tramitado conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente, una vez comprobado el hecho de la usurpación posesoria y la fecha en que ésta se inició, resolverá requerir a quien sea ocupante para que cese en su actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días hábiles para ello, con la prevención de actuar en la forma señalada en los apartados siguientes si no atendiere voluntariamente el requerimiento.
2. En el caso de que no se atienda voluntariamente el requerimiento de desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien o derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de la Ertzaintza o de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hábiles hasta que se produzca el desalojo. En estos supuestos, serán de cuenta de la persona usurpadora los gastos derivados del procedimiento de recuperación, cuyo importe y el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.
SECCIÓN 5ª
DESAHUCIO ADMINISTRATIVO
Artículo 30. Supuestos y efectos
Las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceras personas.
Artículo 31. Competencia
La iniciación y tramitación del expediente corresponde al órgano competente del Departamento o entidad que tenga adscrito el bien o derecho, según sus normas y la resolución del expediente corresponde al titular del mismo o al titular del órgano que establezcan las normas de creación, funcionamiento y organización de la entidad y, en su defecto, al que ostente su representación legal, con las salvedades a que se refieren el apartado 5 del artículo 20 de la presente Norma Foral.
Artículo 32. Procedimiento
1. El ejercicio de la potestad de desahucio requiere la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público.
2. El órgano que, previo procedimiento con audiencia del interesado, declare la extinción o caducidad del título, otorgará en el mismo o distinto acto un plazo para el desalojo, y advertirá a quien detente la posesión, y en su persona a todos los que afecte, que de no desalojar voluntariamente en dicho plazo, transcurrido el mismo se procederá acordar el desahucio por el órgano competente según lo dispuesto en el artículo anterior para la recuperación de la posesión.
3. Cuando proceda indemnización el pago o la consignación de la cuantía correspondiente en el establecimiento gestor de depósitos correspondiente a la Administración actuante será previa a la orden de desahucio.
4. Transcurrido el plazo concedido para el desalojo, el órgano competente para acordar el desahucio ordenará éste y apercibirá a quien detente la posesión, y en su persona a todos los que afecte, del lanzamiento o imposición de multa coercitiva, en término no inferior a ocho días hábiles, Transcurrido dicho término, podrá ordenar el lanzamiento o imponer multas coercitivas.
5. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de la Er­tzaintza y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a cuyo efecto bastará la orden escrita del órgano actuante de la que se entregará copia al interesado y, en su caso, la autorización judicial pertinente cuando ésta sea precisa.
6. Si se imponen multas coercitivas, éstas podrán alcanzar hasta un 5 por ciento del valor de los bienes ocupados y ser reiteradas por periodos de ocho días hábiles hasta que se produzca el desalojo.
7. Serán de cuenta del detentador los gastos derivados del desalojo y desahucio, cuyo importe y el de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado, podrá hacerse efectivo por el procedimiento de apremio.
TITULO III
ADQUISICIÓN DE BIENES Y DERECHOS
Capitulo I
Formas de adquisición
Artículo 33. Adquisición de bienes y derechos
1. Las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y en particular por los siguientes:
a) Por atribución de la Ley
b) A título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación
c) Por herencia, legado o donación
d) Por cesión administrativa
e) Por usucapión, accesión u ocupación
f) Mediante los correspondientes traspasos como consecuencia de transferencia de competencias, encomienda o delegación de funciones o servicios, efectuados por otras Administraciones Públicas
g) En virtud de actuaciones urbanísticas
2. Los bienes y derechos adquiridos se integrarán en el dominio público o privado del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia de conformidad con lo dispuesto en la presente Norma Foral.
Capítulo II
Adquisiciones a título gratuito
Artículo 34. Herencias, legados y donaciones
1. La aceptación de herencias, legados y donaciones se acordará por la entidad que se designe como beneficiaria, o quien le haya sucedido en sus funciones.
2. Cuando la titularidad haya de corresponder a la Diputación Foral de Bizkaia, la aceptación corresponde al órgano colegiado de dicha Diputación, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio.
3. Cuando la titularidad haya de corresponder a una entidad de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral distinta de la Diputación Foral de Bizkaia, serán competentes para aceptar las herencias, legados y donaciones los órganos que señalen sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, el que ostente su representación legal.
4. Cuando se trate de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco o cuando el órgano competente para la aceptación considere que un bien que no forma parte del Patrimonio Cultural Vasco, puede tener un interés artístico o cultural significativo, con anterioridad a la aceptación o renuncia formulará consulta al Departamento competente en materia de cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa especial que resulte de aplicación.
5. La aceptación de herencias se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario.
6. Cuando la Diputación Foral de Bizkaia herede abintestato de conformidad con la normativa de Derecho Civil Foral Vasco, el órgano colegiado de dicha Diputación destinará la totalidad de la herencia a programas presupuestarios cuya función sea la de seguridad, protección y promoción social.
Artículo 35. Cesiones administrativas
1. La cesión administrativa de bienes y derechos de otras Administraciones Públicas en favor de las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral para destinarlos a un uso público o a la prestación de servicios públicos de su competencia deberá aceptarse por la entidad beneficiaria.
2. Cuando se trate de bienes inmuebles, derechos reales y de arrendamiento sobre los mismos o derechos de propiedad incorporal, la cesión se realizará, conforme a la regla establecida en el artículo 7.2 de la presente Norma Foral a favor de la Diputación Foral de Bizkaia, correspondiendo la competencia para la aceptación al órgano colegiado de dicha Diputación, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de Patrimonio, sin perjuicio de la posterior afectación al fin público y adscripción al Departamento o entidad que motiva la cesión.
3. Cuando la titularidad haya de corresponder a una entidad prevista en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral distinta de la Diputación Foral de Bizkaia, la competencia para la aceptación corresponde al órgano competente de la entidad beneficiaria conforme a su norma de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, a su representante legal.
Artículo 36. Condiciones en las adquisiciones a título gratuito
1. Las adquisiciones a título gratuito de bienes o derechos que lleven aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos, sólo podrán aceptarse si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público apreciadas por el órgano competente para la aceptación.
2. Si los bienes o derechos se hubieran adquirido bajo condición o modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieren servido a los mismos, aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
Artículo 37. Usucapión y otras formas no onerosas de adquisición
Las adquisiciones por usucapión y otras formas no onerosas de adquisición se ajustarán a lo que establezca el Código civil o legislación en cada caso aplicable, entendiéndose aplicables las reglas establecidas en este Capítulo en la medida en que sean adecuadas a su naturaleza y régimen.
Capítulo III
Adquisiciones a título oneroso
Artículo 38. Competencia para las adquisiciones onerosas
1. La adquisición onerosa y el arrendamiento de bienes y derechos se acordarán por la entidad a la que conforme al artículo 7 de la presente Norma Foral ha de corresponder la titularidad.
2. Cuando la titularidad haya de corresponder a la Diputación Foral de Bizkaia, la resolución del expediente corresponde al órgano colegiado de dicha Diputación, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio, sin perjuicio de lo dispuesto para la adquisición por expropiación.
No se encuentran comprendidas en la atribución anterior y, salvo que norma especial se disponga otra cosa, compete al departamento o entidad que lo precise:
a) Los arrendamientos de stands, locales o terrenos para actividades de promoción, información u otras actividades de carácter ocasional, siempre que la duración máxima del arrendamiento no exceda de un año y su precio no exceda de treinta mil euros, En el cómputo del tiempo y del precio máximos indicados se incluirán las prórrogas.
b) Los arrendamientos para el depósito o aparcamiento de vehículos.
3. Cuando la titularidad haya de corresponder a una entidad distinta de la Diputación Foral de Bizkaia, la competencia corresponderá a los órganos que señalen sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, al que ostente su representación legal.
Artículo 39. Expediente de adquisición onerosa
1. Para la adquisición o arrendamiento de bienes o derechos las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos y podrán para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración.
2. A toda adquisición o arrendamiento precederá la tramitación de expediente, al que deberá incorporarse:
a) Una memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición o arrendamiento, el fin o fines a que pretende destinarse el bien o derecho y el procedimiento de adjudicación que se proponga.
b) El certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya.
c) Informe jurídico sobre el procedimiento y condiciones proyectados.
d) La aprobación del pliego de bases o documento equivalente por el órgano de contratación y la aprobación del gasto por el órgano competente.
e) La valoración del bien o derecho a adquirir conforme al artículo 10 de la presente Norma Foral.
3. En los contratos menores, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo del contrato o título correspondiente. Podrá tramitarse como contrato menor aquél cuya cuantía, incluidas prórrogas, no exceda de treinta mil euros.
Artículo 40. Reglas de procedimiento y capacidad en las adquisiciones onerosas
1. La adquisición y el arrendamiento se realizarán previo procedimiento de concurrencia, a través de alguno de los procedimientos y formas de adjudicación de las previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas adecuada a la naturaleza y características de la operación a realizar, salvo que, se trate de un contrato menor o se opte por la adjudicación directa.
2. Podrá acordarse la adjudicación directa cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, que habrá de justificarse en el expediente:
a) Reconocida urgencia de la adquisición a efectuar.
b) Peculiaridad del servicio o la necesidad a satisfacer.
c) Las condiciones del mercado, en particular, la escasez de la oferta del mercado inmobiliario o entorno dónde estén situados los inmuebles.
d) Singularidad del bien o derecho que se pretenda adquirir.
e) Cuando el vendedor o arrendador sea otra Administración Pública o, en general, cualquier entidad de derecho público o privado perteneciente al sector público.
f) Cuando hubiese quedado desierto el procedimiento de concurrencia previamente promovido para la adquisición o arrendamiento.
g) Colindancia con un inmueble propiedad de alguna de las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral.
h) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente.
3. En los supuestos de adquisición o arrendamiento directo, siempre que sea posible, se solicitarán un mínimo de tres ofertas antes de seleccionar la adjudicataria.
4. En los procedimientos de concurrencia el anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia con una antelación mínima no inferior a la fijada con carácter general en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas para los procedimientos abiertos, salvo que el expediente, por concurrir alguno de los supuestos previstos en la referida normativa, se haya declarado de tramitación urgente o concurra cualquier otro supuesto de reducción de plazos legalmente previsto.
5. Podrán tomar parte en los procedimientos de adjudicación y ser contratistas en los contratos a que se refiere este Capítulo, todas aquellas personas que tengan capacidad para contratar de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capacidad general para toda clase de contratos y, en particular para el tipo de contrato de que se trate.
6. En el procedimiento de concurrencia, cada licitador no podrá presentar más de una proposición, que deberá presentarse en sobre cerrado y ajustarse al modelo fijado en el pliego de bases; la proposición irá acompañada en sobre aparte de los documentos que acrediten la capacidad jurídica y de obrar del licitador y, en su caso, su representación, así como de aquellos documentos que en relación con el objeto del contrato se expresen en el pliego.
7. En la contratación directa, con carácter potestativo, y en los procedimientos de concurrencia, con carácter obligatorio, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación.
Artículo 41. Aplazamiento parcial del pago
El pago de las adquisiciones podrá ser objeto de aplazamientos parciales de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos para los compromisos de gastos futuros.
Artículo 42. Adquisiciones onerosas sujetas a carga o condición
1. Las adquisiciones de bienes o derechos a título oneroso se realizarán libres de toda carga y gravamen incompatible con el cumplimiento de los fines determinantes de su adquisición.
2. Cuando se trate a las adquisiciones sometidas a condición o modalidad de afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieran servido a los mismos, aunque luego dejara de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
Artículo 43. Negocios jurídicos complejos y opciones
1. Los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición o arrendamiento de bienes o derechos podrán contemplar la realización por las partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos que son su objeto, o a otros integrados en el patrimonio de la entidad contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos negocios complejos se tramitarán en expediente único, rigiéndose por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal.
2. Se podrá, asimismo, concertar negocios jurídicos que tengan por objeto la constitución a favor de la Administración de un derecho a la adquisición de bienes o derechos. Serán de aplicación a estos contratos las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisición de los bienes o derechos a los que se refieran, aunque el expediente de gasto se tramitará únicamente por el importe correspondiente a la prima o precio que, en su caso, se hubiese establecido para conceder la opción
Capítulo IV
De las adquisiciones onerosas sometidas a normativa específica
Artículo 44. Adquisiciones sometidas a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
1. La adquisición a título oneroso de bienes que tengan la consideración legal de contrato de suministro se regirá por lo establecido para este tipo de contratos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
2. Cuando la adquisición de derechos de propiedad incorporal tenga lugar en virtud de contratos administrativos se aplicará la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. La adquisición de estos derechos por medio de convenios de colaboración se ajustará a sus normas especiales y a lo establecido en los propios convenios.
Artículo 45. Adquisiciones por expropiación
1. La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa se rige por su normativa específica.
2. Cuando se utilice esta forma de adquisición, la afectación del bien al uso general o al servicio público se entenderá implícita en la expropiación.
3. Corresponde el ejercicio de la potestad expropiatoria de la Diputación Foral de Bizkaia a los Departamentos que tengan atribuida dicha competencia en Norma o Decreto Foral.
4. Concluido el expediente de expropiación y, debidamente inscrita, si procede, la adquisición en el registro correspondiente, se dará traslado para su constancia al Departamento competente en materia de patrimonio de los documentos en que se formalice y se haga constar la titularidad, así como, en su caso, la inscripción registral.
Artículo 46. Adjudicaciones en procedimientos judiciales o administrativos
1. En procedimientos judiciales o administrativos de los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes o derechos a favor de las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, el representante procesal de la Administración o el órgano competente para la tramitación del procedimiento de apremio cursará comunicación a la entidad que habría de resultar adjudicataria en la que se hará constar una descripción suficientemente precisa del bien o derecho objeto de adjudicación, con indicación de las cargas que recaigan sobre él y su situación posesoria.
Cuando el adjudicatario haya de ser la Diputación Foral la comunicación se dirigirá al Departamento competente en materia de patrimonio, a cuyo titular corresponderá, en su caso, la solicitud de adjudicación o la manifestación de conformidad. Ello, sin perjuicio de lo establecido en la normativa tributaria específica.
Cuando el adjudicatario haya de ser alguna de las restantes entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, la comunicación se dirigirá a las mismas, correspondiendo, en su caso, la solicitud de adjudicación o la manifestación de conformidad al titular del órgano que establezcan sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, al representante legal de la entidad.
2. Podrá tomarse posesión de los bienes adjudicados en vía administrativa, ejercitando, en su caso, la potestad de desahucio regulada en la sección 5° del Capítulo V del Título II de esta Norma Foral.
Artículo 47. Entrega en vía administrativa de bienes o derechos en pago de deudas, y otras adquisiciones sometidas a normativa específica
1. La entrega en vía administrativa de bienes o derechos en pago de deudas a la Hacienda Foral de Bizkaia se regirá por la normativa tributaria de aplicación.
2. Las adquisiciones sometidas a normativa específica se ajustarán a lo que en ella se disponga.
Artículo 48. Adquisición de bienes por restituciones de Organismos y entidades publicas o privadas del Sector Público Foral
1. Las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán adquirir bienes y derechos por reducción de fondos propios de organismos o entidades de naturaleza pública, o por reducción de capital de sociedades o restitución de aportaciones a fundaciones y demás entidades.
2. La incorporación al Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, tras la realización de las operaciones que procedan, requerirá la firma de la correspondiente acta de entrega entre un representante del Departamento con competencia en materia de patrimonio, si el destinatario fuera la Diputación Foral de Bizkaia, o del representante legal de la entidad destinataria en otro caso y del organismo, sociedad, fundación, o entidad de cuyo capital o fondos proceda el bien o derecho.
3. El patrimonio de los organismos y entidades de naturaleza pública, así como de las sociedades y demás entidades de naturaleza jurídica privada en las que participen alguna de las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma foral que se extingan se integrará en el Patrimonio de la entidad a la que aquéllas estuvieran vinculadas o fueran dependientes, debiéndose proceder a las inscripciones registrales procedentes de conformidad con la legislación hipotecaria y mercantil.
TÍTULO IV
AFECTACIÓN, ADSCRIPCIÓN Y MUTACIÓN DEMANIAL
Capítulo I
De las disposiciones generales
Artículo 49. Competencia y procedimiento
1. Las afectaciones, desafectaciones, adscripciones, desadscripciones y mutaciones demaniales de los bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia se producen de forma expresa, tácita o implícita o presunta según lo dispuesto en este Título.
2. Compete a la entidad que conforme al artículo 7 de la presente Norma Foral ostenta la titularidad del bien o derecho, de oficio o a instancia del Departamento o entidad interesada, acordar los actos expresos correspondientes y ordenar o, en su caso, instar la anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia y, en su caso, en los registros públicos correspondientes, tanto de los producidas de forma expresa como de las producidas de forma tácita o implícita o presunta.
Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia, la competencia será ejercida por el Departamento competente en materia de patrimonio de oficio o a instancia del Departamento o entidad interesada, excepción hecha del supuesto previsto en el artículo 56.3 en la que la competencia corresponderá a la Diputación Foral. Cuando la titularidad del bien o derecho corresponde a cualquiera de las otras entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, la competencia será ejercida, de oficio o a instancia del Departamento o entidad interesada, por el órgano que determinen sus normas de creación, funcionamiento y organización y en su defecto por el que ostente su representación legal, previa conformidad, en su caso, del Departamento del que dependen o al que se encuentran vinculadas.
En este mismo supuesto de entidades dependientes o vinculadas con un Departamento, las solicitudes que se realicen a la Diputación Foral de Bizkaia o a entidad distinta de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, se tramitarán previa conformidad del Departamento del que dependen o al que se encuentran vinculadas.
3. La solicitud de afectación, adscripción o mutación deberá expresar la finalidad prevista.
4. Cuando los bienes o derechos dejaren de ser necesarios para los fines previstos se solicitará y acordará por las entidades y órganos previstos para la afectación y adscripción la desafectación o desadscripción.
5. Las actuaciones a que se refiere este Título realizadas de forma expresa surtirán efecto a partir de la recepción formal de los bienes o derechos por el Departamento o entidad receptora. La recepción formal de los bienes o derechos se podrá efectuar, bien mediante acta de entrega suscrita por los representantes designados por los Departamentos o entidades que reciban y entreguen los bienes o derechos, bien mediante acta de toma de posesión levantada unilateralmente por el Departamento competente en materia de patrimonio, cuando se trate de actuaciones en las que este Departamento deba intervenir.
Capítulo II
De la afectación y desafectación
Artículo 50. Concepto y efectos de la afectación
1. La afectación destina un bien o un derecho a un uso general o a la prestación de un servicio público de la competencia del Territorio Histórico de Bizkaia.
2. La afectación produce la integración del bien o derecho en el dominio público.
3. Los bienes y derechos afectados se utilizarán de acuerdo con el fin previsto.
Artículo 51. Contenido del acto de afectación expresa y reflejo en el Inventario de las no expresas
1. La afectación expresa indicará, como mínimo, el bien o derecho afectado, el fin a que se destina y la circunstancia de quedar integrado en el dominio público,
2. La anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia de las afectaciones producidas de forma tácita o implícita o presunta indicará como mínimo el bien o derecho afectado, el fin a que se destina y los hechos o actuaciones que originaron la afectación tácita o implícita.
Artículo 52. Afectaciones tácitas o implícitas y presuntas
Se produce la afectación tácita o implícita o la presunta en los siguientes supuestos:
a) La utilización de hecho pública y notoria de bienes o derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia para un uso o un servicio público, durante el plazo ininterrumpido de un año.
b) La adquisición de bienes o derechos por expropiación forzosa para un uso o un servicio público, en el que los bienes o derechos adquiridos se entenderán afectados al fin determinante de la declaración de utilidad pública o interés social.
c) La adquisición de bienes o derechos por cualquier medio previsto en el ordenamiento jurídico en el que conste la finalidad de ser destinado a un uso o un servicio público.
d) La adquisición de bienes o derechos por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho a un uso o un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de normas de derecho privado.
e) La aprobación por la Diputación Foral de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a usos o servicios públicos.
f) La adquisición de bienes y derechos en virtud de transferencia y cesión administrativa.
g) La adquisición de bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de las dependencias oficiales.
Artículo 53. Afectaciones concurrentes
1. Los bienes y derechos demaniales podrán ser objeto de afectación a más de un uso o servicio publico del Territorio Histórico de Bizkaia siempre que los diversos fines no resulten incompatibles.
2. La resolución que acuerde la afectación concurrente determinará las facultades y obligaciones que corresponden al órgano responsable de cada uso o servicio.
Artículo 54. Concepto y efectos de la desafectación
1. Los bienes y derechos de dominio público perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectación por dejar de destinarse a un uso o un servicio público.
2. La desafectación, salvo que se refiera a afectaciones concurrentes, determina la incorporación del bien al dominio privado de la Administración; sin perjuicio, en su caso, del derecho de reversión en los términos previstos en las leyes.
3. La incorporación en el dominio privado de bienes y derechos desafectados requiere para su efectividad declaración expresa de desafectación o anotación del cambio de calificación en el Inventario General de Bienes y Derechos.
Artículo 55. Forma y procedimiento de desafectación
1. Salvo en los supuestos previstos en el apartado tercero del presente artículo para los bienes muebles, la desafectación deberá hacerse siempre de forma expresa, pudiendo incorporarse la declaración en los acuerdos de cesión y enajenación.
2. El procedimiento se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a las siguientes normas:
a) El acuerdo de incoación del expediente de desafectación del bien o derecho del dominio público deberá expresar las razones que justifican la innecesariedad del bien o derecho para el cumplimiento de los fines determinantes de su desafectación.
b) El acuerdo de incoación del procedimiento de desafectación se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Bizkaia, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Transcurrido dicho plazo, sin alegación alguna, el acuerdo se considerará definitivo.
c) Anotación del cambio de calificación jurídica del bien o derecho en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de Territorio Histórico de Bizkaia.
3. En el caso de bienes muebles, los acuerdos de enajenación y cesión gratuita llevarán implícita la desafectación de los mismos.
Capítulo III
De la mutación demanial y sucesión
Artículo 56. Mutación demanial y sucesión entre organismos públicos
1. La mutación demanial consistente en la desafectación de un bien o derecho con simultánea afectación a otro uso público o servicio público titularidad de las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, no supone cambio de calificación jurídica del bien o derecho, se formalizará expresamente y reflejará el cambio de afectación y, en su caso, adscripción que conlleve.
En los supuestos de creación, supresión o modificación de los Departamentos o entidades a que se refiere el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, el cambio de atribución de funciones no supone novación de la causa determinante de la afectación y se entenderá que los bienes continúan afectos a los mismos fines sin necesidad de declaración expresa. El cambio de adscripción del bien o derecho, en el caso de no formalizarse expresamente, se entenderá producido de forma implícita en la disposición orgánica o funcional de la que trae causa, si bien, deberá reflejarse en el Inventario General de Bienes y Derechos, cuando afecte a bienes o derechos incluidos en él.
2. En los casos en que una disposición normativa declare una titularidad de bienes o derechos de dominio público a favor de entidad de naturaleza pública distinta de la que viniere siendo titular, en ambos casos de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, la formalización del traspaso de titularidad de dichos bienes o derechos, sin cambio de calificación jurídica, ni afectación, se formalizará conforme a lo que dispongan las normas declarativas o atributivas de la titularidad y, en su defecto, por Decreto de la Diputación Foral.
3. Los bienes y derechos demaniales de las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán afectarse a determinados usos o servicios públicos competencia de otras Administraciones o entidades de naturaleza pública, en los términos y condiciones que se establezcan en el correspondiente Acuerdo de la Diputación Foral. Este supuesto de mutación no alterará la titularidad de los bienes y derechos, ni su carácter demanial.
Capítulo IV
De la adscripción y desadscripción
Artículo 57. Concepto y efectos de la adscripción
1. La adscripción confiere al Departamento o entidad a cuyo favor se realiza el uso, administración, mantenimiento y conservación de los bienes o derechos adscritos, salvo aquellas facultades que se encuentren atribuidas expresamente a otro órgano y sin perjuicio de las autorizaciones requisitos o condiciones que en desarrollo de esta Norma Foral puedan establecerse.
2. En ningún caso la adscripción supone cambio de titularidad ni de calificación jurídica de los bienes o derechos.
3. Las facultades derivadas de la adscripción se ejercerán conforme a la naturaleza del bien o derecho, a los fines que motivan la adscripción y a las normas técnicas aplicables.
Artículo 58. Objeto y ámbito de la adscripción
1. La adscripción de los bienes y derechos de la titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia puede tener por objeto bienes y derechos del dominio público o privado, y podrá realizarse a favor de los Departamentos integrantes de la misma, de las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral y de las Sociedades Forales y demás entidades de naturaleza privada que forman parte del Sector Público del Territorio Histórico de Bizkaia.
Los bienes y derechos de la titularidad de entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral distintas de la Diputación Foral de Bizkaia podrán, igualmente, ser adscritos a los Departamentos en que se estructure orgánicamente la entidad titular, a las demás entidades del artículo 1.2 y a las Sociedades forales y demás entidades de naturaleza privada que forman parte del Sector Público del Territorio Histórico de Bizkaia.
2. Respecto de los bienes y derechos de dominio privado, la adscripción llevará implícita la afectación del bien o derecho a un uso o servicio público de titularidad del destinatario de aquélla y pasará a integrarse en el dominio público.
3. En el caso de bienes o derechos adscritos a entidades de naturaleza jurídico-privada, para el ejercicio de las potestades administrativas de protección, así como las relativas a autorizaciones y concesiones demaniales se estará a lo dispuesto en el artículo 20.5 y en el apartado 3 del artículo 65 respectivamente de la presente Norma Foral.
4. El Departamento o entidad que tenga adscrito el bien o derecho comunicará a la entidad propietaria o titular todas las incidencias que afecten a dicha propiedad o titularidad del bien o derecho. Cuando la propiedad o titularidad del bien o derecho corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia, dicha comunicación se realizará al Departamento competente en materia de patrimonio.
Artículo 59. Adscripción expresa
La adscripción expresa indicará la entidad a la que se adscribe, los bienes o derechos que son su objeto y los concretos fines a los que se destina el bien o derecho. Cuando sea posible, la adscripción expresa formará parte del contenido del acto de afectación.
Artículo 60. Adscripciones tácitas e implícitas y presuntas
Se produce la adscripción tácita e implícita en los siguientes supuestos:
a) Cuando se produce la afectación tácita o implícita o presunta, entendiéndose adscritos los bienes al Departamento o entidad competente en relación con el destino del bien o derecho.
b) En los supuestos de adquisición de bienes muebles por los Departamentos o entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, entendiéndose adscritos al adquirente.
c) En el cambio de adscripción contemplado en el artículo 56.2 de la presente Norma Foral.
Artículo 61. Desadscripción expresa
1. Se acordará la desadscripción cuando los bienes o derechos dejaren de ser necesarios para el cumplimiento de los fines que dieron lugar a la adscripción.
2. Cuando los bienes o derechos no fuesen destinados al fin previsto dentro del plazo que, en su caso, se fije, dejaren de serlo posteriormente, o se incumpliese cualesquiera otras condiciones establecidas para la utilización, el órgano competente previo requerimiento al Departamento o entidad al que se adscribieron los bienes o derechos para que se ajuste en su uso a lo señalado en el acuerdo de adscripción, podrá proceder a la desadscripción.
3. En el caso de desadscripción por incumplimiento del fin o de las condiciones de utilización, el titular del bien o derecho podrá exigir el valor de los detrimentos o deterioros actualizado al momento en que se produzca la desadscripción, o el coste de rehabilitación.
TÍTULO V
OTRAS FORMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEMANIALES
Capítulo I
Del título habilitante y régimen de utilización de los bienes demaniales
Artículo 62. Necesidad de título habilitante y régimen de las autorizaciones y concesiones
1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por el órgano competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.
2. Los órganos responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las potestades establecidas en esta Norma Foral.
3. Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de la presente Norma Foral.
Artículo 63. Régimen de utilización
Los bienes de dominio público quedan sujetos al siguiente régimen de utilización:
a) La utilización de los bienes de uso público se rige por las disposiciones de este Título.
b) La utilización de los bienes en los que se alojen servicios, oficinas o dependencias, así como la de los destinados a la prestación de un servicio público, se supeditará a lo dispuesto, en su caso, en las disposiciones especiales de utilización o funcionamiento del servicio y, subsidiariamente, se regirá por el presente Título.
Artículo 64. Tipos de uso de los bienes de uso público
En la utilización de los bienes de uso público se considera:
a) Uso común: el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso de unos no impide el de los demás interesados y se estimará:
— General: cuando no concurran circunstancias singulares.
— Especial: cuando el uso implica un aprovechamiento especial del dominio público que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias, tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste.
b) Uso privativo: el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados.
Artículo 65. Títulos habilitantes
1. El uso común general no está sujeto a autorización, podrá realizarse libremente y no tiene otras limitaciones que las que se derivan del uso por las demás personas, del respeto a la naturaleza de los bienes y su conservación, así como, del obligado sometimiento a las reglas de policía e instrucciones dictadas para promover su ordenada utilización.
2. El uso común especial está sujeto a autorización, salvo cuando su duración inicial exceda de cinco años, en cuyo caso requerirá concesión administrativa.
3. El uso privativo requiere el previo otorgamiento de un título adecuado a su naturaleza, de conformidad con las siguientes reglas:
a) Cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles y con una duración inicial no superior a cinco años estará sujeto a autorización.
b) Cuando la ocupación se efectúe con obras o instalaciones fijas o por plazo inicial superior a cinco años deberá estar amparada por concesión administrativa.
4. No requiere el otorgamiento de los títulos previstos en este artículo el uso atribuido a los Departamentos o entidades que tengan adscritos los bienes o derechos.
Siempre que el acto o contrato le habilite para la ocupación del bien, tampoco precisa dichos títulos el uso u ocupación realizado por el contratista o tercero a quien corresponda dicho uso u ocupación como medio instrumental necesario para el cumplimiento de la función o realización de la actividad que, con arreglo al procedimiento exigido por la normativa, le ha sido encomendada. En este caso el uso u ocupación por el contratista o tercero requiere la firma por ambas partes del acta de puesta a disposición, que se formalizará tras el acto o contrato que contenga el encargo de realizar la función o actividad a la que el bien sirve de soporte.
5. Podrán otorgarse autorizaciones especiales para el uso parcial de los bienes a los que se refiere la letra b) del artículo 63 de la presente Norma Foral a personas físicas o entidades jurídicas, públicas o privadas, para el cumplimiento temporal de fines o funciones públicas o actividades de interés social o general, Dichas autorizaciones especiales podrán permitir la realización de obras o instalaciones fijas y no estarán sujetas al plazo establecido en el apartado 2 de este artículo.
Capítulo II
De las disposiciones comunes sobre autorizaciones y concesiones
Artículo 66. Órgano competente para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones
1. Corresponde a la entidad titular del bien tramitar y resolver los expedientes relativos a autorizaciones y concesiones administrativas.
2. En el caso de que la entidad titular del bien o derecho sea la Diputación Foral de Bizkaia, dicha competencia corresponde al titular del Departamento o entidad que tenga adscrito el bien y, en su defecto, al titular del Departamento que tenga las facultades de gestión de los bienes. En el caso de que la entidad titular del bien o derecho sea una entidad distinta del artículo 1.2 de la presente Norma Foral, la competencia corresponde al titular del órgano que determinen sus normas de creación, funcionamiento y organización y en su defecto quien ostente su representación legal.
3. En el caso de que la entidad que tiene adscrito el bien sea de naturaleza jurídico-privada, el otorgamiento de autorizaciones o concesiones demaniales corresponderá al Departamento o entidad de naturaleza jurídico-pública al que aquélla se encuentre vinculada o de la que dependa.
4. La competencia relativa a las autorizaciones especiales a que se refiere el apartado 5 del artículo 65 cuando el beneficiario sea una entidad o persona jurídica de derecho privado o una organización internacional, corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia.
5. En todo caso, las resoluciones que otorguen, modifiquen o extingan autorizaciones o concesiones demaniales deberán ser comunicadas al Departamento competente en materia de patrimonio.
Artículo 67. Condiciones generales y pliego de condiciones particulares de autorizaciones y concesiones
1. La Diputación Foral, a propuesta del Departamento o entidad especialmente afectada, podrá aprobar condiciones generales para el otorgamiento de categorías determinadas de concesiones o autorizaciones, que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial Bizkaia, y modelos-tipo de condiciones particulares de general aplicación.
2. Con sujeción, en su caso, a las condiciones generales y modelos-tipo de condiciones particulares, las concesiones y autorizaciones se ajustarán al pliego de condiciones particulares aprobado por el órgano competente para otorgar la concesión o autorización.
Cuando la concesión o autorización afecte a bienes cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, la aprobación del pliego de condiciones particulares será comunicada al Departamento competente en materia de patrimonio.
Se exceptúan de la obligación de previa aprobación del pliego de condiciones particulares las autorizaciones de uso no superior a treinta días, o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros supuestos de carácter puntual u ocasional.
Artículo 68. Carácter y contenido de los acuerdos de autorización y concesión
1. Salvo disposición en contrario, las autorizaciones y concesiones demaniales son de otorgamiento discrecional por las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral sí bien dicho otorgamiento deberá realizarse conforme a los procedimientos y contenidos previstos en este Título. Se otorgarán para una finalidad concreta, con determinación de su objeto, duración y límites, sin que en ningún caso puedan otorgarse por tiempo indefinido, y llevarán anexas las facultades administrativas de inspección y vigilancia sobre los bienes que son su objeto, así como sobre las instalaciones o construcciones que pudieran existir.
2. Las autorizaciones y concesiones podrán contemplar la imposición al titular de obligaciones accesorias tales como la adquisición de valores, la adopción y mantenimiento de determinados requisitos societarios, u otras de análoga naturaleza, cuando así se considere necesario por razones de interés público.
3. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorización o concesión, expresamente o por remisión al pliego, incluirá al menos:
a) El régimen de uso del bien o derecho.
b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización o concesión.
c) La garantía a prestar, en su caso.
d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.
e) El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.
f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención en su caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro.
g) La reserva por parte del cedente de la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización.
h) El plazo y régimen, en su caso, de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa autorización.
i) Las causas de extinción.
Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a las autorizaciones especiales de uso previstas en el apartado 5 del artículo 65 y a las previstas en el último párrafo del apartado 2 del artículo 67, en la medida en que sea procedente de acuerdo con sus características, objeto y finalidad.
Artículo 69. Régimen económico y garantías de autorizaciones y concesiones
1. Las concesiones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a tasa por utilización de bienes de dominio público.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización comporte condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla. Tal circunstancia se hará constar en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.
Igual régimen económico será aplicable a las autorizaciones.
2. Al titular de autorizaciones o concesiones, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediese de la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio.
Artículo 70. Procedimiento para el otorgamiento en régimen de concurrencia
1. El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia se iniciará de oficio, por propia iniciativa o a petición de persona interesada.
2. La iniciación del procedimiento en régimen de concurrencia, por propia iniciativa de la Administración otorgante, se realizará mediante convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de treinta días para presentar las correspondientes solicitudes.
3. La iniciación de oficio, a petición de persona interesada, requiere que quien realiza la petición presente una memoria explicativa de la conveniencia, oportunidad y demás circunstancias relativas a la ocupación propuesta. El órgano competente examinará la petición y la admitirá a trámite o la rechazará, cuando recaiga sobre bienes cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia. La admisión a trámite o rechazo de la petición tiene carácter discrecional.
En el caso de admisión a trámite, se acordará el inicio del procedimiento y se podrá, por medio de anuncio público, invitar a otros posibles interesados. No mediando este acto de invitación, se dará publicidad a las solicitudes presentadas, a través de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. En ambos casos, se abrirá un plazo de treinta días durante el cual podrán presentar otras solicitudes para la ocupación del mismo bien con igual o distinta finalidad según se prevea en el pliego de condiciones.
4. Para decidir sobre el otorgamiento de la concesión o autorización, se atenderá al mayor interés y utilidad pública de la utilización o aprovechamiento solicitado, que se valorarán en función de los criterios especificados en los pliegos de condiciones.
Artículo 71. Silencio administrativo
El plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión de autorizaciones y concesiones será de seis meses, pudiendo considerarse desestimada la solicitud en caso de no notificarse resolución dentro de plazo.
Artículo 72. Causas de extinción de autorizaciones y concesiones demaniales
1. Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica. La muerte o incapacidad sobrevenida no conllevará la extinción cuando el órgano otorgante acuerde la continuidad de la autorización o concesión a favor de los herederos o sucesores, a petición de éstos, El acuerdo de no continuidad no dará derecho a indemnización por el tiempo que restare.
b) La falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario,
c) Caducidad por vencimiento del plazo.
d) Rescate de la concesión previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.
e) La resolución por mutuo acuerdo.
f) La resolución por falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión o autorización declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización.
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento
h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto en el artículo 73 de la presente Norma Foral.
i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan.
2. La apertura del expediente que se siga para extinguir la concesión por incumplimiento de sus cláusulas y condiciones conforme lo previsto en la letra f) del apartado 1 de este artículo, será notificada a los acreedores hipotecarios para que puedan comparecer en defensa de sus derechos y, en su caso, propongan un tercero que pueda sustituir al concesionario que viniere incumpliendo las cláusulas de la concesión.
Artículo 73. Efectos de la extinción
1. Cuando se extinga la autorización o concesión, las obras, construcciones e instalaciones que existiesen sobre el bien demanial ocupado deberán ser retiradas o demolidas por el titular de la autorización o concesión o, por ejecución subsidiaria, por la entidad otorgante a costa de dicho titular, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el título o que el órgano competente para otorgarlo así lo decida.
2. Las obras, construcciones e instalaciones que se mantengan una vez extinguido el título, serán adquiridas de forma gratuita y libres de cargas y gravámenes por la entidad titular del bien.
3. En el caso de rescate anticipado de la concesión conforme a lo previsto en la letra d) del apartado 1 del artículo anterior, el titular será indemnizado del perjuicio material directo causado por la extinción anticipada; y, los derechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad en la fecha en que se produzca el rescate, serán tenidos en cuenta para determinar la cuantía y receptores de la indemnización.
4. En todos los supuestos de extinción de autorizaciones y concesiones, el órgano otorgante incoará expediente en el que constatará el grado de cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, la situación y valor en uso de los bienes demaniales que estaban afectos y la procedencia, en su caso, de la apertura de expediente para la exigencia de las responsabilidades que procedan conforme a lo dispuesto en el Titulo IX de la presente Norma Foral. La extinción de las autorizaciones y concesiones, así como, el resultado del expediente a que se refiere este apartado será comunicado al Departamento competente en materia de patrimonio para su constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
Artículo 74. Desafectación del bien objeto de la concesión o autorización
1. En el supuesto de desafectación del bien demanial objeto de la concesión o autorización, se procederá a la extinción de las concesiones y autorizaciones conforme a las siguientes reglas:
a) Se declarará la caducidad de aquéllas en que se haya cumplido el plazo para su disfrute o respecto de las cuales la entidad otorgante se hubiese reservado la facultad de libre rescate sin señalamiento de plazo.
b) Respecto de las restantes, se irá dictando su caducidad a medida que venzan los plazos establecidos en los correspondientes acuerdos.
2. En tanto no se proceda a su extinción, se mantendrán con idéntico contenido las relaciones jurídicas derivadas de dichas autorizaciones y concesiones. No obstante, dichas relaciones jurídicas pasarán a regirse por el derecho privado, correspondiendo al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas.
3. Sin perjuicio de ello, la entidad otorgante podrá acordar, o en su caso solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia, la expropiación de los derechos subsistentes si estimase que su mantenimiento durante el término de su vigencia perjudicaría el ulterior destino de los bienes o los hiciera desmerecer considerablemente a efectos de su enajenación.
Capítulo III
De las disposiciones específicas sobre autorizaciones demaniales
Artículo 75. Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones
Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo sí, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.
Artículo 76. Plazo y otras condiciones específicas de otorgamiento y revocación
1. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.
2. Las autorizaciones no podrán tener un plazo de vigencia a superior a cinco años, si bien podrá preverse su prórroga por periodos no superiores al de la autorización inicial, sin que la duración total de la autorización incluidas las prórrogas pueda exceder de treinta años.
3. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general o el destino al que se encuentre afectado el bien.
El acuerdo de autorización incluirá la aceptación de la revocación unilateral, sin derecho a indemnizaciones, por razones de interés público en los supuestos previstos en este apartado.
Capítulo IV
De las disposiciones específicas sobre concesiones demaniales
Artículo 77. Procedimiento de adjudicación de concesiones
El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos en los supuestos previstos en el artículo 96.3 de la presente Norma Foral para la adjudicación directa de los actos de disposición y de explotación onerosos, cuando se den circunstancias excepcionales debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en esta u otras normas de aplicación al supuesto que se trate.
Artículo 78. Plazos y otras condiciones específicas de otorgamiento
1. Las concesiones se otorgarán por plazo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de setenta y cinco años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
2. El otorgamiento de las concesiones llevará implícito la facultad de rescate antes de su vencimiento, mediante indemnización, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público y se exigirán garantías suficientes para asegurar el buen uso de los bienes o instalaciones por parte del concesionario.
3. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar contempladas en la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de dichas prohibiciones se producirá la extinción de la concesión.
Artículo 79. Derechos reales sobre obras en dominio público
1. Los derechos reales del concesionario sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión se regirán por las reglas siguientes:
a) Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los límites establecidos en la presente Sección de esta Norma Foral, los derechos y obligaciones del propietario.
b) Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas sólo pueden ser cedidos o transmitidos mediante negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades, por el plazo de duración de la concesión, a personas que cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la concesión.
c) Los derechos sobre las obras, construcciones, instalaciones sólo podrán ser hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada. En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de constitución de la hipoteca no constase esta autorización, el registro de la propiedad denegará la inscripción. Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinción del plazo de la concesión.
2. Los derechos de cobro de los créditos con garantía hipotecaria a que se refiere el apartado c) del apartado precedente podrán ser cedidos total o parcialmente mediante la emisión de participaciones hipotecarias a fondos de titulización hipotecaria, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 19/1992, de 7 de julio de Instituciones de Inversión Colectiva y las disposiciones que la desarrollen.
Podrán incorporarse a fondos de titulización de activos, previa autorización de la Diputación Foral, a propuesta conjunta del Departamento competente en materia de patrimonio y del competente por razón de la materia, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, valores que representen participaciones en derechos de cobro del concesionario derivados de la explotación económica de la concesión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título concesional y conforme a lo previsto en la legislación aplicable a dichos fondos de titulización de activos.
Artículo 80. Formalización
1. Cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
2. Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia, la formalización en documento administrativo corresponderá al Departamento competente en materia de patrimonio.
3. Sin perjuicio de la comunicación exigida, en su caso, por la normativa sectorial, las concesiones otorgadas serán comunicadas al Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
Artículo 81. Derechos y obligaciones del concesionario
1. Son derechos del concesionario el uso y disfrute de la concesión conforme a las cláusulas de la misma y lo dispuesto en el presente Título.
2. La adjudicación definitiva de la concesión se notificará al concesionario quién, dentro del plazo de los quince días siguientes a dicha notificación, deberá constituir garantía definitiva por importe equivalente al 3 por ciento del valor del bien demanial objeto de la concesión y, en su caso, del presupuesto de obras que haya de ejecutarse.
La fianza correspondiente a las obras, si éstas fueren revertibles, se devolverá al concesionario cuando acredite tenerlas realizadas.
3. Adjudicada la concesión, su ejercicio será obligatorio por el concesionario. La concesión es transmisible, excepto en el caso de que haya sido otorgada en atención a sus cualidades personales y en aquellos otros en que la normativa específica así lo determine, pero la transmisión requerirá previa autorización del órgano concedente.
4. En el caso de desafectación y enajenación onerosa de bienes sobre los que el concesionario ostente derechos vigentes que resulten de concesiones otorgadas cuando los bienes tenían la condición de demaniales, el titular de dichos derechos tendrá un derecho de adquisición preferente.
Este derecho podrá ser ejercitado dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en el que se les notifique en forma fehaciente la decisión de enajenar la finca, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión. En caso de falta de notificación o si la enajenación se efectúa en condiciones distintas de las notificadas, el derecho podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que se haya inscrito la venta en el Registro de la Propiedad.
El derecho de adquisición preferente no surgirá en los casos de cesión gratuita del bien o de transferencia de titularidad, por cualquier negocio jurídico, a favor de Administraciones Públicas, Organismos Públicos, entes instrumentales u organismos internacionales.
Artículo 82. Obligaciones de la Administración concedente
Son obligaciones de la Administración concedente:
a) Respetar las cláusulas de la concesión.
b) Poner a disposición del concesionario los bienes concedidos, utilizando para ello los privilegios de que dispone y garantizar su disfrute.
c) Indemnizar, si procede, al concesionario en caso de rescate.
d) Cualesquiera otras establecidas en la normativa y en los pliegos de condiciones.
Capítulo V
De las reservas demaniales
Artículo 83. Reservas demaniales
1. La Diputación Foral de Bizkaia podrá reservarse el uso exclusivo de bienes de su titularidad destinados al uso general para la realización de fines de su competencia, cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen.
2. La duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acordó.
3. La declaración de reserva se efectuará por Acuerdo de la Diputación Foral, a propuesta del Departamento o entidad que tenga adscrito el bien y, deberá publicarse en el Boletín Oficial del Bizkaia e inscribirse en el Registro de la Propiedad.
4. La reserva prevalecerá frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios, de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella,
TÍTULO VI
ENAJENACION, CESIÓN DE USO Y OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 84. Modalidades
1. Quedan sujetos a lo dispuesto en este Título la transmisión de la propiedad del bien o titularidad del derecho, la cesión de uso, explotación, autorización de utilización, constitución de gravámenes o derechos limitativos de la propiedad y, en general, cualquier acto de disposición que permita el ordenamiento jurídico.
2. Salvo normativa especial en contrario, únicamente pueden ser objeto de enajenación, cesión de uso y otros actos de disposición o de explotación jurídico-privados los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones de la entidad titular.
No obstante, podrá acordarse la enajenación con reserva temporal del uso por razones justificadas de interés público, Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración de contratos de arrendamiento o cualesquiera otros instrumentos que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento que éste.
Artículo 85. Libertad de pactos y prestaciones accesorias
1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos que contengan actos de disposición o explotación sobre bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos, pudiendo las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral concertar las cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración.
2. En particular, los negocios jurídicos dirigidos a la explotación, enajenación, cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contemplar la realización por las partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros de la titularidad de la entidad contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos negocios complejos se tramitarán en expediente único, rigiéndose por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial.
En el caso de que dichas prestaciones accesorias constituyan el objeto de un contrato sometido a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para su ejecución se respetarán los requisitos de capacidad, publicidad y concurrencia establecidos en dicha legislación.
Artículo 86. Requisitos previos
1. A todo acto de enajenación, cesión de uso, gravamen y cualquier otro de disposición o explotación precederá la tramitación del expediente al que deberá incorporarse:
a) Una memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia del acto y el procedimiento de adjudicación que se proponga.
b) Un informe jurídico sobre el procedimiento y condiciones proyectados,
2. La enajenación, cesión de uso y la constitución de derechos reales, de gravámenes y demás actos dispositivos o de explotación requiere la previa depuración física y jurídica del bien, practicándose su deslinde si fuese necesario e inscribiéndose, cuando corresponda, en el Registro de la Propiedad si no lo estuviere.
Cuando se trate de bienes a segregar de otros de titularidad de quien los enajene, o en trámite de inscripción o deslinde, o sujetos a cargas o gravámenes, no se exigirá lo dispuesto en este apartado si dichas circunstancias se ponen en conocimiento del adquirente y son aceptadas por éste.
3. No podrá procederse a la enajenación de los siguientes bienes y derechos:
a) Los que incumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior, sin perjuicio de las excepciones que contempla el párrafo segundo del mismo.
b) Los que se encuentren en litigio, salvo que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 93 de la presente Norma Foral. El bien o derecho se considerará litigioso desde que el órgano competente para la enajenación tenga constancia formal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda, de la acción correspondiente y de su contenido.
c) Aquellos cuya titulación no suministre suficientes datos para su identificación.
d) Aquellos que resulten necesarios para el cumplimiento de fines o funciones públicas o cuya explotación resulte conveniente para los intereses públicos.
4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los actos de disposición impuestos por disposición normativa.
Artículo 87. Bienes muebles perecederos o no aptos para el servicio
1. Los bienes muebles perecederos o no aptos para el servicio podrán venderse conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título VI de esta Norma Foral o en su caso, ser entregados como parte del precio de otra adquisición.
2. Cuando no hubiese sido posible su venta o cuando se considere de forma razonada que ésta no es procedente, podrán enajenarse gratuitamente conforme a lo establecido en el Capítulo III del Título VI de esta Norma Foral.
3. Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano competente para la enajenación gratuita otorgará una adecuada gestión o los bienes muebles perecederos o no aptos para el servicio que hubieren adquirido la condición de residuos, a través; de su entrega a gestor autorizado, En este sentido, se priorizará el reciclaje u otras formas de valorización y, cuando ello no sea posible, se procederá a su eliminación, salvaguardando, en todo caso, la salud de las personas y la protección del medio ambiente.
4. La enajenación y el reciclaje o eliminación requieren la previa declaración de no apto para el servicio efectuada por el órgano competente para acordar aquéllas. Dicha declaración habrá de fundarse en su obsolescencia, deterioro o aprovechamiento imposible o antieconómico.
A efectos de este artículo, se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para la enajenación sea inferior al 25 por ciento del de adquisición.
Artículo 88. Silencio administrativo
Los procedimientos tramitados para la realización de los actos previstos en este Título iniciados a solicitud de interesado y que no hubiesen sido resueltos expresamente y notificados en el plazo de seis meses, se entenderán resueltos en sentido desestimatorio de la solicitud.
Capítulo II
De los actos de disposición onerosos y explotación de bienes patrimoniales
SECCIÓN 1ª
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 89. Modalidades y régimen jurídico de los actos de disposición onerosos y de explotación
1. La enajenación y otros actos de disposición de carácter oneroso o explotación podrán efectuarse en virtud de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.
2. Los bienes y derechos de dominio privado susceptibles de aprovechamiento rentable que no estén destinados a ser enajenados, podrán ser explotados directamente, por medio de una entidad pública o privada o por los particulares, conforme a las bases de explotación y del contrato que en su caso corresponda, que podrá contener cualquier negocio jurídico, típico o atípico, y no podrá tener una duración superior a veinte años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas.
3. La permuta de bienes y derechos por otros ajenos podrá realizarse siempre que, previa tasación, la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar no sea superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor. La diferencia de valor superior al diez por ciento entre los bienes y derechos a permutar deberá ser abonada en dinero o mediante la entrega de otros bienes o derechos. La permuta podrá tener por objeto una obra futura.
4. La aportación de bienes o derechos a entidades públicas, sociedades mercantiles y demás entidades de naturaleza privada se acordará por la entidad prevista en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral titular de los mismos. Cuando la entidad titular sea la Diputación Foral de Bizkaia, la aportación se acordará por el órgano colegiado de dicha Diputación, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio, previa tasación y sin perjuicio de lo establecido en el Título VII de la presente Norma Foral, demás disposiciones de la misma y de la legislación mercantil. Cuando la entidad titular sea distinta, la aportación se acordará por el titular del órgano que establezca sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, por el que ostente su representación legal.
Artículo 90. Rendimiento del patrimonio
El producto de la enajenación o explotación de los bienes y derechos patrimoniales del Territorio Histórico de Bizkaia se ingresará en su Hacienda y podrá generar crédito de conformidad con lo previsto en la normativa de la Hacienda Foral.
Artículo 91. Pago del precio
1. El órgano competente para acordar el acto de disposición o explotación podrá admitir el pago aplazado del precio por un periodo no superior a diez años siempre que el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante condición resolutoria explícita, hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente usual en el mercado. El interés del aplazamiento no podrá ser inferior al interés legal del dinero.
2. Podrá admitirse el pago de parte del precio en especie. En los procedimientos adjudicados previa licitación, la admisión del pago en especie de parte del precio requiere que el pliego de bases lo prevea y establezca el tipo de bienes admisibles. En el caso de que la entidad de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral otorgue al bien ofertado como parte del pago una valoración económica inferior a la estimada por el licitador en su oferta, éste tendrá la posibilidad de compensar en metálico la diferencia o retirar su oferta.
Artículo 92. Aportación a Juntas de Compensación
1. La incorporación de la Diputación Foral de Bizkaia a juntas de compensación con la aportación de inmuebles o derechos sobre los mismos pertenecientes al Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia se regirá por la legislación urbanística vigente, previa adhesión expresa. Corresponderá la realización de los distintos actos que requiera dicha incorporación y participación al Departa­mento competente en materia de patrimonio.
2. En el caso de inmuebles afectados o adscritos que resulten incluidos en el ámbito de una junta de compensación en la que los usos previstos no resulten compatibles con los fines que motivaron la afectación o adscripción, el Departamento competente deberá proponer su desafectación y desadscripción siempre que no sean imprescindibles para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 93. Bienes o derechos litigiosos
1. Los bienes o derechos litigiosos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia podrán enajenarse y ser objeto de otros actos de disposición onerosos siempre que se observen las siguientes condiciones:
a) En el pliego de bases se hará mención expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien o derecho y deberá preverse la plena asunción, por quien resulta adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que deriven del litigio.
b) En los supuestos legalmente previstos de adjudicación directa, deberá constar en el expediente documentación acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio y que conoce y asume las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio.
La asunción por el adquirente o beneficiario de las consecuencias y riesgos derivados del litigio figurará necesariamente en el documento en que se formalice el acto de disposición.
2. Si el litigio se plantease una vez iniciado el procedimiento de adjudicación y éste se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se retrotraerán las actuaciones hasta la fase que permita el cumplimiento de lo indicado en dicho apartado.
SECCIÓN 2ª
COMPETENCIA PARA LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN ONEROSOS
Artículo 94. Órgano competente para acordar actos de disposición onerosos y explotación
1. En el caso de que la entidad titular sea la Diputación Foral de Bizkaia y se trate de bienes inmuebles, derechos reales o propiedades incorporales, la competencia para acordar actos de disposición onerosos y de explotación corresponde al órgano colegiado de la Diputación Foral, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio.
2. Cuando se trate de bienes muebles, el acuerdo de disposición oneroso corresponde al Departamento o entidad competente para la adquisición, salvo que los mismos ostenten un interés histórico, artístico o cultural, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.
Una vez perfeccionado el acto de disposición oneroso o explotación, el mismo será comunicado al Departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
3. En el supuesto de que la entidad titular de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral sea distinta de la Diputación Foral de Bizkaia, el acuerdo de disposición oneroso o explotación corresponde al órgano que establezcan sus normas de creación funcionamiento y organización y, en su defecto quien ostente su representación legal.
Artículo 95. Autorización previa para determinados actos de disposición onerosos
Cuando se trate de bienes inmuebles, cuyo valor exceda de seis millones de euros, el acuerdo de disposición oneroso requerirá autorización previa de las Juntas Generales.
SECCIÓN 3ª
PROCEDIMIENTO PARA LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN ONEROSOS Y DE EXPLOTACIÓN
Artículo 96. Procedimientos y formas de adjudicación de los actos de disposición onerosos y de explotación
1. La adjudicación para la enajenación, cesión u otros actos de disposición onerosa o de explotación puede llevarse a cabo por los procedimientos y formas de adjudicación previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
2. En la adjudicación directa, la adjudicación recaerá en el interesado justificadamente elegido por la Administración.
3. Una vez anunciado el procedimiento de adjudicación, el órgano adjudicador podrá desistir del mismo por razón justificada de improcedencia para el interés público, sin que la instrucción del expediente, la celebración de la subasta o la valoración de las proposiciones generen derecho alguno para quienes participaron en el expediente.
4. Se declarará la adjudicación desierta cuando no se hayan presentado proposiciones admisibles, y se declarará fallida cuando no pueda formalizarse el acto de disposición por incumplimiento del adjudicatario. En el caso de declararse fallido, podrá adjudicarse al licitador o licitadores admitidos siguientes a aquél, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario, o iniciar por razón justificada para el interés público nuevo procedimiento de adjudicación.
Artículo 97. Utilización de las formas y de los procedimientos de adjudicación de los actos de disposición onerosos y de explotación
1. Se utilizará normalmente la subasta como forma de adjudicación.
2. Podrá utilizarse el concurso para valorar las ofertas, en los siguientes casos:
a) Cuando en el acto de disposición o cesión deban tenerse en cuenta directrices derivadas de las políticas públicas en vigor.
b) En aquellos otros supuestos en que el órgano adjudicador considere que deben tenerse en cuenta para la adjudicación aspectos o prestaciones distintas al precio.
3. La adjudicación directa podrá acordarse, por el órgano competente para acordar el acto de disposición o cesión, en los supuestos siguientes:
a) Cuando el adjudicatario sea una persona jurídica de naturaleza jurídico-pública o integrante del sector público, o se trate de aportaciones no dinerarias realizadas como desembolso de capital suscrito en sociedades públicas o participadas.
b) Cuando el adjudicatario sea una fundación o una asociación declarada de utilidad pública.
c) Cuando el acto de disposición resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en las letras a) y b) de este apartado.
d) Cuando fuera declarado desierto un previo procedimiento de concurrencia, siempre que no se modifiquen las condiciones originales y no haya transcurrido más de un año desde la fecha de celebración de dicho procedimiento.
e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y el beneficiario del acto de disposición sea un colindante.
f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y el beneficiario del acto de disposición sea un colindante.
g) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.
h) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.
i) Cuando, tratándose de bienes adjudicados o entregados en pago de deudas originadas en el marco de planes de promoción, relanzamiento y reestructuración industrial, el adjudicatario destine el bien a actividades enmarcadas en dichos planes.
j) Transmisiones y cesiones forzosas, así como, servidumbres y otros actos de gravamen de carácter obligatorio.
k) Cuando el acto de disposición consista en la autorización o cesión de uso no superior a treinta días o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros supuestos de carácter puntual u ocasional y, en general, cuando se trate de meras autorizaciones de uso, temporal y no exclusivo, que no conlleven transmisión de derechos patrimoniales.
l) Cuando se trate de enajenación mediante permuta.
m) Cuando se trate de aportaciones o enajenaciones a Juntas de Compensación.
n) Cuando se trate de bienes muebles perecederos o no aptos para el servicio, declarados conforme al apartado 4 del artículo 87.
4. Si varios interesados se encuentran en un mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá la misma atendiendo al interés general concurrente en el supuesto de hecho concreto.
5. Deberá utilizarse el concurso para la adjudicación de la explotación de bienes y derechos patrimoniales salvo que por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente
Artículo 98. Reglas de procedimiento y requisitos para contratar
1. Los procedimientos de concurrencia se anunciarán gratuitamente en el Boletín Oficial de Bizkaia con una antelación mínima no inferior a la fijada en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas con carácter general, si perjuicio de las reducciones de plazo derivadas de declaración de urgencia u otros supuestos previstos en la norma.
2. Podrán tomar parte en los procedimientos de adjudicación y ser adjudicatarios y contratistas en las actuaciones y contratos a que se refiere este Capítulo, todas aquellas personas que tengan capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capacidad general para toda clase de contratos, y en particular para el tipo de contrato de que se trate. En los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo 89 será requisito, además, no encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
3. Para tomar parte en los procedimientos de concurrencia, el pliego de bases o documento equivalente, podrá exigir la consignación de hasta un máximo del 20 por ciento de la cantidad que sirva de tipo ante la Mesa de contratación, o acreditar que se ha depositado en la Tesorería o establecimiento gestor de depósitos de la entidad actuante, ya sea, en metálico, aval o cheque.
4. Las subastas al alza podrán ser hasta tres si resultando desierta la primera o, en su caso, segunda, el Órgano de Contratación optase por anunciar nueva subasta. La rebaja acumulada en el tipo de venta de las subastas siguientes a la primera, no podrá exceder del 25 por ciento del tipo de la primera subasta. Si la adjudicación resultase fallida, la subasta siguiente conservará el rango de la fallida y se convocará por el mismo tipo.
5. Si transcurre más de un año desde la fecha de la celebración de la primera subasta sin que se haya procedido a la adjudicación de los bienes, la próxima que se convoque volverá a tener el carácter de primera a cuyo efecto se volverá a realizar una nueva tasación de los bienes.
Capítulo III
De los actos de disposición gratuitos
Artículo 99. Supuestos que permiten actos de disposición gratuitos
1. Podrán acordarse actos de disposición gratuitos sobre bienes o derechos cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, en los siguientes supuestos:
a) Para fines de utilidad pública o interés público o social, a favor de Administraciones Públicas, otras entidades de naturaleza jurídico-pública, entidades integrantes del sector público y fundaciones o instituciones privadas sin ánimo de lucro.
b) En concepto de dotación fundacional a favor de fundaciones privadas.
c) Bienes muebles perecederos o no aptos para el servicio, conforme a lo establecido en los apartados 2 y 4 del artículo 87.
d) Bienes y derechos adjudicados o entregados al Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, en pago de deudas contraídas en el marco de planes de promoción, relanzamiento y reestructuración industrial, cuando la finalidad del acto de disposición sea el fomento de la actividad económica en el marco de acciones de carácter subvencional de entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral.
e) Bienes o derechos cuyo valor unitario no exceda de tres mil euros, siempre que la cuantía anual acumulada no exceda del límite que a estos efectos se fije en la Norma Foral de Presupuestos Generales de Bizkaia y se realicen en el marco de actividades de fomento y con sujeción a la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.
f) Transmisiones, limitaciones de la propiedad y otros actos de gravamen, de carácter obligatorio y gratuito.
g) Autorizaciones o cesiones de uso no superiores a treinta días o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos de carácter puntual u ocasional, y, en general, cuando se trate de meras autorizaciones de uso, temporal y no exclusivo, que no conlleven transmisión de derechos patrimoniales, y siempre que, en cualquiera de los casos, no reporte una utilización económica para el beneficiario o ésta sea irrelevante,
h) Supuestos singularmente autorizados por las Juntas Generales.
i) Otros supuestos previstos en una Norma Foral.
Artículo 100. Vinculación al fin de los actos de disposición gratuitos
1. Los bienes y derechos objeto de actos de disposición gratuitos habrán de destinarse a los fines que lo justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo. La fijación de un fin concreto es potestativa en el supuesto previsto en la letra c) del artículo anterior.
2. Tratándose de bienes muebles, salvo que otra cosa se hubiese establecido en el correspondiente acto de disposición, se entenderá cumplido el modo, y la transmisión pasará a tener el carácter de pura y simple, si los bienes hubiesen sido destinados al fin previsto durante un plazo de cinco años.
Artículo 101. Competencia para acordar actos de disposición gratuitos
1. Los actos de disposición gratuitos serán adoptados conforme a las siguientes reglas de atribución competencia:
a) En el caso de que la entidad titular sea la Diputación Foral de Bizkaia y se trate de bienes inmuebles, derechos reales, o propiedades incorporales, la competencia para acordar actos de disposición gratuitos corresponde al órgano colegiado de la Diputación Foral, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio.
b) Cuando se trate de bienes muebles, el acuerdo de disposición gratuito corresponde al Departamento o entidad competente para la adquisición, salvo que los mismos ostenten un interés histórico, artístico o cultural, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.
Una vez perfeccionado el acto de disposición gratuito, el mismo será comunicado al Departamento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
c) En el supuesto de que la entidad titular de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral sea distinta de la Diputación Foral de Bizkaia, el acuerdo de disposición gratuito corresponde al órgano que establezcan sus normas de creación funcionamiento y organización y, en su defecto quien ostente su representación legal.
2. Cuando el acto de disposición esté dirigido al cumplimiento de alguna finalidad vinculada con las atribuciones de un concreto Departamento o entidad ésta será la competente para:
a) Vigilar el cumplimiento de los términos del acto de disposición.
b) Tramitar y resolver, cuando corresponda, el procedimiento sancionador previsto en la normativa de ayudas y subvenciones públicas.
c) Tramitar el expediente para la reversión de los bienes y derechos.
En otro caso, las referidas competencias corresponderán al Departamento competente en materia de patrimonio.
Artículo 102. Procedimiento para los actos de disposición gratuitos
1. Será necesaria la autorización previa a las Juntas Generales en los mismos casos requeridos para los actos de disposición onerosos.
2. En los supuestos en que para la selección del beneficiario proceda promover la concurrencia, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.
Artículo 103. Plazo y contenido del acto de disposición gratuito
1. El acto de disposición contemplará la concreta identificación del bien o derecho y, cuando corresponda conforme a lo establecido en el artículo 100, el fin concreto a que se destinará el bien o derecho. Contemplará, así mismo, expresamente o por remisión, las condiciones, limitaciones y garantías que procedan y, en su caso, las causas y supuestos de reversión, así como, el valor del bien o derecho, o el procedimiento para su cálculo, a efectos de la aplicación del régimen sancionador y de la determinación de la indemnización por incumplimiento del deber de reversión, o por efectuarse ésta en condiciones de conservación inferiores a las previstas en el artículo siguiente.
2. Cuando se trate de actos de disposición no traslaticios de la propiedad del bien o titularidad del derecho, contemplará un plazo de duración que no podrá ser superior a diez años, si bien podrá preverse su prórroga por periodos no superiores al inicial, y sin que la duración total incluidas las prórrogas pueda exceder de treinta años.
Artículo 104. Reversión del bien o derecho
1. Los bienes y derechos a que se refiere este Capítulo, revertirán a la entidad cedente de las previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral en los supuestos contemplados en los correspondientes acuerdos de disposición.
2. Los mencionados acuerdos de disposición, cuando contemplen la reversión, establecerán la obligación del beneficiario de revertir los bienes en un estado de conservación no inferior a aquél en que fueron entregados, salvo por la depreciación inherente al uso normal del bien.
3. Compete resolver el expediente de reversión al órgano competente para adoptar el acto de disposición de que trae causa.
TÍTULO VII
PATRIMONIO EMPRESARIAL
Capítulo I
De las disposiciones generales sobre patrimonio empresarial
Artículo 105. Concepto, titularidad y régimen del patrimonio empresarial
1. A efectos de este Título constituyen el patrimonio empresarial los valores representativos del capital de sociedades mercantiles, las obligaciones y obligaciones convertibles en acciones, los derechos de suscripción preferente, los contratos financieros de opción, los contratos de permuta financiera, créditos participativos y otros susceptibles de ser negociados en mercados secundarios organizados, que sean representativos de derechos para las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral.
2. La titularidad de los bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial corresponde a la persona jurídica adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110.
Los títulos o los resguardos de depósitos correspondientes a los bienes y derechos que forman parte del patrimonio empresarial cuya titularidad corresponda a Diputación Foral de Bizkaia se custodiarán en el Departamento competente en materia de patrimonio.
3. Los bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial se rigen por lo dispuesto en este Título y en lo no previsto en él serán de aplicación las demás disposiciones contenidas en esta Norma Foral y por las disposiciones que se dicten en su ejecución y desarrollo, por las demás normas de derecho público que resulten de aplicación y, en su defecto, por las normas de derecho privado.
Artículo 106. Competencia y procedimiento para la adquisición de patrimonio empresarial
1. La adquisición de los bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial podrá realizarse por los procedimientos previstos en el Título III de la presente Norma Foral, o a través de mercados secundarios organizados.
2. Cuando la adquisición de bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial se realice por la Diputación Foral de Bizkaia, la competencia para la adquisición corresponde al órgano colegiado de la Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio. Cuando la adquisición la realice una entidad con personalidad jurídica distinta de la Diputación Foral, corresponderá la adquisición al titular del órgano que señalen sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, al órgano que ostente su representación legal, previa autorización, en todo caso, de la Diputación Foral.
3. El acuerdo de adquisición por compra determinará el importe de la misma según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando los valores coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de adquisición será el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operación.
4. No obstante, en el supuesto de que la entidad adquirente estimare que el volumen de negociación habitual de los valores no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado, acordará la adquisición y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.
La formalización de la suscripción de valores representativos de capital, corresponde al órgano que ejercite los derechos de socio.
Artículo 107. Ejercicio de derechos de socio y representación
1. El ejercicio de los derechos de socio correspondientes a la Diputación Foral de Bizkaia como partícipe directa de sociedades o entidades que integran el Sector Público Foral, corresponde a su órgano colegiado cuando la Diputación Foral es la única titular de la sociedad, y al Departamento competente en materia de patrimonio, a través de la correspondiente Dirección General, cuando la sociedad es participada, tenga o no la condición de sociedad pública. Por resolución del titular del Departamento competente en materia de patrimonio, el ejercicio de los derechos de socio en sociedades participadas podrá atribuirse a otros órganos del mismo o distinto departamento.
2. El ejercicio de los derechos de socio correspondientes a las entidades del artículo 1.2 de la presente Norma Foral, distintas de la Diputación Foral de Bizkaia, corresponderá a los órganos que señalen sus normas de creación, funcionamiento y organización y, en su defecto, al que ostente su representación legal, sin perjuicio de que por Acuerdo de la Diputación Foral pueda atribuirse a entidad y órgano distintos.
3. En relación con la representación de la participación del Sector Público Foral de Bizkaia en la administración de las sociedades participadas por dicho sector público, se aplicarán las reglas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 111 de esta Ley.
Artículo 108. Competencia y autorizaciones previas para la enajenación onerosa del patrimonio empresarial
1. La enajenación onerosa de los bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial cuya titularidad corresponda a la Diputación Foral de Bizkaia se acordará por su órgano colegiado, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio.
2. La enajenación onerosa de los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a entidades del artículo 1.2 de la presente Norma Foral distinta de la Diputación Foral será acordada por los órganos que establezcan sus normas y, en su defecto, por el órgano que ostente su representación legal, previa autorización de la Diputación Foral de Bizkaia.
Artículo 109. Procedimiento para la enajenación del patrimonio empresarial
1. La enajenación de bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial, que requerirá, en su caso, las autorizaciones exigidas por esta u otras Normas, podrá realizarse en mercados secundarios organizados o fuera de los mismos, de conformidad con la legislación vigente y por medio de cualesquiera actos o negocios jurídicos
2. Para llevar a cabo dicha enajenación, los bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial se podrán vender directamente por la entidad del artículo 1.2 de la presente Norma Foral que fuere titular, o se podrán aportar o transmitir a un ente público de derecho privado o a una sociedad pública del Sector Público Foral cuyo objeto social comprendo la tenencia, administración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones en entidades mercantiles. También se podrá celebrar un convenio de gestión por el que se concreten los términos en que dicha sociedad o ente pueda proceder a la venta por cuenta de las entidades del artículo 1.2. La instrumentación jurídica de la venta a terceros de los títulos se realizará en términos ordinarios del tráfico privado, ya sea al contado o con precio aplazado cuando concurran garantías suficientes para el aplazamiento.
Los bienes o derechos que las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral aporten a una sociedad pública a los efectos previstos en este apartado, se registrarán en la contabilidad del referido ente o sociedad al valor neto contable que figure en las cuentas del transmitente.
3. El importe de la enajenación se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando los valores cuya enajenación se acuerde coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de enajenación será el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operación.
No obstante, en el supuesto de que la entidad enajenante estimare que el volumen de negociación habitual de los valores no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado, podrá acordar la enajenación y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de enajenación o valoración.
4. En el supuesto de valores que coticen en mercados secundarios organizados, cuando el importe que se pretende enajenar no pueda considerarse una auténtica inversión patrimonial ni represente una participación relevante en el capital de la sociedad anónima, el órgano competente para la enajenación podrá enajenarlos mediante encargo a un intermediario financiero legalmente autorizado. En este supuesto, las comisiones u honorarios de la operación se podrán deducir del resultado bruto de la misma, ingresándose en tesorería el rendimiento neto de la enajenación.
5. Cuando los bienes o derechos no coticen en mercados secundarios organizados, o en el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 3 del presente artículo, el órgano competente para la enajenación determinará el procedimiento de venta de entre aquellos a los que se refiere el Título VI de esta Norma Foral.
6. La enajenación directa podrá acordarse cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, o existencia de derechos de adquisición preferente.
b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
c) Cuando fuera declarada desierta una subasta. En este caso la venta directa deberá efectuarse en el plazo de un año desde la celebración de la subasta, y sus condiciones no podrán diferir de las publicitadas para la subasta,
d) Cuando la venta de acciones se realice a favor de la propia sociedad, en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre; o cuando se realice a favor de otro u otros partícipes en la sociedad. En este último caso, las acciones deberán ser ofrecidas a la sociedad que deberá distribuirlos entre los partícipes interesados en la adquisición, en la parte proporcional que les corresponda en base a su participación en el capital social.
Artículo 110. Reestructuración del patrimonio empresarial
1. La Diputación Foral de Bizkaia, mediante Acuerdo adoptado a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio, podrá acordar la incorporación de participaciones accionariales de la titularidad de las entidades previstas en el artículo 1.2, o de sociedades participadas en su totalidad por aquéllas directa o indirectamente a otras entidades públicas o sociedades participadas en su totalidad que tengan por finalidad gestionar participaciones accionariales. Igualmente, la Diputación Foral, a propuesta del titular del Departamento competente en materia de patrimonio, podrá acordar la incorporación de participaciones accionariales titularidad de entidades institucionales o de sociedades públicas de las arriba mencionadas, a la Diputación Foral de Bizkaia.
2. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las entidades receptoras adquirirán el pleno dominio de las acciones recibidas desde la adopción del acuerdo correspondiente, cuya copia será título acreditativo de la nueva titularidad, ya sea a efectos del cambio de las anotaciones en cuenta y en acciones nominativas, como a efectos de cualquier otra actuación administrativa, societaria y contable que sea preciso realizar. Las participaciones accionariales recibidas se registrarán en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor neto contable que tenían en el anterior titular a la fecha de dicho acuerdo, sin perjuicio de las correcciones valorativas que procedan al final del ejercicio.
3. Las operaciones de cambio de titularidad y reordenación interna que se realicen en el sector público foral en ejecución de este artículo, no estarán sujetas a la legislación del mercado de valores ni al régimen de oferta pública de adquisición, y no darán lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisición preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre dichas participaciones otros accionistas de las sociedades cuyas participaciones sean transferidas o, en su caso, terceras personas a esas sociedades. Adicionalmente, la mera transferencia y reordenación de participaciones societarias que se realice en aplicación de esta norma no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que mantengan tales sociedades.
4. Los aranceles de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecución del presente artículo se reducirán en la misma cuantía establecida en relación con el patrimonio empresarial de la Administración del Estado.
Capítulo II
De las disposiciones especiales para las sociedades mercantiles participadas por el Territorio Histórico de Bizkaia
Artículo 111. Administradores de las sociedades mercantiles forales del sector público foral
1. En las sociedades mercantiles forales participadas por alguna de las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, la Diputación Foral de Bizkaia propondrá, a través del órgano que ejercite los derechos de socio en la Junta General, el nombramiento de los administradores que correspondan a aquéllas entidades.
2. Los altos cargos y personal al servicio del sector público foral que, en representación de dicho sector, sean designados administradores de las sociedades no se verán afectados por la prohibición establecida en el artículo 124.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, en los supuestos en los que la legislación sectorial aplicable permita la compatibilidad entre ambas actividades.
Artículo 112. Especialidades en las aportaciones no dinerarias a sociedades públicas forales
En el caso de aportaciones no dinerarias efectuadas a las sociedades cuya titularidad, directa o indirecta corresponda, en su totalidad, al Sector Público Foral no será necesario el informe de expertos independientes previsto en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, que será sustituido por la tasación prevista en el artículo 10 de esta Norma Foral.
TÍTULO VIII
CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 113. Finalidad
Las entidades comprendidas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral podrán celebrar convenios con otras Administraciones públicas o con personas jurídicas de derecho público o de derecho privado pertenecientes al sector público, con el fin de ordenar las relaciones de carácter patrimonial y urbanístico entre ellas en un determinado ámbito o realizar actuaciones comprendidas en esta Norma Foral en relación con los bienes y derechos de sus respectivos patrimonios.
Artículo 114. Carácter, contenido y procedimiento
1. Los convenios podrán contener cuantas estipulaciones se estimen necesarias o convenientes para la ordenación de las relaciones patrimoniales y urbanísticas entre las partes intervinientes, siempre que no sean contrarias al interés público, al ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración.
2. Los convenios podrán limitarse a recoger compromisos de actuación futura de las partes, revistiendo el carácter de acuerdos marco o protocolos generales, o prever la realización de operaciones concretas y determinadas, en cuyo caso podrán ser inmediatamente ejecutivos y obligatorios para las partes.
TITULO IX
RÉGIMEN SANCIONADOR Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Artículo 115. Régimen jurídico y responsabilidades
El ejercicio de la potestad sancionadora y el régimen de responsabilidades por daños y perjuicios se regirá sin perjuicio de la normativa básico estatal y la normativa especial aplicable por la naturaleza de los bienes y derechos afectados, por las disposiciones de la presente Norma foral, a falta de ésta, la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y normas que la desarrollan que resultan de aplicación al Territorio Histórico de Bizkaia. En todo lo no previsto será supletoria la normativa estatal en materia sancionadora.
Artículo 116. Infracciones
1. Constituyen infracciones administrativas las siguientes:
a) La destrucción o la producción de daños en bienes y derechos del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
b) La usurpación de bienes del Patrimonio Territorio Histórico de la Bizkaia.
c) El incumplimiento por las personas titulares del derecho de ocupación o utilización del deber de conservar en buen estado los bienes del Patrimonio, o de cualesquiera otras obligaciones impuestas como consecuencia del otorgamiento de dicho derecho.
d) La alteración de los bienes por obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas.
e) La retención de los bienes una vez extinguido el título que legitima su utilización o posesión.
f) La ocupación o la utilización de los bienes sin el correspondiente título, sin sujetarse a su contenido, para fines distintos de los que lo motivaron o falseando las condiciones para su obtención.
g) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso común general de los bienes del dominio público.
h) Las actuaciones sobre los bienes afectos a un servicio que impidan o dificulten la normal prestación de aquél.
i) La utilización de bienes o derechos cedidos o transmitidos gratuitamente para fines distintos de los previstos.
j) El incumplimiento de los deberes, custodia y protección previstos en la presente Norma Foral.
2. Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
a) Son infracciones leves, las señaladas en letras a), b) c) d), g) y j) salvo que sea posible evaluar daños o perjuicios económicos de cuantía superior a 3.000 euros.
b) Son infracciones graves, las señaladas en las letras a), b), c), d), g) y j) cuando la valoración del daño o perjuicio supere los 3.000 euros y no exceda de los 20.000 euros; así como, las tipificadas en letras e), f) e i), salvo que sea posible evaluar daños o perjuicios económicos de cuantía superior a 20.000 euros.
c) Son infracciones muy graves, las señaladas en el apartado 1 de este artículo cuando los daños o perjuicios sean superiores a 30.000 euros.
Artículo 117. Sanciones
1. Las sanciones a imponer serán las siguientes:
a) Infracción leve: multa de 600 hasta 6.000 euros,
b) Infracción grave: multa por importe desde 6.001 euros a 40.000 euros.
c) Infracción muy grave: multa por importe desde 40.001 euros a 100,000 euros o hasta el doble de los daños causados, cuando esa cantidad exceda de los 50.000 euros.
2. Para graduar la cuantía de la multa se atenderá al importe de los daños causados, al valor de los bienes o derechos afectados, al beneficio obtenido por el infractor, a la reiteración por parte del responsable, y al grado de culpabilidad de éste. Para la imposición de sanciones graves y muy graves se considerará circunstancia atenuante, que permitirá reducir la cuantía de la multa hasta la mitad de la cuantía inferior prevista, la corrección por el infractor de la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
3. En caso de reincidencia, en un plazo de tres años, en infracciones graves o muy graves, se podrá imponer como sanción accesoria la inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años.
Artículo118. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescriben al año de su comisión, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
En los supuestos de infracciones susceptibles de ser calificadas como continuadas, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha del cese de la actividad constitutiva de dichas infracciones.
2. Las sanciones por infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años a contar desde que la sanción hubiera adquirido firmeza.
Artículo 119. Reparación e indemnización de daños y perjuicios
1. Quién incurra en alguna de las infracciones previstas en el artículo 116 deberá, previa su valoración, indemnizar los daños y perjuicios causados así como restituir y reponer los bienes a su estado originario anterior a la comisión de la infracción, o sustituirlos previa conformidad por escrito de la entidad titular del bien o derecho a sustituir.
2. Las obligaciones de indemnizar los daños y perjuicios causados y de restituir reponer los bienes a su estado originario, serán compatibles con la sanción que proceda y, en su caso, con la extinción de las relaciones jurídicas constituidas sobre los bienes.
3. Esta responsabilidad será exigida en vía administrativa, previa audiencia del interesado. En la resolución que se adopte se fijará un plazo para ejecución voluntaria, procediendo, en caso de incumplimiento a la ejecución subsidiaria a costa del responsable.
Artículo 120. Procedimiento y competencia
1. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y para la exigencia de demás responsabilidades se ajustará a la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a las normas que la desarrollan que resulten de la aplicación al Territorio Histórico de Bizkaia, siendo supletorio, en la no previsto la normativa estatal en materia sancionadora.
2. La competencia para imponer las sanciones y para la exigencia de responsabilidades corresponde:
a) Tratándose de bienes y derechos de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia, al titular del Departamento competente en materia de Patrimonio cuando se trate de imponer sanciones leves y graves, y al órgano colegiado de la Diputación Foral cuando se trate de imponer sanciones muy graves.
b) Tratándose de bienes y derechos de titularidad de las entidades previstas en el artículo 1.2 de la presente Norma Foral, al titular del órgano que determinan sus propias normas de creación, funcionamiento y organización o en su defecto a quien ostente su representación legal.
Artículo 121. Ejecución de sanciones
1. El importe de las sanciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las responsabilidades contraídas podrán ser exigidas por los procedimientos de ejecución forzosa previstos en la normativa básica estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común.
2. Cuando el obligado no repare el daño causado o no dé cumplimiento en forma y plazo a lo establecido en la resolución correspondiente, el órgano competente para la imposición de la sanción podrá acordar la imposición de las multas coercitivas.
Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a quince días y la cuantía de cada una no podrá exceder de 3.000 euros. La cuantía y periodicidad se fijarán atendiendo a los siguientes criterios:
a) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
b) El retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar o indemnizar.
Artículo 122. Preferencia penal
Cuando los hechos a que se refiere este Título pudieran ser constitutivos de delito o falta, el titular del Departamento en materia de patrimonio, lo podrá a conocimiento del ministerio fiscal o de los órganos del orden jurisdiccional correspondiente, quedando en suspenso la tramitación y resolución del procedimiento administrativo hasta que se dicte Sentencia firme o se acuerde el sobreseimiento de la causa, en cuyo caso se levantará la suspensión y se continuará la tramitación de aquél.
Disposición Adicional Primera. Modificación de cuantías
Las cuantías establecidas en la presente Norma Foral podrán ser modificadas por Decreto de la Diputación Foral, salvo la determinación de las cuantías que requieren la autorización de las Juntas Generales, que habrán de ser modificadas por Norma Foral.
Disposición Adicional Segunda. Modificación de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, y Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.
Se modifica el apartado a) del artículo 28 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, y Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, que queda redactado como sigue:
“Al Diputado General en nombre de la Diputación Foral corresponde:
a) Suscribir a nombre de la Diputación Foral, por sí o por delegación, escrituras, documentos o pólizas, dejando a salvo las atribuciones de los Diputados Forales para los contratos que según su cuantía les compete de acuerdo a la normativa foral reguladora, sin perjuicio de lo dispuesto en la Norma Foral de Patrimonio en relación con los actos de contenido patrimonial”.
Disposición Adicional Tercera. Modificación del régimen patrimonial de los organismos y entidades forales de naturaleza pública que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia.
Los organismos y entidades forales de naturaleza pública que integran el sector público foral del Territorio Histórico de Bizkaia ajustarán su régimen patrimonial a lo dispuesto en la presente Norma Foral de Patrimonio.
Disposición Transitoria Única. Régimen transitorio de los expedientes patrimoniales.
Los expedientes patrimoniales que se encuentren en tramitación, pasarán a regirse por esta Norma Foral desde su entrada en vigor. Los actos de trámite dictados al amparo de la normativa anterior y bajo su vigencia conservarán su validez, siempre que su mantenimiento no produzca un efecto contrario a esta Norma.
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
Queda derogada la Norma Foral 1/1989, de 14 de febrero, por la que se regula el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta Norma Foral.
Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Corresponde a la Diputación Foral el desarrollo reglamentario de la presente Norma Foral, y en particular los procedimientos y sistemas que permitan la aplicación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la gestión patrimonial y a la protección y defensa del patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Norma Foral entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Entendido